Lluvia de multas a las víctimas
La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra tramita de una tacada sanciones a afectados por las preferentes por tres actos de protesta distintos
Tras perder en el limbo los ahorros de una vida y manifestarse durante un año y medio contra banqueros y políticos hiciese calor o frío, los afectados por las preferentes se tienen que enfrentar a otro problema: que les multen por protestar. Al menos una decena de sanciones han empezado a gotear desde la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra sobre miembros de varias plataformas, principalmente portavoces, por motivos que van desde el supuesto insulto a la autoridad a la mera organización de concentraciones.
Las cartas, firmadas por el subdelegado, Antonio Coello, empezaron a llegar a finales de abril, después de que el Congreso convalidase el decreto que consagró la quita y ha convertido a los afectados en propietarios del 37% de Novagalicia Banco. La primera sanción de entre las que ha podido ver EL PAÍS tiene fecha del 26 de abril y se remonta dos meses atrás, a las protestas en un pleno municipal de Mos. Una afectada supuestamente causó “desórdenes graves en las vías” porque no dejaba pasar a un coche de policía que transportaba a tres concejales. Ella dice que estaba grabando los hechos con el móvil. Le cayeron 600 euros. La afectada es Miriam Rodríguez, una de las portavoces de la plataforma de Baixo Miño, probablemente la más combativa con los regidores del PP.
Tras este primer aviso llegó lo gordo. Entre el 29 y el 30 de abril la Subdelegación mandó, con números de expediente consecutivos, al menos seis sanciones a afectados de Baixo Miño, Gondomar y Vigo por supuestos excesos en sus protestas los días 20 y 23 de marzo y 5 de abril. Las multas correspondientes al 20 de marzo son tres y son idénticas; solo cambia el nombre del sancionado. Aquel día los preferentistas que esperaban a Feijóo en Mondariz-Balneario se llevaron unos cuantos palos de la policía. Pero los multados son ellos porque “la concentración no ha sido comunicada y el denunciado es uno de los promotores”, según repiten las tres sanciones. Multa al canto de 500 euros, respectivamente, para la propia Rodríguez, José Luis Otero, de Gondomar, y Xulio Vicente, otro de los principales portavoces, que además dice que ese día ni siquiera estaba allí.
Si no comunicar la concentración se considera infracción, resulta que sí hacerlo también puede pasar factura. Le pasó a José Manuel Estévez, de la plataforma de Vigo, que pasa por ser una de las más pacientes. El hombre avisó de que el congreso del PP de Pontevedra en Silleda del 23 de marzo iba a recibir la visita de los afectados. El recinto de la Semana Verde se convirtió en un búnker. Los manifestantes no vieron a los dirigentes populares ni de lejos y la presencia de agentes se contaba por decenas. Pero a Estévez le cayeron dos multas de ese listado consecutivo. La primera, por ser “promotor organizador” de la concentración, en la que según el informe se produjeron “incidentes y rotura del vallado perimetral del recinto”. La segunda, por tratar de colarse en el recinto y “originar desórdenes graves saltando el vallado perimetral portando una mochila y un megáfono para mostrar su protesta encontrándose en un estado muy alterado”. Estévez dice que se coló por un hueco en la valla y que le neutralizaron a medio camino, porrazo mediante. Coello, presente aquel día, comentó más tarde con unos agentes que “el del cencerro” —Estévez suele llevar uno— era un “cabrón”. El portavoz tiene pendiente otra multa que también le afea ser el “organizador” de otra protesta.
A uno de los portavoces le reclaman 1.600 euros
La Subdelegación del Gobierno dio una respuesta genérica ayer a las quejas por las multas. “No son sanciones por manifestarse sino por actitudes contrarias al derecho de reunión, como provocar altercados e incitar al desorden público poniendo en riesgo la seguridad de los que se manifiestan legítimamente. La Subdelegación del Gobierno inicia un procedimiento administrativo y la propuesta de sanción siempre se produce por denuncia de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, comentó una portavoz. Sobre el hecho de que varias de las sanciones tengan números de expediente consecutivos y se tramiten en la misma jornada pese a tratarse de infracciones cometidas en días distintos y por diversas personas no hubo explicaciones.
Los afectados dicen que no han hecho en los últimos tiempos nada que no lleven haciendo desde hace meses. José Manuel Estévez se queja, en ese sentido, del “acoso”. “Llevo comunicadas a la Subdelegación de Gobierno más de 200 concentraciones, he criticado en un par de ocasiones mediante cartas la labor de subdelegado y he pedido reunión otras tantas para que nos aclarase hasta dónde estábamos dentro de la ley y desde dónde estábamos al margen. Estas peticiones fueron desviadas o negadas simplemente”, lamenta el portavoz, que se encontró de golpe con tres multas que suman 1.600 euros.
Vicente, que tiene dos sanciones —1.250 euros, en total— y declaró la semana pasada en un juicio de faltas en el que el fiscal pidió su absolución, echa chispas. “Mientras hay una comisión en el Parlamento que está intentando depurar responsabilidades sobre quién nos robó, al subdelegado del Gobierno no se le ocurre otra cosa que abrir expedientes sancionadores y cuando a muchos aún no les han devuelto los ahorros nos tratan como a delincuentes”, lamentaba ayer, tras anunciar que acababa de ser informado de otros dos afectados que han recibido notificaciones de multa.
