La interventora de Reus acusa al exalcalde de impedirle fiscalizar Innova
Diez informes de Margarita López alertaron de usurpación de funciones y otras ilegalidades
El Ayuntamiento de Reus que presidió el socialista Lluís Miquel Pérez impidió que la interventora municipal fiscalizara las cuentas del conglomerado empresarial Innova, que acumula una deuda de 202 millones de euros y cuya gestión investiga ahora un juzgado. El entramado, formado por 18 empresas y que se llevaba una buena parte del presupuesto municipal de la época, fue gestionado directamente por el alcalde y el equipo de gobierno sin que la interventora pudiera realizar los filtros de control necesarios, según relata la funcionaria en una decena de informes emitidos entre 2004 y 2005 a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
La interventora denuncia en esos documentos las trabas que sufrió para conseguir información de las empresas municipales e incluso advierte de que el comportamiento de los responsables municipales era manifiestamente ilegal y que podrían estar cometiendo un delito de usurpación de poderes a funcionarios públicos. Las cartas e informes fueron remitidas en su momento a los máximos dirigentes de la administración local, entre ellos a Lluís Miquel Pérez y al expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, que entonces era director general de servicios del Consistorio y director de Innova.
Los informes de la interventora habían permanecido en el olvido hasta que la diputada de la CUP Isabel Vallet se refirió a ellos el pasado lunes durante una sesión de la comisión de investigación de la sanidad catalana en el Parlament. El exalcalde y todo el equipo de gobierno de aquella época, así como el propio Prat, están imputados en un juzgado de Reus.
La interventora, Margarita López, que anteriormente fue subdelegada del Gobierno en Tarragona entre 1996 y 2000 y que ya no trabaja en el Consistorio, explica en un informe fechado el 9 de diciembre de 2004 que Prat se había encargado de tramitar el expediente del presupuesto municipal de 2005 y que a ella solo se le entregó una pequeña parte del documento —concretamente, las bases— la víspera de que este fuera debatido en la comisión informativa municipal. “La dirección general de servicios encargó a Faura-Casas (una sociedad ajena al Consistorio) la elaboración de las bases, sin ningún tipo de expediente administrativo, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido”, expresa López en su informe.
La interventora explica que el informe elaborado por esta auditora, que siguió trabajando durante varios años para el Ayuntamiento, contiene “ilegalidades” en más de quince aspectos, entre ellos la Ley de Subvenciones, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria o el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas. López explica que el documento que le facilitaron propone sacar “de los controles que la ley señala en las sociedades municipales”, con lo que la interventora vaticina que el Ayuntamiento e Innova podrían cometer un delito.
La interventora denunció que era “imposible” trabajar en Reus
“Se advierte que puede incurrir también en lo establecido en el artículo 294 del Código Penal: impedir actuaciones de órganos inspectores (…) Además, se está perjudicando gravemente los intereses de la Corporación”, expresa la funcionaria. En el mismo informe advierte también del delito de usurpación de funciones públicas.
Margarita López denuncia también en sus informes que su función de interventora en las sociedades municipales ha quedado limitada a revisar una copia de los estados de cuentas. “La Sindicatura de Cuentas puede pedir los documentos, informes que considere oportunos, como este año ha pedido de todas las sociedades municipales las subvenciones recibidas y otorgadas, y que ha costado conseguirlas más de cuatro meses, e infinidad de escritos y requerimientos a Prat, que no ha contestado en persona ninguno de ellos”, advierte.
En otro informe del 13 de enero de 2005, López asegura que es “del todo imposible” realizar su trabajo en el Consistorio. La interventora explica que la mano derecha de Prat en Innova, Ester Ventura, llegó a expulsarla de las oficinas del conglomerado cuando la única administrativa del departamento pasó a prestar servicios al entramando impartiendo un curso de contabilidad. “La acompañó con dos auxiliares que llevan el registro de facturas y gastos y la señora Ester Ventura echa a los auxiliares y a mí me dice que no puedo estar allí”, relata la interventora. “Me contesta que si yo estoy allí se acaba la formación. Son testimonio entre otros los auxiliares y la administrativa”, asegura el informe. Ventura es pareja del hombre fuerte de CiU en Tarragona, Josep Poblet, que preside la Diputación. “La misma señora ha enviado diversos escritos, no teniendo ella ningún nombramiento del pleno”, continúa la funcionaria. Para López esto es “inviable”, y concluye que podría incurrir en diversos delitos.
La funcionaria estalla en otro informe de 24 de marzo de 2005. Acusa a los ediles de hacer caso omiso a los informes y dice que Prat deniega sus requerimientos. “Se hace advertencia, una vez más, por parte de esta Intervención del impedimento en el ejercicio de sus funciones, y por tanto de las posibles responsabilidades que puedan derivarse, así como la posible responsabilidad contable, incluidas responsabilidades por malversación de capitales o efectos públicos”, dice.
La funcionaria llega a recordar que el delito de usurpación de funciones públicas contempla penas de cárcel de uno a tres años. También se prevén de tres a ocho meses para la autoridad que conociendo su ilegalidad permita ejercitar un cargo público a alguien no cumple los requisitos. En la actualidad Prat está imputado por pagar desde Innova 720.000 euros presuntamente irregulares al exdirector del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté. El exalcalde también está encausado, junto a 14 ediles, por avalar con tres millones de euros públicos una empresa de capital mixto y privado.
