La Audiencia de Bizkaia condena a cuatro años de cárcel al asesor Iñaki González

No es que fuera un asesor fiscal extremadamente caro —cobró 961.106,88 euros por cuatro años asesorando a un pequeño negocio—, es que directamente se quedaba con el dinero de su cliente, Talleres La Casilla.

El asesor bilbaíno Iñaki González, propietario de IG asesores, ha sido condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia a cuatro años y nueve meses de prisión, además de al abono de 672.197,7 euros, al considerar acreditado que es el autor de un delito continuado de “apropiación indebida en concurso medial”, con un “delito continuado de falsificación” en documento mercantil. La sentencia, recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, coincide con las demandas del fiscal, pero de manera especial con las del abogado de la acusación, José Ignacio Gómara, quien, a juicio de los magistrados, consiguió demostrar que, mientras Talleres La Casilla (TLC) firmó pagarés a Ignacio González para el pago de impuestos por más de 0,9 millones de euros, el asesor no sólo no lo hizo sino que, “distrajo” tres cuartas partes del dinero de forma ilícita.

Curiosamente, las cantidades recibidas supusieron la mitad del pasivo —1,8 millones— con el que TLC entró en concurso de acreedores unos años después, y finalmente se liquidó.

Solo cuando los propietarios de la empresa se desvincularon de IG, este presentó numerosa documentación y facturas con numeraciones no coincidentes, para demostrar que se trataba de sus honorarios “por servicios especiales” que, según la sala, “no se habían prestado, siendo en consecuencia falsos los duplicados de facturas aportados”.

Los magistrados describen cómo González se apropió de los fondos distrayéndolos de forma ilícita “al transmutar la inicial propiedad legítima, abusando de la confianza recibida y disponiendo del dinero, distrayéndolo de su destino o negando haberlo recibido y siempre en perjuicio del depositante”.

La sentencia no deja lugar a dudas de que el autor material de la apropiación indebida y de la falsedad en los documentos es Iñaki González, y, además, hizo ambas de forma coordinada. Es decir “las falsedades mercantiles perpetradas tuvieron como objetivo ocultar las apropiaciones ilícitas que se estaban realizando, permitiendo al tiempo la prosecución de las sucesivas”.

Iñaki González era amigo de Juan Ramón Ibarra, el inspector de Hacienda que fue investigado judicialmente y absuelto en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aunque finalmente condenado por el Tribunal Supremo, a cuatro años seis meses y un día por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Una amistad que reportaba a González una imagen profesional de conseguidor de buenos acuerdos ante la Hacienda de Bizkaia. Los hermanos Diaux, los propietarios de TLC, acudieron a él en 2000 cuando estaban a punto de tener que hacer frente a unas devoluciones a la Hacienda superiores a 120 millones de las antiguas pesetas.

Cuando se destapó el denominado caso Ibarra fue ordenada una inspección contra González, pero días antes de que se le comunicara oficialmente, él presentó una declaración complementaria, aunque siempre negó que alguien de dentro de la Hacienda vizcaína le avisara.

El caso Ibarra consiguió aflorar un fichero protegido con un listado de 209 contribuyentes denominado 0052 Control Vía Gestión Tributaria, cuya ocultación penalizó el Supremo.

El caso levantó muchas sospechas de tratos de favor entre ciertos contribuyentes y una red de asesores fiscales e Ibarra que no se pudo demostrar.