La fiscalía investiga irregularidades en la gestión de 128 millones del Consell
Los fondos, financiados en parte por la UE, estaban destinados al desarrollo rural La Generalitat ha prescindido de la funcionaria que denunció los hechos
La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia investiga irregularidades masivas en la gestión por parte de la Generalitat de dos líneas de ayudas, financiadas en parte con fondos europeos, que han ascendido a 128 millones de euros en el periodo 2008-2013. Según la denuncia, acompañada por muy abundante documentación, presentada por una funcionaria de la extinta Consejería de Agricultura, la Generalitat abonó con fondos cofinanciados por la UE el cambio de suelo, la instalación de calefacción o de ordenadores en parroquias cuando las normas reguladoras de los fondos para desarrollo rural solo hubieran permitido, por ejemplo, acciones como rehabilitar la fachada de la Iglesia, y ello justificando que podía servir para potenciar el turismo.
El dinero de Bruselas para generar oportunidades económicas en las áreas valencianas de interior ha terminado, según la documentación aportada por la funcionaria, en todo tipo de fines impropios. Compras de vestuario para clubes deportivos. Adquisiciones de vehículos para la Cruz Roja. Construcción de dotaciones que son competencia de otras administraciones (como Educación) que están igualmente vetadas por la legislación europea para evitar el riesgo de duplicidad en los pagos.
Las ayudas europeas para el impulso económico se usaron para fines impropios
La Generalitat habría financiado con la línea de 64 millones de la línea Ruralter-Leader —en la que el 50% de los fondos son europeos— y con otra línea propia, dotada también con 64 millones y llamada Ruralter-Paisaje, multitud de construcciones sin aplicar los controles que establece la legislación comunitaria, española y valenciana.
No se solicitaba el proyecto de la obra antes de empezar a financiar el proyecto. Al no comunicar con antelación los precios previstos ni ser estos revisados por la Administración, ello impide saber si en la práctica el dinero público financió el porcentaje adecuado de la obra (el límite en gran parte de los casos era el 35%), el 100% del coste de los trabajos, o incluso más. El Consell, según la denuncia, tampoco solicitó como es pertinente los certificados de obra que justificaban los gastos de los receptores de las ayudas, conformándose con montones de facturas de, por ejemplo, grandes superficies y almacenes. La práctica, además, según los datos aportados por la funcionaria, era que nadie de la consejería se personase para contrastar que las obras subvencionadas realmente se habían realizado.
La denuncia fue presentada por la funcionaria en septiembre de 2012, y el ministerio público abrió a raíz de ello diligencias penales de investigación y nombró a un fiscal instructor. Agricultura prescindió de la funcionaria, según consta en la denuncia, mediante la no renovación de la comisión de servicios con la que estaba trabajando en la Administración autonómica, después de que esta pusiera los hechos en conocimiento de la justicia.
Los fondos pagaron obras en parroquias y vestuarios para clubes de fútbol
Entre ellos, por ejemplo, el expediente RTL-10-05-004, solicitado por una asociación de Chiva. El título del proyecto es “Centro” pero las facturas aportadas para justificar el cobro son “instrumentos musicales”, algo que según la denunciante no permitía la ayuda. Pero hay más: “Ciertas facturas presentadas con el mismo número acreditan distintas cosas: una factura (justifica la compra) de un piano y la misma factura (la compra de) tres chelos”. Y aunque la ayuda se solicita mediante una figura administrativa llamada Grupo de Acción Local (GAL), “el receptor legal” de los fondos resulta ser una asociación. El asunto es relevante porque una asociación musical puede solicitar subvenciones que cubran hasta el 35% del coste de un proyecto. Solicitándolo a través del GAL logró, en cambio, el 100%.
La denunciante también aportó documentación sobre un expediente del Ayuntamiento de Tuéjar, en el que el título del proyecto no tenía “nada que ver con la documentación justificativa para el pago”; y “la actuación trata de suministros de material y equipamiento deportivo cuando estas subvenciones son para pequeñas infraestructuras”, declaró la funcionaria ante el fiscal al ampliar la denuncia el 30 de abril. Además, agregó, se produjo un “desglose en tres partes del expediente de contratación del Ayuntamiento, de forma que se hace como tres contratos menores”.
Los proyectos fueron admitidos durante la etapa del expresidente valenciano Francisco Camps, pero el pago de los mismos se ha ido realizando por anualidades hasta este mismo ejercicio. En total, se han financiado cerca de 1.000 proyectos solo en la línea Ruralter-Leader cofinanciada por Europa.
Una portavoz de la Consejería de Presidencia, en la que desde el año pasado está integrada Agricultura, aseguró ayer no tener constancia de la investigación abierta por la Fiscalía. Pero agregó que el departamento ofrecerá su “plena colaboración” con la justicia si es requerida para ello.
La denuncia alcanza a la producción de cítricos
La primera denuncia que presentó la funcionaria adscrita a Agricultura, en septiembre de 2012, ante la fiscalía no trataba de subvenciones para desarrollo local. Sino sobre los 3,8 millones de euros en ayudas europeas concedidas a una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), llamada SAT Ginero y Asociados, con sede en Beniflà (Valencia). La funcionaria, según consta en la denuncia ahora investigada, halló abundantes irregularidades en la concesión de los fondos, de los que inicialmente se habían encargado otros técnicos de la consejería.
A pesar de que las ayudas de la Generalitat se destinaban a la construcción de infraestructuras de regadío, “en el expediente no constaban proyectos técnicos, ni certificaciones para su aprobación, ejecución, certificación final y pago”. Algo, continuaba, “que no tenía lógica pues de todas maneras el titular necesariamente debía contar con proyectos para ejecutar las obras”.
La funcionaria constató, siempre según su denuncia, que en el expediente no constaba “información del estado de socios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) y de sus entidades jurídicas miembros”, pese a que la obligatoriedad de dichos datos “viene regulada de forma exhaustiva en los reglamentos comunitarios”. Y que la sociedad habría hecho oídos sordos a los requerimientos de información por parte de los servicios centrales de la consejería. La Generalitat, prosiguió la denunciante, “parecía estar pagando las infraestructuras con simples facturas y certificaciones de empresa instaladora de riego, en lugar de las realizadas por técnico competente según proyecto de obra”.
Los trabajos financiados por el Consell eran, además, en Huelva, y utilizaba para ello fondos europeos Feaga, destinados primordialmente “a la regulación de mercados”, en vez de con fondos Feader, cuyo objetivo es el desarrollo rural. La funcionaria, según su declaración, advirtió de los hechos a su jefe de sección quien, en vez de indagar, al día siguiente la “relevó” de sus funciones y la envió a registro.
El portavoz jurídico de la empresa citrícola Vicente Giner, socio de la SAT receptora de las ayudas, negó ayer cualquier irregularidad, defendió el “escrupuloso” cumplimiento de la normativa y destacó los beneficios económicos para la zona de Huelva donde se han invertido las ayudas.
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