El PP inicia los trámites para expulsar a Pacheco del Ayuntamiento de Jerez

La trayectoria política de Pedro Pacheco en el Ayuntamiento de Jerez tiene los días contados. El gobierno municipal, liderado por la alcaldesa María José García Pelayo (PP), ha iniciado este lunes la tramitación para destituirlo como concejal tras su condena por enchufismo, la colocación de dos asesores sin seguir los procedimientos legales. Pacheco ha recurrido, pero la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), reformada en 2011, impide que un político inhabilitado por delitos contra la Administración pueda mantener su cargo y concurrir a unas elecciones sin necesidad de que exista una condena firme.

La norma ha cogido por sorpresa al propio gobierno local, que hace sólo unos días pedía al exalcalde que rectificara en su decisión de no dimitir tras ser condenado por enchufismo, no por una cuestión legal, sino “ética”. Conocida la reforma de la LOREG, la regidora da por hecha la destitución y reduce el caso a una mera consulta de procedimiento.

El artículo 178 de la LOREG establece que la destitución afecta a ediles electos

El artículo seis de la LOREG expone: “Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación son inelegibles”. En el apartado cuatro de ese artículo se añade que las causas de inelegibilidad “lo son también de incompatibilidad” y aclara: “Serán incompatibles las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o federaciones. La incompatibilidad surtirá efecto en el plazo de 15 días naturales, desde que la Administración Electoral Permanente lo comunique al interesado”. Asimismo, otro artículo, el 178, complementa el anterior y recoge que la renuncia o destitución afecta “a los concejales electos”.

Pelayo, que este lunes ha hecho balance de sus dos primeros años de gobierno y ha admitido como principal error no haber dado pronta respuesta a problemas planteados por la ciudadanía, esta vez actuaba con celeridad. A primera hora de este lunes solicitó “un informe jurídico” para “seguir los pasos que determine”. “No es una cuestión de voluntad política, ni de que yo quiera que Pacheco esté o no. Es una cuestión de ley y si la ley dice que dos personas condenadas con delitos contra la Administración pública no pueden ser concejales, con independencia de que la sentencia sea firme, hay que cumplirla”, argumentó.

Una vez iniciados los pasos para desalojar a Pacheco, sólo queda resolver cómo hacerlo. “Tienen que determinarnos el procedimiento. La sentencia tiene que estar notificada, hay que hacer un expediente y estamos estudiando si hay que llevarlo a pleno”, añade la alcaldesa.

La alcaldesa de Jerez argumenta que es una “cuestión de ley”

Hay precedentes de la ejecución de la norma, pero según qué casos, la ley se ha cumplido o no. Sin ir más lejos, el PP se la ha saltado en Galicia. En septiembre de 2012, en el municipio de Sada, un gobierno encabezado por los populares impuso su mayoría en sesión plenaria para negarse a declarar incompatible y destituir al teniente de alcalde Ramón Rodríguez, inhabilitado por ignorar varias órdenes judiciales que le obligaban a demoler una construcción ilegal. El que fuera alcalde de Sada durante tres décadas mantenía que no renunciaría a su cargo “hasta que la sentencia no sea firme”. “Vulnera derechos fundamentales de las personas”, espetaba.

En otra localidad gallega, Oza dos Ríos, el pleno de la Corporación nunca fue convocado para destituir a quien fuera regidor del PP durante tres décadas, Ramón Peón, igualmente inhabilitado por un caso urbanístico. Se da la circunstancia de que quien presidía la Corporación en el momento de la sentencia era yerno del condenado.

Por el contrario, en el municipio tinerfeño de Arona, Berto González, alcalde hasta 2012, fue destituido tras haber sido inhabilitado en primera instancia por colocación irregular. En este caso, el proceso se prolongó cinco meses.

El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta por colocar de manera ilegal a dos compañeros de partido como asesores en sociedades municipales. José López, uno de los cargos de confianza colocados, también ha sido condenado a más de dos años de cárcel y más de cuatro de inhabilitación. Ambos ediles han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo.

La pasada semana la coordinadora de Foro Ciudadano, el partido de ambos ediles, decidió la continuidad de ambos en los escaños que ocupan el mismo día de conocerse la sentencia y horas después de que Pacheco y López pusieran su acta a disposición de su partido.