La ley prohíbe la trituración masiva de contratos que alegó Feijóo
Sanidade no envía los papeles a la Cámara porque son “16.000 expedientes”
Estupefactos dejó ayer Feijóo a los archiveros de la Xunta cuando, apelando a sus conocimientos de Derecho Administrativo, afirmó en el Parlamento que la Administración no conserva ningún expediente anterior a 2003 porque la ley solo obliga a custodiarlos durante diez años. Lo hacía para disculpar que su Gobierno no facilite el listado de adjudicaciones realizadas por el Sergas en los noventa, en aquellos años en los que él era número dos de este organismo y compañero de vacaciones y amigo del contrabandista Marcial Dorado. La Lei de Patrimonio Cultural, sin embargo, dice algo muy distinto. “Integran el patrimonio documental de Galicia los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo de carácter público existente en Galicia, así como por personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos (...)”, dictamina esta norma en su artículo 77. Y en el 80.3 remacha: “Bajo ningún concepto se podrán destruir los documentos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas y de los entes públicos”.
“Si es cierto lo que dice el presidente de la Xunta, malo, porque es ilegal”, advierte Toño Fernández, funcionario del cuerpo especial de archivos de la Xunta y miembro de la junta de personal por la CIG. Los expedientes de contratación de la Xunta solo podrían ser destruídos, explica, tras ser valorados por una comisión de evaluación que aún no ha sido creada en Galicia, una comunidad que carece incluso de una ley de archivos que ordene la custodia de documentos públicos bajo el criterio de funcionarios especializados, no de políticos.
Fernández explica que si la Administración funcionase como dice Feijóo, triturando todos los expedientes públicos con más de diez años de vida, Galicia no tendría historia. Las toneladas de documentos administrativos que se generan en la comunidad tienen su ciclo vital: durante el primer lustro de existencia se conservan en las oficinas donde se generaron; durante otro periodo que puede durar de cinco a 15 años se custodian en el archivo de la consellería de turno; de ahí pasarn al Arquivo Xeral da Xunta, una nave en el polígono del Tambre de Santiago con casi 11 kilómetros de estanterías, el lugar donde se tendría que decidir si los documentos tienen valor histórico y deben ser preservados en el Arquivo de Galicia, con sede en la Cidade da Cultura.
Pero Fernández admite que en esta cadena la Administración gallega no es un ejemplo de diligencia en la conservación de documentos y que existe bastante descontrol por la falta de personal especializado. No todas las consellerías cuentan con técnicos de la escala de archivos y los expedientes pasan por diversas manos, incluidas las de empresas contratadas temporalmente para esa labor. “En ese maremagnum puede haber eliminaciones o documentos que se pudren...”, denuncia el archivero de la Xunta. El asunto de las fotos de Feijóo con el contrabandista más célebre de las rías baixas volvió ayer de nuevo al Parlamento. La oposición había reclamado cuando estalló el escándalo documentación a la Xunta sobre la red de proveedores de combustible e informática de los hospitales gallegos durante los noventa cuando el ahora presidente de la Xunta compartía jornadas de navegación, viajes al extranjero y fiestas con Marcial Dorado y el testaferro de este, Manuel Cruz, a la vez chófer de la Xunta. Lo que el PSOE trata de determinar con esa documentación es si en la madeja de sociedades de Dorado y Cruz hubo alguna empresa que vendiera gasoil para la la calefacción a los centros sanitarios gallegos, una sospecha muy extendida entre los socialistas gallegos.
Pero los papeles que reclamó el PSdeG no van a llegar a corto plazo a la Cámara. En lugar de enviarlos, la Consellería de Sanidad envió ayer al Parlamento al secretario general, Antonio Fernádez Campa, a justificar por qué su departamento no remitió esa documentación. En hora y media de comparecencia, el alto cargo de Sanidade se sometió a las preguntas de la oposición pero no llegó a aclarar si los papeles fueron destruidos, como dio a entender el presidente el miércoles en el hemiciclo cuando dijo: “Nada hay anterior a 2003”.
El secretario general alegó que los expedientes solicitados por los socialitas corresponden a “16.000 operaciones contables por un importe de 96,5 millones de euros y 600 terceros”. “Es inmanejable”, explicó en varias ocasiones. En ningún momento alegó cómo sí hizo Feijóo que todas las facturas anteriores a 2003 fueron destruidas. El número dos de la consellería argumentó que “con carácter general las operaciones contables, transcurridos seis años, se pueden expurgar”. Detalló que el “procedimiento de archivo fue modificado en 2000 por una circular en la que se establecían las normas de la documentación a remitir al Consello de Contas y de cómo conservarlas. No toda la documentación tiene que ser expurgada”. Campa aseguró que ni la Consellería de Sanidad ni el Sergas firmaron contratos con las empresas de Marcial Dorado siempre aludiendo a los servicios centrales, puesto que según él la revisión hospital por hospital entre 1992 y 1998 de todas las compras de combustible y material informático es inviable. “Estas operaciones o contratos de las que se solicita copias, hablamos de hace 15 o 20 años, la mayor parte no se conserva en los centros del SERGAS y son ejercicios fiscalizados por el Consello de Contas”.
La explicación monopolizó su comparecencia, con exposición inicial y dos turnos de respuestas a los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSdeG, AGE y BNG). Los partidos de la oposición tacharon de burla y espectáculo lamentable la actitud de la Xunta y anunciaron que seguirán reclamando la documentación al Parlamento por los cauces reglamentarios.
Visto que no hay rastro de los papeles que pedían, socialistas, nacionalistas y AGE preguntaron varias veces a Fernández Campa, que ahora ocupa el mismo puesto que tenía Feijóo durante su amistad con Dorado, si vería razonable relacionarse también él con un narco detenido varias veces por contrabando. No encontraron respuesta.
El presidente amenaza con querellas a Beiras
Alberto Núñez Feijóo ha pedido muchas veces la dimisión de rivales políticos en los últimos años. En la campaña que le llevó al poder, en 2009, se la exigió al entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, por su famosa foto en un yate con el constructor Jacinto Rey. Antes había reclamado, entre otros varios, el cese de la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, después de que el propio PP se querellase contra ella por la adjudicación de la autovía del Barbanza, un asunto que acabó archivado. Más recientemente, pidió que el PSOE excluyese a José Blanco de las listas a las últimas elecciones generales por su imputación en el caso Campeón. Pero esta vez el presidente de la Xunta no va a reclamar que se vaya el alcalde de Lugo, el también socialista Xosé López Orozco, después de que la juez Pilar de Lara le implicase en un supuesto cobro de sobornos. ¿Y por qué no pide la dimisión de Orozco? “Esa no es mi forma de hacer política”, explicó ayer en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta.
Ahora Feijóo ya no es látigo del despilfarro del bipartito ni del “sultán de Monte Pío”, como llamaba su partido al expresidente Emilio Pérez Touriño. Ahora el presidente es un hombre que se siente vilipendiado. “Me tratan como un delincuente”, se quejó ayer a propósito de las acusaciones que recibe por su vieja amistad con el contrabandista Marcial Dorado. Y Feijóo ya no quiere ejercer de azote sino de defensor “de las instituciones democráticas” contra las “infamias” de sus adversarios.
Pero el presidente se está pensando muy en serio pasar a la ofensiva. Ayer confesó que desde hace tiempo algunas personas y algunos “artículos de opinión” que lee en la prensa le recomiendan que emprenda acciones legales por la escalada de ataques de la oposición. Especialmente, del líder de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), Xosé Manuel Beiras, quien le ha llamado desde “narcopresidente” a “chulo de barra americana”. Por eso está “pensando y reconsiderando” su decisión inicial de no acudir a los tribunales para defender su honor y “el de la institución”. Además, Feijóo está convencido de que eso es lo que pretenden sus adversarios. “Hace tiempo que la oposición está buscando la imagen de verse con el presidente de la Xunta en un juzgado”, sostuvo. Y al comprobar que “se están sobrepasando todos los límites”, advirtió de que “esa posibilidad empieza a ser razonable”.
Ante la insistencia de los periodistas, Feijóo no quiso poner nombres a los posibles destinatarios de sus acciones judiciales. Pero su discurso apuntó tácitamente a Beiras y sus compañeros de AGE. “Las imputaciones de delitos ustedes las escuchan todos los días y saben que es incompatible ser presidente de la Xunta y narcotraficante. El narcotráfico es un delito”, enfatizó, por si a alguien le quedaba alguna duda.
