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Griñán reta a Zoido a hacer pública su declaración de la renta

El popular sostiene que el Gobierno andaluz “se caracteriza por la corrupción”

Lourdes Lucio
José Antonio Griñán en el Parlamento.
José Antonio Griñán en el Parlamento.Julián Rojas

“Son los primeros en corrupción”. “Uno de cada tres casos de corrupción de España son de aquí”. “Su Gobierno se caracteriza por su pasividad, corrupción y radicalidad”. Estas tres frases del líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, llevaron ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a retarle a hacer pública su declaración de la renta y a aclarar si cobra sobresueldos, que en el PP denomina gastos de representación y que Zoido ya ha dicho que no los cobra.

Griñán vuelve a airear este debate sobre las retribuciones de los políticos, cuando aún la dirección nacional del Partido Popular no ha hecho pública la renta de sus dirigentes nacionales, como prometió la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en el mes de enero, acuciada por los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

El presidente andaluz lanzó este reto en respuesta a una pregunta de Zoido en la sesión de control en el Parlamento sobre la calidad de vida de los andaluces. Lo hizo ayer, pero podía haberlo hecho en cualquier otra sesión, ya que este envite se había manejado en varias reuniones preparatorias de las intervenciones parlamentarias del socialista con el popular.

A Griñán le molestó que Zoido insistiera en que el Gobierno andaluz “se caracteriza” por la corrupción y en su último turno de réplica —sin que Zoido tuviera la oportunidad de contestar en el pleno—, aprovechó para cuestionar los sueldos del PP. En concreto el del actual presidente del Gobierno —al que le ha pedido una reunión—, Mariano Rajoy, que “ganó en el 2011 seis veces más que yo siendo líder de la oposición y yo presidente de la Junta”, dijo.

Y ya que transitaba por ese camino, planteó el reto a Zoido, como si fuera una ocurrencia del momento: “Por cierto, usted todavía no ha hecho sus declaraciones de la renta ni ha dicho todavía si ha cobrado alguna vez sobresueldos ni cómo se han financiado esos sobresueldos o si los ha declarado a Hacienda”.

La provocación de Griñán a Zoido se parece mucho a la que le hizo al anterior líder del PP, Javier Arenas, en la pasada legislatura. Entonces, el socialista entregó al presidente del Parlamento su declaración de la renta y ese gesto arrastró a Arenas a imitarlo, aunque no sin resistencia. Arenas tardó 16 días en facilitar sus datos fiscales en los que se comprobó que ingresó en 2010, 142.679,06 euros, 57.547,77 euros más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien declaró en 2010 un total de 85.131,29 euros. En la declaración de Arenas, figuraban ingresos por “gastos de representación” (sobresueldo) como vicesecretario nacional del PP por importe de 95.674,02. Arenas renunció en verano de 2011 a seguir cobrando esos complementos salariales.

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Los diputados andaluces están obligados a presentar todos los años en el Parlamento sus declaraciones de la renta, pero estas no son públicas. Sí lo son las de bienes e intereses. Griñán tiene colgada en su web de la Junta todas sus declaraciones de renta desde el año 2007.

El PP no va a contestar al reto del presidente andaluz. “No vamos a hacer absolutamente nada que ordene el señor Griñán”, dijeron fuentes del PP, que reclamaron datos de los gastos de protocolo de la Junta por valor de 1,2 millones de pesetas. Pero el PSOE no va a cejar en su empeño. “Con que diga que no, nos vale”, afirmaron fuentes socialistas. Zoido ya dijo a finales de enero, en una rueda de prensa, que no ha cobrado ningún tipo de sobresueldo.

Este clima no interfirió la reunión que celebraron horas después los tres grupos de la Cámara —popular, socialista e Izquierda Unida— y el Partido Andalucista para chequear posiciones sobre medidas de transparencia, que se encuentra muy avanzado, según algunas fuentes, y de desarrollo del Estatuto.

Los populares —y también los andalucistas— han planteado aportaciones propias a los pactos del Gobierno, con los sectores afectados, en materia de empleo, cultura, turismo y agroindustria. La idea es incorporarlas como añadidos, sin cambiar lo firmado.

“Usted ofrece beneficencia, no empleo”, dice el líder del PP

Aunque sin referirse a él expresamente, el presidente del PP echó ayer tierra sobre el plan de exclusión aprobado por el Gobierno andaluz que contempla, entre otros aspectos, garantizar tres comidas diarias a escolares en riesgo de exclusión social. También la contratación temporal a través de los Ayuntamientos. “Su actitud ante el paro es mezquina. Su intención por resolverlo es ninguna. Usted no ofrece empleo, sino beneficencia”, le dijo Juan Ignacio Zoido a José Antonio Griñán, durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno.

Zoido obvió que, como alcalde de Sevilla, firmó hace tres días con la congregación católica de las Hijas de la Caridad un covenio para respaldar dos comedores sociales con 200.000 euros.

En teoría, el plan de exclusión y la lucha contra la pobreza no debería provocar muchas diferencias entre los grupos, pero estos buscaron más la discrepancia que el acuerdo a lo largo de varias iniciativas en el pleno celebrado ayer.

El primero que puso su barrera fue el portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro, quien desistió de hacerle una pregunta al presidente de la Junta —al que ni siquiera le apremió sobre la renta básica, una de las banderas de IU— y optó por arremeter con dureza contra el PP por comparar a Andalucía con Etiopía.

“Ya está bien de denigrar e insultar a esta tierra”, dijo airado, ante las protestas de la bancada popular. Como viene siendo habitual durante las preguntas de su portavoz, el grupo de IU se hizo notar al colocar carteles en sus pupitres contra la ley de educación del PP. El pleno anterior, Castro y otros parlamentarios lucieron camisetas contra los despidos en el Infoca, dependiente de la Junta de Andalucía, lo que irritó a sus socios socialistas.

La derecha y la izquierda tampoco buscaron el acercamiento a la hora de votar dos iniciativas —una del PP y otra del PSOE— para combatir la exclusión social.

La que fue aprobada pide al Gobierno central que exima del pago de las cotizaciones sociales a los Ayuntamientos que suscriban contratos temporales —de entre 15 días y tres meses— a personas en paro. Este programa dispondrá de 40 millones y con las exenciones se ahorrarían que se reinvertirían, según la Junta. El PP sostiene que para los Ayuntamientos “es imprescindible” que la Junta adelante el dinero de esas contrataciones, ya que de no hacerlo el decreto “es una falacia para sacar rédito político”, dijo la diputada popular y alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva), Loles López Gabarro.

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