Los peritos discrepan sobre la legalidad de los contratos de Pacheco
La acusación particular rebajará su petición de pena, que superará los dos años
Las pruebas periciales en el juicio contra el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco por la contratación supuestamente irregular de dos asesores políticos en empresas municipales han arrojado más confusión al caso a sólo una jornada de que concluya la vista.
Los peritos discrepan sobre la norma que debe imperar en ese tipo de fichajes, el modelo de contrato a realizar o sobre si el histórico líder andalucista tenía potestad para incorporar a personal de confianza al margen de los consejos de administración de las empresas.
El catedrático de derecho administrativo José Luis Rivero declaró en sala que los contratos como asesores de Pepe López y Manuel Cobacho entre 2005 y 2007 “no contravienen ni una sola norma”. Añadió que estas incorporaciones son “discrecionales” y que “no precisan motivación”. Para el catedrático, el hecho de que uno de los asesores cobrara durante siete meses 35.000 euros en facturas de más de 4.600 euros mensuales en virtud de un contrato verbal “no es trascendente”. Tras un largo interrogatorio, el experto concluyó que pudo haber “ciertas irregularidades”, pero insuficientes para declarar “nulos” los fichajes.
Esta interpretación no fue compartida por otros dos peritos que rechazaron en sala que un contrato mercantil pueda ser verbal o que en una sociedad con capital público la ampliación de personal se apruebe al margen del consejo de administración.
La propia defensa admite “que se discutan determinados puntos”, aunque subraya la “legalidad” de la actuación. Para reforzar la competencia de Pacheco sobre la contratación en sociedades municipales, el letrado del edil aportó a la causa un anexo al pacto de gobierno que sellaron PSOE y PSA en 2005 en el que figura que la exalcaldesa de Jerez y presidenta de las empresas municipales, Pilar Sánchez, “delegaba en una vicepresidencia ejecutiva” que ejercía Pacheco, quien fuera entonces su socio de gobierno.
Al margen de que el edil andalucista pudiera contratar, algo que casi nadie ha discutido en sala, se intenta dilucidar si lo hizo ajustándose a la ley. La acusación particular y la fiscalía subrayan que el principal problema de las contrataciones está en el mismo origen. Argumentan que una vez que PSOE y PSA aprobaron en el pleno municipal la incorporación de un número determinado de cargos de confianza, ese cupo no se podía superar meses después con nuevos fichajes al margen del acuerdo plenario.
A la espera de que las partes presenten este viernes en el juicio las conclusiones, el abogado de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Jerez, Juan Pedro Cosano, ha anunciado que “rebajará muy considerablemente” la pena de cárcel solicitada para Pacheco al entender que “no se puede pedir más prisión a una persona que coloca a dos asesores que a la que mata a alguien”. Aun así, Cosano avanzó que la petición superará “los dos años de cárcel” por la presunta comisión de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
La Fiscalía solicita 17 años y medio de prisión y 28 de inhabilitación absoluta para Pacheco, aunque se contempla que este viernes, en las conclusiones, pueda igualmente rebajar su reclamación de pena.
La audiencia provincial de Cádiz con sede en Jerez no sólo deberá determinar en la sentencia la legalidad de los contratos, sino si los dos compañeros de partido fichados cobraron 2.500 euros mensuales líquidos el primero y más de 4.600 netos el segundo por hacer alguna labor.
