Oriol Pujol declara al juez que medió en el caso de las ITV por “interés público”

Las gestiones para modificar los concursos de concesión de servicios de inspección técnica de vehículos (ITV) no fueron en busca del lucro personal, sino en defensa del “interés público”. Esa fue la versión que durante todo el día de ayer presidió la declaración del secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol, ante el magistrado Enric Anglada, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el caso ITV. El número dos del partido nacionalista declaró ante el juez durante casi diez horas, acusado de tráfico de influencias y arropado a la entrada por buena parte de la cúpula de Convergència: el secretario de organización de CDC, Josep Rull; el presidente de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull; el vicesecretario de coordinación institucional, Lluís Corominas, los tres políticos que sumieron sus funciones tras su imputación, y el coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez.

Pujol llegó a la sede del TSJC poco antes de las diez de la mañana y no salió hasta las diez y media de la noche, con dos breves recesos en medio. “Ha sido una declaración larga, pero estoy contento porque me he podido explicar y comenzar a modificar el relato que se ha articulado desde los medios de comunicación y hasta ahora me acusaba a mí”, dijo al salir. También añadió que dejó claro ante el juez que no forma parte ni ha coordinado ninguna trama corrupta.

Durante el interrogatorio, escuchó una decena de conversaciones que mantuvo con otros implicados en la trama; en especial, con su amigo empresario Sergi Alsina, y con su hombre de confianza, Josep Tous.

El diputado de CiU presionó, supuestamente, a un ex alto cargo de la Generalitat para colocar a Tous como “mediador” en el conflicto de las ITV. El caso fue investigado por un juzgado de instrucción de Barcelona, que decidió inhibirse ante el TSJC dada la condición de aforado de Oriol Pujol. Este tribunal le imputó por un delito de tráfico de influencias, al considerar que hay indicios de que quiso lucrarse utilizando su “peso político” para amañar adjudicaciones públicas.

Pujol se defendió con habilidad de las preguntas del fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado durante el largo interrogatorio. Su tesis se resume en una idea: todos los contactos y las gestiones que figuran en el sumario los hizo por un interés “político y público”. Sobre las estaciones de ITV, afirmó que su grupo parlamentario, CiU, siempre había defendido un proyecto de proximidad, con más estaciones y más competencia entre empresas como forma de mejorar la prestación del servicio El interés en el plan territorial de las ITV explica, según su declaración, las llamadas telefónicas con Tous, que además era responsable de la sectorial de industria en CDC y un experto de ámbito internacional en el asunto de las ITV. Pujol también justificó sus conversaciones con Alsina como representante de una operadora de ITV.

El caso de las ITV, sin embargo, no se limita solo a las estaciones de la inspección técnica. Los magistrados del TSJC, en base a los informes de Vigilancia Aduanera y de la fiscalía, consideran que Oriol Pujol “dirigió” y “coordinó” una trama destinada a amañar concursos de ITV. Para ello, la trama creó una empresa, Upprime Energy, que tenía como objetivo lograr adjudicaciones de todo tipo de forma fraudulenta. El proyecto, sin embargo, no llegó a cuajar. Según los investigadores, Pujol pretendía enriquecerse personalmente mediante una “participación indirecta” en esa sociedad, a través de su amigo Sergi Alsina. Pujol negó tajantemente esa acusación y tildó de “falsa” cualquier remota vinculación con Upprime Energy. Afirmó que no tuvo ningún interés en participar en un proyecto empresarial y detalló las relaciones que le unen con cada uno de los imputados: además de Alsina y Tous, el subdirector de seguridad Industrial, Isidre Masalles, y los empresarios Ricard Puignou y Sergio Pastor.

El fiscal preguntó a Pujol sobre un proyecto de eficiencia energética con el que, supuestamente, la trama pretendía lucrarse también a través de Upprime Energy. Algunos empresarios implicados en la trama pretendían establecer como obligatorias las inspecciones en los hogares sobre este tema. Para conseguirlo, quisieron utilizar el supuesto apoyo político que les brindaba Pujol. Este insistió en que no hubo nada raro en sus gestiones y que simplemente le preocupaba, como representante político, el asunto.

El dirigente de CiU fue preguntado, asimismo, por tres reconversiones industriales que también están bajo investigación: las de Sony, Sharp y Yamaha. Estas tres multinacionales pretendían abandonar Cataluña, por lo que la Generalitat impulsó un plan de reconversiones industriales que pretendía salvar empleos. Alsina, amigo íntimo de la familia Pujol —son vecinos de una casa en el pueblo de Urús, en el Pirineo—, cobró 6,9 millones de euros a través de su sociedad Alta Partners en concepto de “asesoramiento” para ejecutar esos proyectos. La desorbitada cantidad, sin embargo, no es lo más relevante: en ese proceso, como muestran las conversaciones telefónicas entre ambos, Pujol guió y aconsejó a Alsina sobre cuál debía ser su forma de proceder con esas empresas.

El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, reclamó ayer a la justicia que actúe con celeridad, mientras que el consejero de Presidencia, Francesc Homs, pidió que se respete la presunción de inocencia de forma “real” tanto en el caso de Pujol como en otros similares.