El juez imputa por tres nuevos delitos al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi

Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008 y diputado autonómico del PP, ya está formalmente imputado en una nueva causa por otros tres delitos de corrupción: falsedad documental, fraude fiscal y cohecho. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Antonio Ferrer notificó ayer su citación para declarar el 26 de abril. El exregidor ocultó al fisco dos millones de euros y eludió el abono de cerca de 700.000 euros a Hacienda entre 2007 y 2010, y disfrutó sin pagar por ello de un amarre en el puerto de Alicante para su lujoso barco hasta el pasado 31 de diciembre, según la denuncia dirigida contra él por la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana.

Alperi ya estaba imputado en el caso Brugal como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho por haber amañado, supuestamente, el plan de ordenación urbana de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz.

En esa causa lo acompaña su sucesora en el cargo, la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que a pesar del escándalo acaba de volver a adjudicar un gran contrato público a Ortiz a una unión de empresas en la que figura Ortiz. En concreto: la adjudicación del servicio de recogida de basura y limpieza de las calles, que ascenderá a unos 435 millones de euros en 12 años.

El diputado autonómico ocultó a Hacienda dos millones de euros

El exregidor de Alicante se convierte de esta manera en el diputado autonómico con más imputaciones a la espalda, empatado solo con su compañero en el PP Rafael Blasco. Este último, que fue varias veces consejero de la Generalitat, portavoz popular en las Cortes Valencianas y a quien su grupo parlamentario acaba de nombrar responsable del área de Territorio, lo que le permitirá ganar unos cientos de euros más al mes, está imputado por otros seis delitos.

En su caso, por fraude de subvención, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos con motivo del supuesto desvío de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba a proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo. La Fiscalía Anticorrupción considera que Blasco fue el “director” de esa trama corrupta mientras era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, el departamento del Gobierno valenciano que concedía las ayudas de cooperación.

En las Cortes Valencianas hay, junto a Alperi, Blasco y Castedo, otros seis diputados imputados. Se trata de Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano), David Serra (exvicesecretario del partido), Yolanda García (extesorera), Milagrosa Martínez (exconsejera, expresidenta del Parlamento autonómico y alcaldesa de Novelda) y Angélica Such (exconsejera), todos ellos en el caso Gürtel.

Alperi y Blasco están acusados ambos de seis delitos

Su presencia en las Cortes —había un décimo parlamentario imputado, Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, pero devolvió el acta tras ser condenado a tres años de cárcel en noviembre— contradice la política de tolerancia cero contra la corrupción expresada, como un intento de pasar página respecto al sombrío pasado reciente, por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El Consell afirma que ha destituido a los cargos que dependían directamente de él, pero que el acta de diputado es personal.

La oposición ha argumentado, en cambio, que el PP no puede obligar a un parlamentario a abandonar su escaño, pero sí podría expulsarlo de su grupo parlamentario. El alto número de diputados imputados dejaría en ese caso a Fabra, sin embargo, en una posición delicada en las Cortes, ya que la amplía mayoría de la que goza el partido desde las elecciones de 2011 quedaría reducida al mínimo.

A Alperi, que parece haber entrado en la recta final de su carrera política y su presencia en el Parlamento valenciano llama más la atención por su actitud —como cortarse las uñas en el escaño— que por sus iniciativas legislativas, se le abre de este modo un nuevo frente judicial.

La fiscalía lo acusa, siguiendo un informe de la Agencia Tributaria, de beneficiarse, en primer lugar, del abono por parte de una empresa, Taller de Contabilidad, con sede en Madrid, de una deuda de algo más de un millón de euros que tenía con Hacienda. El exregidor debía pagar esa cantidad como responsable subsidiario de una empresa del sector inmobiliario, Champaka Promociones. Esta no sólo no le reclamó el dinero sino que asumió que se trataba de una acción graciosa “al contabilizar el crédito como pérdida al cierre de 2007”.

"Que justifique el pago"

Solo más tarde y, según Hacienda, con el objeto de aparentar una relación “que justifique el pago” del millón de euros, Alperi reconoció a las empresas la deuda sin que, aparentemente, la haya llegado a satisfacer.

El segundo supuesto delito fiscal, en 2008, tiene su origen en la compra de un barco de 15,4 metros de eslora por 852.954 euros utilizando para ello, según el ministerio público, una sociedad instrumental, Andarx Bussiness. Aunque “se trataba de aparentar” que la titularidad de la embarcación era de dicha empresa, en realidad “era para uso personal y exclusivo” de Alperi. El exregidor solo pagó una pequeña parte del precio del barco. El resto lo abonó su socio en Andarx Bussiness, una empresa inactiva hasta ese mismo año 2008, en el que Alperi adquirió el 50% de la empresa. En 2010, el exregidor habría utilizado, además, esa sociedad para facturar por su actividad profesional privada (perito mercantil), cuando según el fiscal debería haberlo declarado como ingresos de actividad económica.