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El alcalde de Badalona será juzgado por vincular inmigración y delincuencia

El alcalde de Badalona repartió un folleto que relacionaba a los rumanos con inseguridad

Miquel Noguer

El alcalde de Badalona, la tercera ciudad de Cataluña, con 220.000 habitantes, se sentará en el banquillo de los acusados por haber vinculado inmigración y delincuencia con fines electoralistas. El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha decretado la apertura del juicio oral contra Xavier García-Albiol (PP), por repartir en 2010, junto a la líder del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad. La juez considera “sólidas y consistentes las acusaciones” de la fiscalía y la acusación particular —SOS Racisme—, que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, la discriminación o la violencia, por el que piden para el alcalde un año de cárcel. En el auto, la juez indica que contra la decisión de apertura de juicio oral, que aún no tiene fecha, no cabe recurso alguno.

SOS Racisme se felicitó por la apertura del juicio y por ser “la primera vez en Cataluña y España que un político es juzgado por este motivo”. Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Badalona el 24 de abril de 2010 contenían fotografías de gitanos rumanos acompañadas de lemas como inseguridad, delincuencia y vandalismo, y la imagen de una pintada: “No queremos rumanos”.

En las semanas posteriores, Albiol continuó con el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y en actos como una butifarrada en la plaza de Trafalgar el 19 de septiembre. En ese acto, al que asistieron unas 800 personas, Albiol dijo: “Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están repartidos por los barrios, haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas”, recoge el escrito de SOS Racisme remitido al juez.

El fiscal pide un año de prisión para García-Albiol. En su escrito, pide además una multa de 8.100 euros y su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El ministerio público atribuye a García-Albiol un delito de provocación a la discriminación, el odio y la violencia y, de forma alternativa, otro de injuria colectiva provocadora, aunque para ambos solicita la misma pena. García-Albiol aseguró no entender la petición de la fiscalía. “Me parece el mundo al revés. Aquellos que defendemos y luchamos contra los que delinquen somos los culpables por dar nuestra opinión”, indicó al conocer la petición del fiscal.

La fiscalía entiende que García-Albiol, que en el momento de los hechos era aspirante a la alcaldía, autorizó la confección del folleto, en cuya distribución masiva participó, “sabiendo y aceptando el menoscabo que suponía para la dignidad, el honor y la fama del colectivo gitano de origen rumano”.

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La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, también participó en el acto en el que se repartieron los trípticos en cuestión. El partido siempre ha defendido a García-Albiol, el principal alcalde del PP en Cataluña. En su declaración como imputado, Albiol admitió que había cometido “algún exceso verbal”.

La juez de instrucción archivó el caso en dos ocasiones, las mismas que la Audiencia de Barcelona le obligó a reabrirlo. En su último escrito, los magistrados razonaron que Albiol sobrepasó los límites de la libertad de expresión e hizo comentarios que supusieron “un ataque a la dignidad personal y al honor” de los gitanos rumanos. Sus manifestaciones, además, tuvieron una “potencialidad sobrada” para incitar a los vecinos al odio hacia el colectivo.

La oposición de Badalona, formada por CiU, PSC e Iniciativa, estuvo negociando hace semanas presentar una moción de censura contra Albiol, que gobierna la ciudad en minoría. La negociación se inició después de que CiU se decidiera a dar el paso. Tras cinco reuniones, el plan fracasó al negarse los ecosocialistas a que el convergente Ferran Falcó entrara en el Gobierno municipal, al estar imputado en el caso Adigsa. Los socialistas lamentaron la decisión al alegar que, al fracasar la moción, Badalona tendrá un alcalde que se va a sentar en el banquillo de los acusados.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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