El juez cita a la teniente de alcalde de Ourense y a una funcionaria a un careo

La teniente de alcalde y edil de Bienestar Social de Ourense, Marga Martín, imputada por presuntas irregularidades en su gestión al frente del servicio municipal de ayuda a domicilio, deberá enfrentarse en un careo judicial a Cristina Fernández, la funcionaria que la acusó de actuar irregularmente a sabiendas con “facturas irreales”. El titular del juzgado de instrucción número dos de Ourense, Antonio Piña, que investiga desfases en facturas pagadas por el Gobierno socialista que podrían sumar hasta un millón de euros según fuentes de la investigación, pretende confrontar las contradicciones detectadas en sus declaraciones como imputadas.

Cuando fue imputada, Martín aseguró que los técnicos municipales “refrendaron” los pagos. Sin embargo la exjefa del servicio y una técnico de administración general revelaron ante el magistrado la existencia de facturas “que no eran reales” repletas de “desfases” contables. Y recordaron que “advirtieron expresamente” a la edil de esas irregularidades. Días después, Martín descargó toda responsabilidad en las funcionarias a las que previamente calificó de “honorables e inocentes”. Además, la tesorera municipal destapó en un informe llamadas telefónicas de la teniente de alcalde, en las que solicitaba el pago inmediato de las facturas a la empresa ahora investigada. En el marco de esta investigación judicial, ayer también declaró como imputada María José Méndez, la jefa del servicio desde noviembre de 2010. En su testifical aseguró que el pago de los desplazamientos de las trabajadoras se hacía “con una media semanal”. Pero el importe abonado por esos desplazamientos nunca llegó a las nóminas de las empleadas. Según las nóminas a las que ha tenido acceso EL PAIS, una empleada con una jornada laboral de cinco horas cobró más en marzo de 2008 sin horas por desplazamiento, que en enero de ese mismo año cuando el Ayuntamiento pagó 3,3 horas diarias por ese concepto. Esas cuentas investigadas revelan que algunas empleadas estaban más tiempo desplazándose que atendiendo a dependientes.

La funcionaria también reconoció ante el juez la existencia de una reunión con la edil y la empresa “porque tenían pérdidas” y quería finalizar el contrato. Además recalcó que “no entraban las facturas por correo electrónico”. Sin embargo, varios correos remitidos por el empresario demuestran que facturas que carecen de registro de entrada llegaron al dirección personal de la edil antes de finalizar el período de facturación. El abogado del grupo de la oposición, Democracia Ourensana (DO), personado en la causa tras denunciar facturas presuntamente falsas, destaca que la funcionaria que declaró hoy descargó toda responsabilidad en Cristina Fernández, la trabajadora a la que se tendrá que enfrentar Marga Martín durante el careo.