El dragado del Guadalquivir también divide a la patronal y a CC OO
Ricardo Serra, vicepresidente de la CES y responsable de Asaja, alerta del impacto del proyecto
Se conocía que la ampliación del dragado en el bajo Guadalquivir, que el puerto de Sevilla quiere acometer desde hace más de una década para que lleguen barcos mayores, suscita muchas dudas entre ecologistas y científicos. Pero este proyecto —que está envuelto en la incertidumbre por su encaje legal— también ha causado división de opiniones entre sus teóricos defensores.
Hace una semana se presentó en la capital andaluza el relanzamiento de la plataforma de apoyo a la iniciativa, que debe ser autorizada por el Gobierno central. Los cuatro actores fundamentales de esta plataforma son la Cámara de Comercio de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y las direcciones provinciales de CC OO y UGT. El acto pretendía transmitir una imagen de unidad ante el dragado. Pero en dos de las organizaciones que el lunes presentaron la iniciativa han surgido roces por el apoyo cerrado y explícito al proyecto.
El primero en mostrar su enfado fue Ricardo Serra, presidente de Asaja en Sevilla y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de esta provincia. El miércoles se celebró la asamblea general anual de la CES. Era la primera con Miguel Rus como presidente. Contra él lanzó sus críticas Serra. Ningún miembro de Asaja asistió a la reunión como protesta. Serra, además, envió una carta a Rus en la que le recordaba que “una parte muy importante” de los empresarios del sector agrario “se ven muy directamente afectados por las actuaciones que se vayan a llevar a cabo en la realización del dragado del río”.
Un dirigente sindical critica el “chantaje” del empresariado
Aumentar el calado, recuerda Serra, produciría un incremento de la salinidad del último tramo del Guadalquivir, de donde captan el agua los regantes de la zona. El problema de la salinidad es habitual en el estuario y se compensa en verano con desembalses aguas arriba. “Si se hace el dragado, habrá que soltar más agua para endulzar”, advierte Serra. “Es un problema de toda la cuenca, donde ya existe un importante déficit”, añade el responsable de Asaja.
Lo que proponían los regantes era que, antes de acometer cualquier actuación, se buscara una salida. Según Serra, la solución pasa por un proceso de modernización que permita a los agricultores no tener que coger el agua directamente del Guadalquivir. Esas medidas compensatorias no se han acometido. Serra, además, critica que Rus, en sus reiterados apoyos públicos al dragado, no se haya referido a este asunto.
El mismo problema surgió hace un año. Tras varias declaraciones del presidente de la CES a favor de la obra, Serra y Rus se reunieron con arroceros y Feragua. En junio de 2012, se acordó que, “antes de ejecutar cualquier obra, se tomasen las adecuadas medidas compensatorias con los regantes”, según se señala en la carta que Serra envió a Rus.
Hasta hace unos meses, los promotores del proyecto defendían su utilidad por los miles de puestos de trabajo que se podrían generar al llegar barcos de más calado. Pero, recientemente, se ha introducido otra variante. Rus asegura que hay riesgo de que se produzcan más deslocalizaciones si no se acomete la obra.
Serra también tuerce el gesto cuando se habla del empleo que se podría generar: “Eso es una esperanza, un hipotético beneficio”. Sin embargo, recuerda que el trabajo que genera el regadío de la cuenca es ya “una realidad”.
Javier Pino, secretario provincial de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, ha criticado que se “utilice” la incertidumbre sobre el dragado para “facilitar coartadas y justificaciones preventivas a los malos empresarios”. “El dragado debe ser un instrumento de generación de riqueza, de crecimiento del tejido industrial y productivo y de creación de empleo, no de chantaje a la ciudadanía de Sevilla”, sostuvo el jueves.
Estas palabras no sentaron bien a Alfonso Vidán, responsable provincial de CC OO y defensor del proyecto. La dirección sevillana del sindicato ha desautorizado a Pino y ha reafirmado su apoyo al dragado. Este periódico ha intentado (sin éxito) conocer la opinión de los responsables regionales de CC OO. Fuentes de esta central sostienen que se está fijando una postura sobre el dragado y recuerdan que el proyecto afecta a tres provincias: Sevilla, Cádiz y Huelva, todas ellas con unos importantes puertos.
La Junta mantiene las dudas
El último pronunciamiento oficial de la Junta de Andalucía sobre el proyecto es del 4 de mayo de 2012. El anterior consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, envió una carta al actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, con copia a la Autoridad Portuaria. En el escrito se recordaba que las conclusiones de la comisión científica de Doñana que evaluó el dragado de profundización eran "condición vinculante" de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Esa comisión, partiendo del profundo estudio elaborado por el CSIC, concluyó que el proyecto no era recomendable en la actual situación y que primero se debía mejorar la salud del estuario con una gestión integral, algo que no ha ocurrido.
Luis Planas, actual consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sostiene que aquella carta sigue siendo válida. Es decir, la postura de la Junta no ha cambiado. “Tenemos la misma posición”, recalca Planas. “En el supuesto de que el puerto no siga las recomendaciones de la comisión científica sería necesaria una nueva DIA”, añade. El ministerio, que calla de momento, es el que tiene la última palabra sobre un proyecto que el puerto quiere trasladar al departamento de Cañete en abril.
Pero hay otros pronunciamientos que pueden ser determinantes. La ampliación del dragado incide en dos lugares inscritos en la Red Natura 2000: Doñana y el bajo Guadalquivir. La Junta debe emitir un informe de afección. En la carta de hace un año, la consejería, partiendo de los estudios científicos, adelantó que ese informe de afección sería negativo, lo que implicaría una consulta previa a la Comisión Europea. Precisamente, el 80% de la obra del dragado —cuyo coste es de 31 millones— se financia con fondos europeos. En este sentido, Planas cree que, “teniendo en cuenta la importante financiación europea que requiere el proyecto, se ha subestimado mucho el valor de los pronunciamientos de la UE y de la Comisión Europea”.
La comisión tiene abierta una queja por los dragados. Además, varios estamentos internacionales —como Unesco, Ramsar y el Consejo de Europa— han condicionado la renovación y mantenimiento de los galardones y reconocimientos de los que goza Doñana a que el dragado no afecte negativamente a este emblemático espacio.
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