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Las ITV dejan a Oriol Pujol en el taller

La imputación por tráfico de influencias del delfín de Artur Mas se basa en los ‘pinchazos’ telefónicos Los implicados le consideran el benefactor en la red

Jesús García Bueno
Oriol Pujol, durante la rueda de prensa en la que anunció que delegaba de sus cargos de secretario general del partido y de presidente de CiU.
Oriol Pujol, durante la rueda de prensa en la que anunció que delegaba de sus cargos de secretario general del partido y de presidente de CiU.Alberto Estévez (EFE)

Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat y firme candidato a suceder a Artur Mas, vive los días más amargos de su carrera política, truncada abruptamente por su imputación en una supuesta trama que pretendía amañar concursos públicos de estaciones de ITV. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) era previsible. Y Pujol sabía que podía producirse desde hace año y medio, cuando su nombre apareció por primera vez en un informe de la fiscalía como objeto de investigación en el caso Campeón.

El caso de las ITV, la derivada catalana de Campeón, se ha convertido en un larguísimo vía crucis para el dirigente nacionalista, que tras su imputación ha “delegado” sus funciones en el partido, pero no ha renunciado a su escaño en el Parlamento autonómico. Pujol ve en su imputación la primera oportunidad para defenderse de las acusaciones, que por ahora se circunscriben a un delito de tráfico de influencias. La investigación sobre otros hechos irregulares, sin embargo, sigue abierta en un juzgado de Barcelona.

200.000 euros para la esposa de Oriol Pujol

Los jueces consideran que, si Oriol Pujol apoyó la trama corrupta de las ITV, fue para lucrarse personalmente. Tomando como base los informes de la Agencia Tributaria y del fiscal, los magistrados concluyen que estaba prevista una participación indirecta del dirigente nacionalista en una empresa que iba a salir beneficiada con nuevas adjudicaciones, Upprime Energy. Si su nombre no figura en esa empresa, ¿cómo se iban vehicular sus pagos por el apoyo político recibido?

A la espera de que Oriol Pujol declare como imputado (su abogado quiere que sea ya, para evitar su “indefensión”) y de que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, prosiga sus pesquisas en busca de nuevos hechos delictivos —las pesquisas siguen siendo secretas— los investigadores manejan una hipótesis: Oriol Pujol cobró a través de su esposa, Anna Vidal Maragall.

Desde los años 90, Vidal mantiene una relación laboral con Alta Partners, una empresa de asesoría propiedad de Sergi Alsina, amigo de la familia. En 2011, Vidal giró una factura de 200.000 euros a Alta Partners en concepto de “asesoramiento” por una deslocalización industrial en Cataluña.

La compra por Ficosa de la planta de Sony en Viladecavalls (Barcelona) dejó a Alsina unos beneficios de tres millones de euros por asesoramiento. Hacienda considera que esa y otras facturas pueden no responder a ningún trabajo realizado realmente y ser, por tanto, fraudulentas.

En el sumario figuran conversaciones entre Alsina y Vidal, en las que el primero le indica a la mujer de Pujol cómo debe elaborar las facturas, qué conceptos debe incluir e incluso si los importes han de ser en cifras redondas o aproximadas. La defensa de Pujol, en cambio, sostiene que los trabajos existieron, subrayan que Vidal es una titulada universitaria con amplia experiencia y recuerdan que su relación con Alsina es mucho más antigua que el caso de las ITV.

La Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y los magistrados del TSJC coinciden en una tesis: que Pujol utilizó su “peso político” para “dirigir y coordinar” una trama de amaño de concursos de la inspección técnica de vehículos (ITV) para lucrarse personalmente. Él, en cambio, mantiene que solo hizo gestiones para mediar en el litigio abierto entre las empresas del sector y que ninguna irregularidad se deduce de las conversaciones telefónicas. Los pinchazos son la espina dorsal del caso, ya que la trama no vio cumplidos sus objetivos.

Las conversaciones

La docena de conversaciones en las que participa directamente Oriol Pujol (además de algunos mensajes de texto que intercambia con otros implicados) admiten toda clase de interpretaciones. Por sí mismas, no son concluyentes, sobre todo porque el número dos de Convergència Democràtica de Catalunya habla poco, rehúye compromisos y emplea un lenguaje prudente. “Cuando habla, Pujol es absolutamente neutral y su conducta es intachable”, defiende su abogado, Javier Melero, que ha pedido al TSJC el fin del secreto y que se cite a Pujol “a la mayor brevedad posible”.

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Pero Pujol está en boca del resto de imputados en la causa: los empresarios Ricard Puignou, Sergio Pastor y Sergi Alsina y los dirigentes políticos Josep Tous e Isidre Masalles, ambos vinculados a Convergència. El más locuaz es Pastor, que le apoda en conversaciones con terceras personas como “Zumosol”, “gran jefe” o “alto mando político”. No hay ninguna llamada directa con Pujol.

Pujol mantiene contacto, según los extractos del sumario, con dos amigos personales: Alsina y Tous. Según el TSJC, existió tráfico de influencias, entre otras cosas porque presionó a un ex alto cargo de la Generalitat, Enric Colet, para que designara a Tous como “mediador” del Gobierno catalán con las empresas de ITV, inmersas en cuitas judiciales por las adjudicaciones de estaciones bajo el tripartito. Pujol “era conocedor”, según los magistrados, de que Tous cobraba unos 2.000 euros al mes de los empresarios imputados para defender sus intereses privados. La resolución concluye que Pujol también presionó para colocar a Isidre Masalles en un puesto clave de las adjudicaciones por su presunta “docilidad” para ejecutar los planes de Tous.

En octubre de 2011, Pujol pregunta a Tous: “Si Itevelesa [empresa del sector] renunciara a las tres que tiene en Manresa... ¿Qué le podría caer aproximadamente, qué podría tener como compensación?”. El “mediador” le responde que lo ideal sería trasladarlas a otro municipio y concederles otra estación en la comarca del Baix Llobregat.

El papel de Alsina

Una pieza clave en la trama es el empresario Alsina, quien le propuso en una conversación en enero de 2011 “incorporar a Josep Tous para hacer un tipo de análisis más de modelo, de proyecto, de oportunidad”. “Me parece bien”, le contestó Pujol. Dos meses más tarde, el político le preguntó si Tous tendría “la oportunidad de entrevistarse con ese juez” inmediatamente. Ese juez es el magistrado del TSJC José Joaquín Ortiz Blasco, que había acordado las medidas cautelares solicitadas por el empresario imputado Ricard Puignou. Ortiz ha sido imputado a su vez por el Tribunal Supremo. Puignou logró así bloquear la adjudicación del tripartito; el objetivo último de la trama era lograr que se anulase el concurso para que se convocaran otros a su medida.

La beneficiaria de esas adjudicaciones amañadas iba a ser la sociedad nueva Upprime Energy, participada por Ficosa (70%) y, a través de otra empresa, por Pastor y Alsina (30%). “Te van a dar una ITV, ¿es que no la quieres? Te puedes ganar seis millones de euros (...) qué más quieres”, le dice Alsina a un alto cargo de Ficosa. Los jueces concluyen que Pujol “participó en la trama societaria ideada” para beneficiarse personalmente. El dirigente político “iba coordinando y dando instrucciones de forma periódica”. Hay “indicios” de que Alsina, con quien la mujer de Pujol trabajó muchos años, “compartiría” los beneficios de su 15% con Pujol.

Los seguimientos refuerzan esa hipótesis y muestran reuniones de trabajo entre Pujol y varios de los implicados. Sobre las negociaciones para constituir Upprime, es revelador un SMS de Alsina: “Oriol, ya hemos firmado. Esto empieza. Será un buen proyecto”. Esa misma noche, todos los implicados cenan en casa de Alsina, en Barcelona. Este llega a proponer más tarde que su nombre no figure en la nueva empresa para que no le “vinculen con Oriol”.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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