El fiscal pide tres años de cárcel por contaminar el acuífero de Torelló

Han pasado 13 años desde que el Departamento de Salud detectó que el agua de la red pública de Torelló (Osona) estaba contaminada con restos de disolventes industriales arrojados de manera incontrolada por dos empresas. Los vecinos siguen sin poder utilizar el principal pozo de captación de agua potable del pueblo, inutilizado por los vertidos de productos tóxicos que llegaron hasta los grifos tras filtrarse a un acuífero. Ahora, por fin, el caso está listo para juicio. El fiscal acusa a los presuntos responsables del desastre —dos gerentes y un director técnico de las empresas— de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de daños al dominio público hidráulico. El Ministerio Público pide tres años de prisión para cada uno de los tres acusados —un cuarto ya ha fallecido— y les reclama una indemnización de 1,2 millones de euros por los gastos de descontaminación.

“Las consecuencias [de los vertidos] todavía las pagamos hoy”

La aparición de peces muertos en el lecho del río hizo saltar las alarmas en Torelló. Era diciembre del año 2000 y nadie, salvo los responsables, se había percatado de que dos importantes empresas del mismo grupo que fabricaban piezas metálicas —Covit y Vem de Tapas Metálicas— llevaban al menos desde 1991 vertiendo “ilegalmente” disolventes clorados como el percloroetileno, utilizado para limpiar y desengrasar, para ahorrarse el coste de gestionar los residuos. Lo hicieron a través de dos pozos de los que se abastecían y desechando los disolventes por las salidas de aguas industriales. Los vertidos contaminaron el río, el acuífero y el pozo de captación de agua potable, generando “un grave riesgo para la salud pública”, según el fiscal, y la contaminación “crónica” del subsuelo.

“Ha tardado 13 años en llegar el juicio”, se lamenta Sergi Solà, del Grup de Defensa del Ter, asociación que se ha presentado como acusación particular en el caso y pide seis años de cárcel para los acusados. También se han personado en el caso como acusación el Ayuntamiento y la Agencia Catalana del Agua (ACA). “Las consecuencias todavía las pagamos a día de hoy”, relata Solà. La contaminación del pozo ha supuesto un enorme gasto al ACA, que asumió la depuración del agua de esta fuente hasta 2011, cuando dejó de abonar los cerca de 15.000 euros al mes que costaba. “El ACA mantiene que es el Ayuntamiento el que debe potabilizar el agua. Pero no es potabilizar, es descontaminar”, argumenta el alcalde, Santi Vivet (CiU). Como nadie se hace cargo del gasto, el pozo permanece cerrado y los restos tóxicos que lo impregnan tardarán años en desaparecer. El Departamento de Territorio, del que depende el ACA, no ha querido hacer comentarios.

Los análisis detectaron el doble del nivel de clorados permitido

Los análisis llevados a cabo por la Generalitat llegaron a detectar niveles de disolventes clorados que doblaban el permitido en las aguas del río. Aunque no han trascendido casos de personas afectadas por ingerir esta agua contaminada, los informes periciales dejan patente el “grave riesgo” para la salud que supusieron los vertidos. Los disolventes provocan irritación en la piel, son carcinógenos y depresores del sistema nervioso central.

Para el abogado del Grup de Defensa del Ter, Antoni Iborra, el caso tiene varios agravantes. Entre ellos, que una de las empresas intentó tapar la red de recogida de aguas residuales por la que se deshacía de los disolventes para que no la vieran los Mossos d’Esquadra que investigaban los vertidos. Iborra se queja también de que los acusados han maniobrado para “dilatar” al máximo el proceso y retrasar el juicio. El actual gerente de Covit (que absorbió Vem y ha cambiado propietarios) declinó contestar a este periódico, ya que la causa, dijo, no “afecta” al grupo.