Los dos fallecidos en el incendio de la M-30 murieron intoxicados por azufre
El ácido del sistema de baterías del túnel causó el sulfuro, según la autopsia Los responsables del mantenimiento de la vía se colaron en el subterráneo
Han sido necesarios varios meses para determinar al detalle qué causó la muerte de los dos empleados de la empresa de Mantenimiento de la Calle 30, Gregorio Camacho, encargado de los túneles, y Sergio Martínez, ingeniero responsable del área de mantenimiento, ocurrido el pasado 26 de octubre durante un incendio en el baipás sur de la M-30. La autopsia ha revelado que ambos inhalaron gases que contenían elementos sulfurosos, lo que indica que fue el incendio de las baterías lo que les mató, según explicaron fuentes judiciales.
Lo que está claro, según estas fuentes, es que ambas muertes corresponden a una naturaleza (etiología, en lenguaje forense) accidental. El forense remitió muestras de tejido de los pulmones de las víctimas al Instituto Nacional de Toxicología. Fueron los técnicos de este departamento los que hallaron una hemoglobina que solo surge cuando el cuerpo humano inhala elementos sulfurosos.
A partir de ahí, resolver la causa de la muerte era sencilla. Si la hemoglobina responde a causas sulfurosas, el origen tiene que ser este elemento (azufre). Este solo se encontraba en el lugar del incendio, el baipás sur de la M-30, en las baterías. Y más concretamente en el ácido sulfúrico. Al incendiarse estos acumuladores, liberaron al sótano un gas mortífero, según destacaron fuentes judiciales. Es más, la estancia podría estar sin humo visible, pero en la misma podrían mantenerse los gases en el baipás.
Las fuentes reconocen que no se puede saber el momento en que se produjeron los fallecimientos. Estos hallaron a las víctimas ya sin vida cuando acabaron las labores de extinción del fuego en una habitación próxima a las instalaciones afectadas, tras cuatro horas de presencia ininterrumpida de los servicios de emergencia.
De hecho, un informe de los propios Bomberos recoge que hasta en cinco ocasiones impidieron la entrada a la zona del siniestro a personas pertenecientes a Emesa, que no fueron identificadas.
La alerta del incendio se desató a las cinco de la tarde del 26 de octubre, cuando un transeúnte avisó de que había visto lo que le parecía una papelera ardiendo a la altura del número 96 de la calle de Valderribas. Las consecuencias eran mucho peores, ya que los bomberos comprobaron que se trataba de humo que salía de una rejilla de ventilación de la M-30. A partir de entonces se inició el protocolo para este tipo de emergencias.
Conforme avanzaban los trabajos de extinción del incendio, los operarios municipales comprobaron que había numerosas irregularidades en los diferentes sistemas de seguridad. No funcionaron ni los sistemas de detección de incendios ni las alarmas de fallo en las centralitas. Por todo ello, también falló la vaporización de agua sobre las baterías incendiadas. El sistema de protección debería haber funcionado de tal modo que soltara el nitrógeno almacenado en unas bombonas. Se encargaría de ahogar literalmente el incendio al eliminar de esa instancia el oxígeno que alimentara las llamas. Este sistema llevaba dos años sin pasar ninguna inspección pese a que es obligatoria la revisión cada año.
Los dos operarios trabajaban para la empresa Emesa. Este periódico intentó recabar ayer por la tarde, sin éxito, la versión de la compañía.
Múltiples fallos en la instalación
La empresa encargada del mantenimiento de los túneles de la M-30, Emesa, conocía desde hacía 10 meses que había fallos importantes en la seguridad. En concreto, no funcionaban ni el sistema de protección ni el de alarma contra incendios, según un informe de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid revelado ayer por la cadena SER.
Los responsables de esta empresa tenían sobre su mesa dos presupuestos para corregir las citadas deficiencias. El primer sistema consiste en expulsar agua nebulizada en caso de que se detecten llamas o humo. Estaba “fuera de servicio y parcialmente desmantelado, con lo que nunca funcionó, ni podía funcionar para controlar el incendio”, según el informe policial.
A esas irregularidades se une que la cámara de seguridad que había en el acceso al pozo incendiado “enfoca a la pared por causas que se desconocen, con lo que no aporta nada de interés a la investigación”. Según el informe, los investigadores creen que fue ese el lugar por el que entraron los dos operarios fallecidos tras inhalar humo con elementos sulfurosos.
Pero los fallos detectados en este pozo no son los únicos. Los policías judiciales también hallaron averiado el sistema de control de incendios en los otros tres pozos con que cuenta la M-30 soterrada.
El informe concluye que no existe una relación causal entre los fallos detectados y el fallecimiento de los trabajadores de Emesa. Los agentes les culpan de haber burlado la presencia de los bomberos y de la policía y de “cometer la imprudencia de acceder a la planta siniestrada”. Los daños materiales causados en la instalación de la M-30 se han estimado en más de 1,2 millones de euros.
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