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Los madrileños piden un cinturón verde

Las asociaciones de vecinos proponen concentrar los nuevos desarrollos en solo tres Quieren un impuesto para los pisos vacíos, e incluso expropiarlos para alquilar

Vista de parte de las obras de edificación en el Parque de Valdebebas (Madrid).
Vista de parte de las obras de edificación en el Parque de Valdebebas (Madrid).

Hasta el Partido Popular, bajo cuyo mandato se infló hasta reventar la burbuja inmobiliaria, admite que el modelo de crecimiento de Madrid en los últimos 15 años fue un disparate. “Pero estamos a tiempo de enmendar el error, a tiempo de conseguir una ciudad para las personas”, dijo hace un año la edil de Urbanismo, Paz González. Por entonces, la herramienta para reconducir un modelo basado en apurar todo el suelo disponible para construir cientos de miles de viviendas era el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento espera tener listo para 2015. Pero en otoño se cruzó la sentencia del Tribunal Supremo que convertía en suelo no urbanizable todos los barrios desarrollados desde 1997 (la mayoría, sólo sobre papel).

El Ayuntamiento se vio entonces obligado a corregir el desbarajuste ocasionado por la sentencia en la ciudad del presente, al tiempo que planeaba la ciudad del futuro. Optó por seguir la sentencia al pie de la letra, para evitarse así otro zurriagazo judicial. Justificó pues de forma adecuada la necesidad de convertir la mayor parte del suelo alrededor de la M-40 en urbanizable, que fue lo que el Supremo le afeó que no hubiera hecho en 1997, cuando decidió quitarle la protección medioambiental para construir pisos.

Promete concluir este remiendo en agosto, para que los 2.000 cooperativistas que esperan recibir su casa este año no sufran retrasos. Y sin abandonar entre tanto la preparación del nuevo plan, con el que pretende resolver los errores de los años de la burbuja.

El Partido Socialista, liderado por Jaime Lissavetzky, le ha echado en cara que no aproveche la corrección que le obliga a introducir el Supremo para empezar a revertir los daños de la burbuja. Hay 21 ámbitos afectados por la sentencia que, en vez de volver a considerarse urbanizables, se podrían mantener como suelo protegido. No todos, pero sí aquellos a los que la crisis pilló sin desarrollar aún y que tienen en las circunstancias actuales pocos visos de florecer en años. Esa es también la tesis de la Federación regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), que ha trasladado al Ayuntamiento un documento de 250 páginas. Estas son las principales propuestas de los vecinos para la ciudad del futuro.

» Coser y recoser Madrid. El documento, elaborado por Vicente Pérez Quintana junto a las asociaciones de vecinos, defiende que la capital está “acabada en precario”, y habría que “coserla y recoserla” con “el objetivo prioritario de rematarla en los bordes, descongestionarla, regenerar los ámbitos degradados, superar déficits dotacionales, suprimir los vacíos intersticiales internos, favorecer el acceso de los jóvenes al alojamiento, rehabilitar la edificación deficiente, erradicar el chabolismo y la infravivienda, restaurar el uso residencial de las viviendas vacías y desarrollar una rigurosa política medioambiental”.

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» Un bosque rodeando Madrid. El documento propone mantener los ámbitos afectados por el Supremo como terreno no urbanizable, para rodear así la ciudad con un anillo verde. En 1997, cuando se cedió ese suelo al ladrillo, la mayoría tenía un uso agrícola, que ahora podría revisarse para convertirlo en bosque. Al fin y al cabo, se señala, en Madrid hay 200.000 viviendas vacías. ¿Para qué construir más? La FRAVM alude precisamente a la crisis y a la precariedad de las arcas públicas para reforzar su idea de agrupar las viviendas proyectadas en determinados ámbitos y dejar el resto sin urbanizar. Apunta en concreto a Arroyo del Fresno, Atalayuela, Campamento y Valdebebas. Respecto al resto, señala que, como mucho, tienen aprobados sólo los instrumentos de planeamiento, por lo que revertir su situación aprovechando la sentencia no sería traumático. El Ayuntamiento no se opone frontalmente, pero cree que cualquier cambio deberá hacerse en el nuevo plan, y no en la revisión obligada por el Supremo. También es partidario de compactar los nuevos desarrollos, en vez de crear más barrios desperdigados con grandes avenidas; así, el terreno sobrante podría dedicarse a zonas verdes. Pero para ello debe negociar con los propietarios del suelo, que no se muestran demasiado dispuestos.

Para empezar, ya ha ofrecido a miles de cooperativistas en Los Berrocales y Los Ahijones, dos desarrollos paralizados por la crisis, una permuta de suelo para que hagan sus casas en El Cañaveral.

» Mezclar lo bueno y lo malo. Respecto a la ciudad ya consolidada, la FRAVM apuesta por la mezcla social para “huir de la formación de guetos o de áreas residenciales muy homogéneas” en clase social y edad de sus habitantes, y porcentaje de extranjeros. Quiere pues “entrecruzar residencias, oficinas, dotaciones, comercios e industria”, incidiendo en una distribución equitativa “de lo bueno (escuelas, metro, parques) y de lo malo (depuradoras, vertederos)”. Y enlaza con la cuestión de los nuevos desarrollos recordando que todos los vacíos interiores de la ciudad podrían emplearse para ubicar esas viviendas que se dejen de levantar en los alrededores para dar cabida al anillo verde.

» Expropiar pisos vacíos. Sobre “el problema de la vivienda”, propone eliminar barreras de acceso a determinados colectivos (jóvenes, rentas bajas), y mejorar las condiciones de habitabilidad (por ejemplo, instalando ascensores). Estima que la necesidad de nuevas viviendas no llegará a 15.000 anuales hasta 2015, y a 13.000 de ahí a 2020. Por tanto, no ve preciso reservar más suelo en las próximas dos décadas, pero sí actuar para que todo aquel que necesite una vivienda pueda tenerla. Ayuntamiento y Comunidad deberían así ofrecer pisos sociales en alquiler, y nutrir esa oferta con las viviendas de desahuciados. Además, propone un impuesto sobre las viviendas vacías, e incluso la expropiación temporal del usufructo, para que puedan ser alquiladas por las Administraciones.

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