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El informe que volcó el ‘caso Quality Food’

La Abogacía del Estado logró bajo la gestión del PP en la Zona Franca las pruebas contra Osuna

Miguel Osuna, exdelegado de la Zona Franca de Cádiz.
Miguel Osuna, exdelegado de la Zona Franca de Cádiz.EDUARDO RUIZ

Miguel Osuna anunció en 2004 la querella contra el ex propietario de Quality Food, Manuel García Gallardo. El entonces delegado de la Zona Franca del PP se presentó como un estafado. Como el hombre que había confiado en el dueño de un negocio aparentemente viable y con el que pretendía hacer ganar dinero al organismo que presidía. Hasta el año pasado la justicia creyó su denuncia y vio indicios de delito para proseguir con la instrucción de su querella contra García Gallardo. Pero nuevas pruebas aparecidas en 2012 han dado la vuelta al caso. Osuna ha sido imputado ahora por la jueza por considerar que participó activamente de este engaño. Las pruebas han llegado cuando gobernaba, de nuevo el PP, tras ocho años de mandato socialista. La Abogacía del Estado resume en un informe de 34 páginas la supuesta estafa urdida por Miguel Osuna.

“No es la situación ideal, la de tener que replantear los cimientos de la acusación en el estado de proceso en que nos hallamos, pero no podemos ignorar la realidad que se constata con las nuevas pruebas”. Así arranca este informe con el que la Abogacía del Estado pedía a la jueza que ampliase la imputación a Osuna por un delito de malversación. Hasta ahora la causa se dirigía solo contra García Gallardo y algunos de sus familiares y socios. “Miguel Osuna trató de borrar las huellas de su actuación, aún a costa de un notable perjuicio económico para la Zona Franca”. Según este informe, el ex delegado inició acciones judiciales contra García Gallardo, aunque era consciente de que no se correspondían a la realidad.

Quality Food nació el 14 de agosto de 2000. Su dueño, Manuel García Gallardo, era entonces dirigente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando. El empresario trató varias veces de conseguir un acuerdo con la Zona Franca. Pero no fue hasta la llegada de Osuna cuando se pudo consolidar este convenio. Entonces Quality se presentaba como una empresa del sector de alimentación con una previsión importante de creación de puestos de trabajo para un negocio de catering, servicio a comedores y comida prefabricada. El 30 de abril de 2001 consiguió la aprobación de un préstamo participativo de 900.000 euros. “Más dinero del que necesitaba”, según confesó el empresario. Fue el primer acuerdo entre ambas instituciones pero llegaron muchos más.

Miguel Osuna trató de borrar las huellas de su actuación Informe de la Abogacía del Estado

Según el relato del abogado del Estado, Osuna fue llevando a diferentes órganos de la Zona Franca acuerdos económicos con Quality Food, por las que está empresa obtenía apoyos millonarios. Pero lo hacía con datos irreales.“Entre Manuel García Gallado y Miguel Osuna había una connivencia para crear una apariencia falsa”. Era abril de 2001. Acababa de dimitir por varios escándalos el antecesor de Osuna, Manuel Rodríguez de Castro. El abogado del Estado recuerda que Osuna por aquellas fechas siguió adelante con otro fraude a la Zona Franca, el del portal informático Rilco, al aprobar nuevos pagos a una sociedad de Miami. Un dinero que acabó en cuentas de Rodríguez de Castro, según la instrucción de este otro caso, que se juzgará en la Audiencia Provincial el 24 de mayo, y por el que Osuna también ha sido imputado.

Miguel Osuna llegó a la Zona Franca para limpiar aquella imagen de corrupción que su antecesor había dejado. Pero para la Abogacía del Estado no solo no cumplió esta labor sino que continuó las malas prácticas y las amplificó. “Se valió de los mismos métodos de su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, para un uso fraudulento de las sociedades del consorcio de la Zona Franca con una finalidad delictiva”. Según este informe, su intenciones se fueron cumpliendo porque el resto de consejeros de esas sociedades “tenía nula independencia y no se les prestaba excesiva información”.

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El ex delegado fue así cerrando acuerdos cada vez más importantes con Quality Food, entonces saludada por autoridades como la alcaldesa Teófila Martínez como un ejemplo emprendedor. La empresa fue cerrando acuerdos con comedores de colegios, Guardia Civil y militares. Creó otro negocio centrado en el pescado, Quality Fish. Osuna planteó incrementar el dinero público en la compañía. Según consta en este informe, hubo reticencias de algunos vocales del comité de Zona Franca a esas nuevas aportaciones, pero Osuna las esquivó prometiendo una auditoría a la empresa. “Todo era una mera simulación”, dice el informe.

Algo ocurrió que Osuna y García Gallardo se distanciaron. De esa distancia llegó la decisión de la Zona Franca de comprar la mayoría de acciones de Quality Food el 23 de diciembre de 2003. Y los que habían ido unidos se enfrentaron en los juzgados. En una sorprendente decisión, Osuna encargó a su jefe de gabinete, José Manuel Federiani, un informe para analizar la situación de Quality. Aquel documento sería la base de la querella que luego presentó la Zona Franca contra García Gallardo, puesto que recogía todas las supuestas irregularidades cometidas en este tiempo por el empresario. Pero para la Abogacía del Estado es un informe parcial y falso. Otra más de la argucias para ocultar su papel en el auge de Quality.

La jueza ha dado por bueno este informe y Miguel Osuna tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados junto con Manuel García Gallardo. Lo hará casi una década después de haber anunciado su querella. La querella que se le ha vuelto contra él.

El “Bárcenas gaditano”

Miguel Osuna justificó cada una de las decisiones tomadas en la Zona Franca en el consejo y asesoramiento del abogado del Estado asignado al Consorcio fiscal gaditano. También lo hizo su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro. Así que cuando sobre ambos cayó la losa de la sospecha y las acusaciones de corrupción trataron de echar las culpas a ese abogado. Es la misma Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Zona Franca, la que ejerce las acusaciones más contundentes contra ambos dirigentes. Incluso superior a la que plantea la Fiscalía o la que en el caso Rilco ha presentado el PSOE. Durante muchos años, el PP, en defensa de estos dos delegados, acusó a la Abogacía del Estado de haber orquestado estas acusaciones para salvarse de sus propias culpas. Va a ser uno de los argumentos de las defensas de ambos delegados.

La imputación a Miguel Osuna por malversación ha sido decidida por pruebas recabadas en 2012, es decir, cuando ya en Zona Franca ha vuelto a gobernar el PP, ahora con Jorge Ramos como delegado especial. Durante el anterior mandato socialista de José de Mier, se interpusieron las demandas y querella por Quality Food, pero no se formalizó una acusación contra Miguel Osuna. Eso ha producido una controvertida situación para el PP. Ha sido un delegado de este partido, Jorge Ramos, el que ha denunciado a Miguel Osuna por malversación. Pero el PP defiende y paga su abogado al ex delegado. Ramos ha llegado a declarar en que confía en Osuna pero que no tiene otro remedio que atender el requerimiento de la Abogacía del Estado.

Uno de los aspectos más interesantes del próximo juicio que se celebrará por este caso, será el papel desempeñado por otros dirigentes del PP en el auge de Quality Food. También conocer qué dirá Miguel Osuna sobre sus compañeros de partido. Al contrario de lo que le ha sucedido a Rodríguez de Castro, defenestrado por toda la cúpula del PP, Osuna conserva el cariño y apoyo de los suyos. El PSOE ha preguntado esta semana si se trata de una especie de “Bárcenas gaditano”, al que su partido respalda y paga su abogado por todo lo que sabe y calla.

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