Orihuela desahuciará a la Generalitat por ocupar un edificio sin pagar
El Ayuntamiento construyó los juzgados y no ha recibido ni dinero ni la permuta prometida La portavoz municipal pide a la Generalitat que "si no tiene dinero que lo pinte"
Toda paciencia tiene un límite, y la del Ayuntamiento de Orihuela también. El consistorio construyó el nuevo edificio de los juzgados, en el que invirtió seis millones de euros. El compromiso era que la Generalitat, mediante convenio, cedería al Ayuntamiento el antiguo inmueble de los juzgados y se gastaría 3,5 millones de euros en nuevo centro de salud.
Los años han pasado, el convenio está sin firmar y la Generalitat está sin pagar alquiler ni contraprestación alguna ocupando un edificio municipal. Así que el equipo de gobierno municipal, integrado por PSPV y Verdes ha aprobado este martes iniciar los trámites para presentar una demanda de "desahucio por precario" del Palacio de Justicia contra la Generalitat. El edificio, de titularidad municipal, está "pagado y escriturado" por el consistorio y lleva "ocupado ocho años sin ningún tipo de convenio", según ha acordado la Junta de Gobierno Local.
La portavoz del gobierno municipal, la socialista Antonia Moreno, en rueda de prensa, ha asegurado que el Ayuntamiento lleva "más de un año" intentando firmar un acuerdo con el Consell para desarrollar la rehabilitación de los antiguos juzgados de la población como centro de salud. Pero no hay ningún tipo de compromiso por ese motivo han acordado emprender las acciones judiciales.
Moreno ha indicado que el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, anunció que, antes de la pasada Navidad, "suscribiría el acuerdo al que había llegado" con el municipio, después de haber mantenido varias reuniones con el alcalde, Monserrate Guillén, el secretario autonómico de Hacienda y con el director general de Patrimonio.
"Hasta aquí hemos llegado. Tienen un borrador de convenio que le enviamos, tienen tasaciones nuestras, documentación del registro, nos han tenido trabajando intensamente durante todo un año y desde que Serafín Castellano es consejero de Justicia, se apagó la luz", ha resaltado.
La portavoz ha explicado que el consistorio y Consejería alcanzaron un acuerdo "muy ventajoso socialmente para Orihuela", por el cual la Generalitat tenía que construir un centro de salud en la zona del Rabaloche de la población por 2,1 millones de euros, así como permutar los edificios de los nuevos y los antiguos juzgados, pagando otros tres millones "de diferencia de valor entre ambos".
En este sentido, Moreno ha agregado que se propuso "una compensación en obra", consistente en rehabilitar el "antiguo" inmueble judicial para habilitar allí el centro de salud "hasta que la situación económica mejorara y la Generalitat pudiera construir un recinto nuevo en el solar reservado al efecto, con la única condición de que estuviera ejecutada la obra antes de fin de 2012".
Además, ha puntualizado que tras su "última" visita, los representantes del Consell "se llevaron" nombres de empresas que "estaban dispuestas" a realizar la actuación y a financiar a Conselleria "con pagos aplazados". "No hay marcha atrás, asumo las consecuencias de esta decisión, pero primero está este pueblo y la deuda tiene ya 10 años, si no tienen dinero que lo pinten", ha recalcado.
Dinero o permuta
El Ayuntamiento designará en los próximos días un abogado y un procurador, al tiempo que este martes se comunicará la decisión a la decana del Palacio de Justicia de Orihuela. "Queremos la permuta, queremos el dinero --que ha cifrado en tres millones de euros-- y con ese importe, que es de todos los oriolanos, construir el centro de salud", ha afirmado.
"Este es el momento en que ni están ni francamente les esperamos. Particularmente me he cansado de esperar, no he querido creer a quienes me avisaron de que llegaría este punto. Confieso que he defendido siempre al secretario autonómico, a la Consejería, confieso que he confiado en la palabra que me dieron, he pecado de ingenua", ha reconocido la portavoz municipal.
Por su parte, la presidenta del PP de Orihuela y concejal en el Ayuntamiento, Pepa Ferrando, ha manifestado que la medida aprobada por la junta de Gobierno local "es nula de pleno derecho", y ha incidido en que ha sido acordada sin el "preceptivo informe" de Secretaría. Ferrando ha anunciado que la formación 'popular' "emprenderá acciones legales, porque no se pueden tomar acuerdos sin informes técnicos".
