La corrupción asedia al PP de Santiago

Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de gabinete de la alcaldía Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Junto a ellos también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes, empresario y organizador de eventos.

La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el sumario Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y que ya supuso la imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de Educación, Rebeca Domínguez. Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició los arrestos de ayer en Santiago incluidos registros en el Ayuntamiento, en los domicilios familiares de los detenidos, en la sede de la empresa adjudicataria y también en la vivienda del anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir cuando Hacienda le denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano derecha de Conde Roa.

Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la juez. La policía se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa, Espadas y Vázquez Aldrey y requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos de Aquagest, el servicio de la grúa y hora y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los ordenadores en busca de correos electrónicos. Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los servidores informáticos del Ayuntamiento en varios departamentos.

Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre Espadas, hombre fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y que fue ascendido a gerente de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con capital de Aguagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas que manejaban los detenidos, según se desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar el tiempo de concesión a cambio de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad.

Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales. Las presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó a anunciar en un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de infraestructuras con financiación público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue destituido por su sucesor, Ángel Currás, el negocio se frustró.

Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el gobierno de Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El concurso había sido convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la adjudicación a la empresa que finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno, desbancando a su rival del grupo Vendex, que la juez sitúa en el epicentro de la Operación Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció irregularidades en el proceso, que acabó recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez Aldrey, también pasó la noche en los calabozos.

El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la querella de un policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones. Conde Roa está acusado de defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado funcionario, el mismo delito que la juez investiga en su sucesor, también encausado en la Operación Pokemon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex, igual que su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, Francisco Castro, está imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado en la precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en comisaría arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos sumarios, admitió ayer que lo que pasa en su partido en Santiago “no es normal” y animó al gobierno local a pedir disculpas.