50.000 familias están pendientes de 250 millones de ayudas a la vivienda
Decenas de afectados solicitan ante la consejería que las ayudas no prescriban La Generalitat debe las ayudas a unas 50.000 familias desde marzo de 2009 La Consejería replica que no prescribirán pero reconoce que no hay presupuesto
“Nos sentimos totalmente engañados, estafados”, denunció ayer a las puertas de la Consejería de Territorio Emilio Soriano, uno de los 50.000 valencianos a los que la Generalitat adeuda 250 millones de euros en subvenciones por la compra, alquiler y rehabilitación de viviendas. No fue el único. La Plataforma de Afectados reunió más de un centenar de personas ante la sede oficial y se registraron 500 escritos contra la prescripción.
La Generalitat dejó de abonar las subvenciones del Plan de la Vivienda en marzo de 2009, de ahí que los beneficiarios esperen las primeras prescripciones en poco tiempo. “Me quedan dos semanas y si no la abono \[la ayuda\] tendré que refinanciar la deuda”, continua Soriano.
Los impagos
Afectados. 50.000 familias valencianas tienen reconocida ayudas del Plan de la Vivienda por compra, alquiler o rehabilitación. Se dejaron de abonar en marzo de 2009.
Cantidades. La Plataforma de Afectados por el Impago estima las cantidades pendientes en 250 millones de euros.
Prescripción. Según dijo la Sindicatura de Greuges a los afectados, la ayuda prescribe a los cuatro años por lo que es preciso reclamar el pago para evitar la prescripción.
Ayuda media. Hay beneficiarios con ayudas pendientes desde los 4.000 euros a los 19.000. La media oscila entre los 10.000 y los 12.000 euros.
Negociación. La consejera de Territorio, Isabel Bonig, recibirá a la plataforma a final de mes. Asegura que la ayuda no prescribe.
El drama ha saltado por las exigencias de bancos y cajas. Estos anticiparon a los particulares la subvención pero transcurridos dos años, la Generalitat no las ha abonado y las entidades financieras exigen ahora el reembolso del adelanto. “Fabra hablaba hace unos días de su política de excelencia en materia de vivienda. Y ¿dónde ve él la excelencia?, con el dinero que nos debe”, se quejó este afectado.
La ley de Hacienda Pública ampara a la Generalitat y condiciona el pago de estos incentivos a que haya disponibilidad presupuestaria. Y si no hay dinero, como es el caso, prescriben. Francisco Domínguez, portavoz de la plataforma, no se cree las declaraciones de la consejera de Territorio, Isabel Bonig, cuando dice que el pago de la ayuda no se extingue. Ellos prefieren seguir el consejo de la Sindicatura de Greuges, que les ha recomendado que registren la petición de cobro ante la consejería.
Fuentes del departamento de Bonig explicaron poco después de la protesta que la consejera se reunirá con ellos a final de mes. Y aseguraron que las ayudas no prescriben de oficio e insistieron en que la consejería las abonará cuando disponga de presupuesto. Ahora no lo hay.
Los afectados quieren obtener un calendario de pagos y que su deuda se abone con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como se ha hecho con otros colectivos como los farmaceúticos, los dependientes o los proveedores. Pero no hay reacción oficial.
“Compramos una vivienda de protección oficial y ahora no podemos venderla, no podemos alquilarla y no nos pagan la ayuda. Necesitamos una solución”, reclamó Domínguez. Este recuerda que parte de las indemnizaciones del plan de vivienda sirvieron para sufragar el expediente de regulación de empleo del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).
La diputada socialista María José Salvador, que se unió a la protesta, explica que la Generalitat aprobó en octubre de 2012 una modificación de crédito de 5,5 millones de euros para abonar las ayudas a 1.400 personas, la mayoría apremiadas por las entidades financieras. No se pagaron. En los presupuestos para 2013 se han consignado 3,6 millones destinados para otros 500 afectados. Pero, de momento, no se conoce del pago de subvención alguna.
El Grupo Socialista ha pedido, según Salvador, la creación de una comisión de estudio para que el Consell explique el “orden de prelación” a la hora de pagar y los criterios para la selección de las personas que figuran en el listado. “Los socialistas no pararemos de presentar iniciativas en las Cortes Valencianas y de plantear una acción reivindicativa y de apoyo a la Plataforma de Afectados hasta que se paguen las ayudas”, anunció la diputada.
Los afectados se han constituido en plataforma hace poco y utilizan las redes sociales, concretamente facebook, para organizarse. Por separado, no se hacían una idea de que eran tantos. Su intención es convocar nuevas acciones y contactar con posibles afectados de otras comunidades autónomas españolas, pues intuyen que hay más casos como los suyos.
De los 50.000 beneficiarios de ayudas, al menos 30.000 son del cheque vivienda, según cálculos de la plataforma. Las cantidades pendientes oscilan de los 4.000 a los 19.000 euros, añade el colectivo, que aventura que la media por afectado ronda los 10.000 o 12.000 euros. “No hemos visto voluntad del Consell y menos todavía de los bancos. Jamás podíamos imaginarnos que la Generalitat no pagara unas ayudas apoyadas por resolución oficial. Suena increíble”, concluyen.
“Han expedido cheques sin fondos”
Agustín Peñarrocha, de 41 años, compró con su pareja un piso de promoción pública en Paterna hace tres años “a precios de burbuja”, describe. La Generalitat les otorgó una subvención de 11.100 euros de la que no han visto ni un euro.
Su situación económica ha empeorado desde entonces y los dos, de profesión vigilantes de seguridad, están en el paro y sin prestaciones. “Dejas de hacer cosas para poder pagar la hipoteca... Ya hemos pedido al banco que nos adelante la deuda pero nos han dicho que no. Dentro de seis meses procederán al embargo y luego llegará el desahucio”, anticipa.
A diferencia de otros beneficios del cheque vivienda, Agustín no fue agraciado con un anticipo del banco, por lo que el cobro del dinero sería un gran alivio para sus obligaciones hipotecarias. “El problema es que la Administración, que es la que me debe el dinero, no me lo da, cuando sí se lo está entregando a esos señores de los bancos. Me parece una situación patética”, se queja.
Este vigilante de seguridad insiste en que ha firmado un contrato con la Generalitat y el Ministerio de Vivienda “y lo están incumpliendo flagrantemente. Por eso he venido hoy [por el lunes] a protestar”.
Jaime cuenta que el otro día estuvo en el PROP —oficina de proximidad de la Generalitat— y “hay mucha gente a la que le ha prescrito la ayuda y ni siquiera lo sabe”. “Los bancos y la Administración les dicen que no prescribe pero no es verdad. En el PROP les han dicho que ya han entrado en el proceso de prescripción y entonces poco se puede hacer”.
Según la plataforma, la Generalitat “ha expedido cheques sin fondos”.
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