“Lo que ahora se conoce de Blasco no es ni la mitad de lo que vamos a saber”
Los socialistas quieren llevar su acusación más allá del fraude en cooperación
“Lo que ahora se conoce de Blasco no es ni la mitad de lo que vamos a saber”. La diputada socialista Clara Tirado explicó ayer que la intención de su partido, aceptado esta semana como acusación particular por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el caso del fraude de las ayudas de cooperación, es extender la investigación judicial, en la que está imputado el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, a las adjudicaciones a la trama que encabeza el principal implicado, Augusto César Tauroni, en otras consejerías, coincidiendo con el paso de Blasco por ellas. El escándalo de las ayudas a ONG para el desarrollo forma parte, según el PSPV-PSOE, de un mecanismo de “corrupción sistemática”.
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, que compareció con la diputada que denunció en octubre de 2010 ante la fiscalía anticorrupción las irregularidades en las subvenciones de cooperación que han llevado a Blasco ante los tribunales, señaló que las sospechas sobre la actuación de Tauroni se remontan a 2001, cuando el PSPV-PSOE pidió un informe sobre la contratación irregular de un servicio de atención telefónica en Bienestar Social. La Generalitat se lo denegó. Desde entonces, comentó Torres, el grupo de Tauroni “ha ido saqueando los distintos departamentos”.
Clara Tirado quiere revisar los contratos de Tauroni con la Generalitat
Tirado recordó en este sentido que tiene pendiente revisar, como solicitó hace unos meses, los expedientes de las 22 contrataciones de la Generalitat con Tauroni que afectan a consejerías como Bienestar Social, Hacienda o Sanidad. La información relevante que consiga de esos expedientes será aportada a la causa en función de la valoración que hagan de ella el equipo jurídico y el propio PSPV-PSOE. “Este partido y esta diputada no pararán, no callarán, pase lo pase y caiga quien caiga, hasta saber la verdad”, añadió la parlamentaria después de que Torres recordara que los socialistas valencianos han hecho “un esfuerzo extraordinario”, dados los costes económicos que implica, para denunciar las “prácticas corruptas”. Eso los ha llevado a estar personados actualmente en los casos Ivex, Gürtel, Brugal, Blasco y Emarsa. La personación en el caso que afecta a Blasco fue calificada como una noticia “muy buena” por el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, que indicó: “Esta es la garantía de que se va a llegar hasta el final porque vamos a exigir que se devuelva hasta el último céntimo desviado de los fondos públicos”.
Torres señala que la trama “ha ido saqueando distintos departamentos”
Tirado, por su parte, se felicitó de que la juez del caso no haya aceptado la pretensión de Blasco de reducir las acusaciones particulares (está personada la coordinadora valenciana de ONG) a una sola voz y señaló: “Queremos acabar con la impunidad del que corrompe y también del que lo consiente, porque estamos convencidos de que Alberto Fabra no hará nada para apartar a Blasco de la vida pública, ni de su escaño”. La diputada calificó de “hecho absolutamente repugnante” que, como ha respondido la Jefatura de Aduanas a requerimiento de la juez, un contenedor supuestamente transportado a Guinea Ecuatorial con cargo a las subvenciones de la Generalitat para ayudar a niñas violadas que contrajeron el sida no fuera enviado en realidad a Malabo. La diputada se refirió también al hecho de que Blasco aprovechara “viajes presuntamente oficiales para visitar exposiciones de su hijo en Cuba, con el dinero de todos los valencianos”.
El portavoz y la diputada socialistas explicaron que han solicitado que se cree en las Cortes una comisión de investigación sobre el caso. “Fabra está siendo muy permisivo con la corrupción”, dijo Torres, que emplazó al presidente de la Generalitat a cumplir sus compromisos de transparencia y tolerancia cero aceptando que se constituya esa comisión.
El PSPV estudia llevar al juzgado la compra de la firma de la F-1
Cuando el juez José Castro tomó declaración en Palma de Mallorca a altos cargos valencianos como Luis Lobón o Isabel Villalonga, dentro de las investigaciones del caso Nóos, se quedó perplejo de que ciertos contratos de la Generalitat para eventos deportivos estuvieran sometidos a cláusulas de confidencialidad. Era el caso de la prueba de fórmula 1 en Valencia. Los socialistas valencianos se han quedado también perplejos al saber, gracias al informe de la Sindicatura de Comptes sobre 2011, que la compra por la Generalitat de la empresa privada que organizaba el gran premio de automovilismo, Valmor Sports, no sólo implicó perdonarle deudas de 14 millones de euros sino que sirvió para eximir de cualquier responsabilidad legal a sus gestores y se justificó porque, en caso contrario, habría que satisfacer más de 71 millones de dólares a Bernie Ecclestone, el patrón de la F-1, en concepto de penalización.
Como ya anunciara la diputada Eva Martínez, el PSPV-PSOE ha pedido una comisión de investigación de la compra de Valmor en las Cortes Valencianas. El portavoz socialista, Antonio Torres, lo reiteró de nuevo ayer. Pero no descartó que el caso acabe en los tribunales, si el PP se niega a aceptar la propuesta. Bien mediante la presentación de una querella, bien mediante una denuncia ante la fiscalía, el partido que lidera Ximo Puig se plantea seriamente la posibilidad, dadas las sospechas fundadas de que en la operación de compra se ha incurrido en irregularidades legales que tienen su causa en aspectos confidenciales del contrato para la organización de la F-1 en el circuito urbano de Valencia, un documento del que el Consell se ha negado reiteradamente a dar cuenta a los grupos de la oposición.
