Un nuevo desalojo en las naves del Poblenou cerca a los chatarreros

¡Gas! ¡Gas! ¡Gas!”, es lo que alcanzó a oír desde la acera Guiso. Lo gritaban sus compañeros con los que se había mudado a una nave industrial del número 47 de la calle de Sancho Ávila. Dos días antes, la Guardia Urbana les había echado de otra nave, en la calle de Zamora, también en el barrio de Poblenou. Les estaban expulsando, otra vez, de su nuevo hogar. A las nueve de la mañana, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo un desalojo exprés después de que el propietario presentase una denuncia por la ocupación.

La intervención policial acabó con ocho detenidos, el uso de un espray de sal y pimienta por parte de un agente, y acusaciones cruzadas de actitudes agresivas, pedradas y palazos. Según la policía, los ocupantes del edificio además lanzaron algún tipo de producto químico que causó irritaciones oculares a las personas que se encontraban en el lugar.

“No pude entrar a por mis cosas”, se lamenta Guiso, de 33 años y nacional de Ghana. Desconoce qué ocurrió exactamente en el desalojo porque no estaba dentro. A su entender, las instituciones les están haciendo la vida imposible. “Somos pobres, estamos buscando la manera de ganarnos la vida, y no nos dejan”, lamenta.

Los asentamientos en el barrio de Poblenou, 25 según el Ayuntamiento, se han convertido en un serio problema. Sobre todo para les personas que viven en ellos. Cinco de los detenidos por los Mossos ya fueron expulsados de la calle de Zamora el lunes. Y la situación se “agravará” si se “opta por la represión policial”, alertó el presidente de ICV-EUiA en el Ayuntamiento, Ricard Gomà.

“No nos han ayudado en nada”, se queja Guiso. Aunque el Ayuntamiento lo niega tajantemente. “Se le ha ofrecido a todo el mundo alojamiento, independientemente de su situación administrativa”, repite el comisionado de Inmigración en el Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Esteve. El consistorio ofrece un techo a todo aquel que “si sale de la nave se ve obligado a dormir en la calle”.

De los 47 desalojados el lunes de la calle de Zamora, solo seis aceptaron la ayuda del Consistorio. Algunos, según explica Esteve, lo rechazaron porque tenían amigos u otra forma de salir adelante. Aunque insiste en que el caso de Sancho de Ávila no es un asentamiento propiamente dicho. “Es un asalto a una nave vacía. Cuando el propietario ha visto que han violentado la puerta, ha llamado a Mossos”, matiza.

“No se han respetado las garantías suficientes y han infringido el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Llevaban ya dos días allí”, lamentó el abogado de los ocho detenidos (cinco subsaharianos y tres españoles), Andrés García. La Xarxa de Suport als Assentaments critica que el Ayuntamiento carece de un plan definido de inserción a las personas desalojadas. Lo que acaba provocando que muchos de los chatarreros de la zona no acepten su ayuda. “Encima es invierno, hace frío... ¿Dónde piensa que irá toda esta gente? Si les sacan de un sitio se tendrán que meter en otro”, reflexiona Montse Milà, miembro del colectivo.

Esteve admite que las líneas están por definir, pero recalca que el alojamiento está garantizado para quienes lo necesiten. A su entender, se está haciendo un uso político del conflicto. “Me molesta profundamente que se quiera generar desconfianza hacia el Ayuntamiento porque eso solo conseguirá que algunas personas acaben durmiendo en la calle”, asegura.