La deuda valenciana se dispara a cotas históricas a pesar de la ola de recortes

La Generalitat fue durante toda la década pasada una de las Administraciones autonómicas más endeudadas de España. La valenciana, de hecho, llegó al principio de la crisis como la autonomía que más carga de deuda arrastraba relación a su Producto Interior Bruto (PIB): el 12,1%. Un porcentaje que muchas voces consideraban una losa para el futuro del territorio, pero que se ha quedado en poco cuatro años después. A pesar de la mayor ola de recortes de gasto público que se recuerda, la Generalitat ha sumado desde 2008 prácticamente la misma deuda que había acumulado en toda su historia. Ha pasado de deber 13.052 millones hace cuatro años a 25.574 millones.

Esa montaña representa hoy el 25% del PIB y tiene como consecuencia una altísima factura en gastos financieros —principalmente, pago de intereses— que, según las previsiones del Consell, crecerá el año que viene un 55% respecto a 2012 hasta los 1.275 millones de euros.

Una tendencia que el catedrático de la Universitat de València Javier Andrés considera “insostenible” y que todos los expertos consultados achacan, en primer lugar, al pésimo efecto para la Comunidad Valenciana del actual modelo de financiación autonómica. Pero no solo a eso.

“El problema es que, durante el largo periodo de crecimiento anterior a la crisis, las comunidades no aprovecharon la bonanza para mantener controlada su ratio de deuda. Se lo gastaron todo y más, lo cual está relacionado con la mala gestión”, afirma Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico del CSIC con sede en Barcelona.

Como en otros ámbitos, los dirigentes de la Generalitat tomaron como real el espejismo de riqueza —e ingresos fiscales— generado por la burbuja inmobiliaria. “El Gobierno valenciano incurrió en el error de pensar que lo que era coyuntural iba a ser permanente”, indica Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico, cuando no era así. El crash inmobiliario y su efecto en muchos sectores vinculados indirectamente con la construcción ha tenido como efecto un derrumbe de los ingresos. Entre 2009 y 2011, esa caída fue del 30%, y el desplome ha continuado este año, del que aún no hay datos consolidados.

La información que regularmente publica el Banco de España proporcionó hace unos días una buena noticia. La deuda de la Comunidad Valenciana (y de la mayoría de autonomías) cedió ligerísimamente en el tercer trimestre de 2012 por primera vez en cuatro años. En concreto, una cantidad algo inferior al equivalente al 0,1% del PIB. El asunto, sin embargo, tenía un cierto truco. Al mismo tiempo que daba a conocer los datos del tercer trimestre, el Banco de España imputaba al segundo trimestre la factura del plan de pago a proveedores que el Gobierno puso a disposición de las autonomías y que el Consell de Alberto Fabra utilizó de forma intensiva. La maniobra ha permitido que el sobresalto haya quedado amortiguado por la leve mejora del tercer trimestre.

Pero el efecto oficial de ello fue que entre el primer y el segundo trimestre del año la Comunidad Valenciana registró el mayor salto de endeudamiento de la serie histórica que el Banco de España ofrece desde el año 2000: 4.345 millones de euros más.

Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) considera, sin embargo, que se trata de un mal relativo. Lo que hizo el plan de pago a proveedores fue reconocer un caudal de deuda que el exconsejero de Economía Gerardo Camps y su entonces número dos José Manuel Vela ocultaron durante años, lo que no significa que no estuviera ahí. “El plan es positivo porque evita que las grandes dificultades de liquidez de las comunidades autónomas se trasladen a sus proveedores, como estaba y está sucediendo. El plan de pago a proveedores no genera más deuda, sino que reconoce la que había en los cajones”.

El plan de pago a proveedores puede no empeorar la situación (al menos, en términos reales), y tuvo la virtud de evitar una mortalidad empresarial inducida por la morosidad de la Generalitat aún mayor de la que se ha producido. Pero no va dirigido al núcleo del problema. “La solución pasa por que todas las comunidades autónomas, y en particular la valenciana, se pongan a recortar aún más o a subir impuestos”, afirma De la Fuente.

“Existe el riesgo de que se produzca un efecto bola de nieve: más déficit porque hay más deuda —y por tanto hay que pagar más intereses— y no porque se gaste más en servicios públicos”, señala Pérez. La única forma de abordarlo, coincide con De la Fuente el director del IVIE, es atajar el déficit y para ello recaudar más, gastar menos o hacer ambas cosas. “El problema es que ello tiene sus inconvenientes cuando la economía está en recesión”, porque tiende a agravarla, dice Pérez, “pero no hay milagros en este terreno”.

El déficit sigue, sin embargo, sin estar controlado. La Generalitat anunció que había cerrado 2011 con un déficit del 3,68%. El Ministerio de Hacienda ha acabado elevando hasta casi el 5%, y si el cómputo de las facturas ocultas que han aflorado con el plan a proveedores se hubiera realizado de otra forma podría haber sido peor. El objetivo de déficit de este año es del 1,5%, pero fuentes del Consell admitían hace ya algún tiempo que puede acabar casi un punto por encima.

La otra parte de la solución, coinciden los consultados, pasa por mejorar la financiación que recibe la Comunidad Valenciana. Una autonomía que De la Fuente considera “la peor financiada” de toda España tras haber desplazado de ese puesto a Baleares. Calculado en euros, Pérez apunta a que el territorio recibe cada año “cerca de 1.000 millones de euros menos de los que obtendría si obtuviera la media de financiación por habitante”. Dicho de otra forma, apunta De la Fuente, si la Generalitat quiere seguir prestando unos servicios públicos que se acerquen a los de otras autonomías debe forzar la reforma del sistema de financiación, porque la única alternativa a ello es continuar hundiéndose en el pozo de la deuda.