Ripoll, otra vez bajo sospecha
El agujero de 1,6 millones de euros en la empresa Geonet salpica de nuevo al expresidente de la Diputación de Alicante
“Esto tiene pinta a vendeta política”, apunta un funcionario de la Diputación de Alicante que acumula gran experiencia en la institución. El escándalo de la mala gestión de la empresa Geonet, una sociedad propiedad de Suma y dependiente de la Diputación, en la que se ha descubierto un agujero de 1,6 millones de euros pone en entredicho la gestión política del expresidente, José Joaquín Ripoll.
Durante los últimos meses de su mandato se han detectado facturas sin justificar debidamente por valor superior a los 113.000 euros. Una auditoria encargada por la nueva presidenta, Luisa Pastor, revela gastos en el año 2011 de viajes en fines de semana a Madrid, teléfonos móviles, comidas en las que no se detallan los comensales, gastos en floristería, ágapes en las fiestas de Fogueres y clases particulares de inglés. La presidenta de la Diputación ha encargado un informe jurídico, que estará listo la próxima semana, para determinar si se pueden demandar responsabilidades.
La empresa gastó en 2011 el doble de lo que ingresó, dice la Intervención
El descontrol en las cuentas de Geonet es palpable, un informe de la Intervención de la Diputación constata que en 2011 la sociedad gastó el doble de lo que ingresó, con un resultado negativo de 1.421.924 euros. En esta empresa, de Suma encargada de la revisión catastral de los municipios, ha trabajado durante estos últimos años Virgilio de la Vega, hermano de la esposa del expresidente, Joaquín Ripoll, Margarita de la Vega. Los dos máximos responsables de Geonet son el gerente, Esteban González Cuchillo, y el director económico, Antonio Bo, y fueron despedidos en octubre de 2011.
La auditoria concluye que hay una gran cantidad de pagos y facturas (cuyo importe total ronda los 113.000 euros) de Geonet “no hemos podido obtener evidencia adecuada y suficiente ni explicaciones sobre la autorización y la recepción efectiva de algunos de estos bienes o servicios prestados”, y agrega que resulta imposible determinar “si la naturaleza de estos gastos está relacionada con la actividad de la empresa y si son necesarios”. Pero el dilema está en saber quién se benefició de esas comidas, viajes y compras. “El que autoriza el pago es la misma persona que supuestamente lo disfruta, pero sin concretar detalles, ni el objetivo del gasto”, admiten fuentes de la Diputación. El escándalo de Geonet quizá “sea legal, pero es poco ético”, agregan.
No existe evidencia suficiente de una gran cantidad de pagos realizados
En el informe de la auditoria realizado por la empresa Mazars figuran 25 facturas a cuatro empresas y dos despachos de abogados, entre las que destacan, entre otros, nueve pagos mensuales, de 2.400 euros a uno de estos bufetes, siete facturas más de 4.000 euros a una consultoría técnica de arquitectura y otros 12.780 euros a otra empresa técnica de informática.
El informe concluye que en todos estos casos se refieren a trabajos que “no hay evidencia documental” de que se prestaran. Y luego figura una larga lista de facturas poco claras. Entre ellas, los 514 euros en comidas, desayunos y compras de cargadores en El Corte Inglés, entre febrero y abril, hay tres tiques de gasolina de entre 500 y 600 euros cada uno de ellos.
El gerente Esteban González Cuchillos pasó gastos de representación en Madrid y Castellón por valor de 1.264 euros, que coincide en fin de semana y sin especificar los beneficiarios, y otros seis viajes a Madrid en los que se gastó una media de 2.000 euros por cada uno de ellos. También figuran noches de hotel en fin de semana en la capital de España, dos de estos por valor de 1.455 euros, y otras facturas de agencias de viajes por varios desplazamientos sin acreditar.
Por otro lado, la auditoria desvela que la mercantil pagó 32.889 euros a una consultora privada externa para elaborar un informe que tenía como objetivo aprobar una subida de sueldo a los directivos. Y por si faltaba algo, detecta la desaparición de media docena de ordenadores portátiles, además de gastos de 26 teléfonos móviles que gastaron en un mes 11.785 euros, y el resto de meses una media de 2.500 euros.
Un rescate y sueldos suculentos
La empresa Geonet se creó en 2002 para ofrecer soporte tecnológico a los Ayuntamientos en la revisión del catastro, y durante los primeros años monopolizó el sector y dio beneficios, prueba de ellos es que entre 2007 y 2009 ganó 68.694 euros, según datos del Registro Mercantil. El problema, según un experto del sector, es que Google Earth empezó a ofrecer gratis las fotografías aéreas que ellos vendían, y, además, el Gobierno aprobó una ley que obliga al Ministerio y al Instituto Valenciano de Cartografía a ofrecer gratis esta información al ciudadano. “Se acabó el negocio y se vieron obligados a reorientarse”, admite. Ahora ofrecen servicios más especializados a los Ayuntamientos, y sobre todo trabajan con Suma en la revisión catastral detectando viviendas ilegales. Ahora trabajan 34 personas, y durante 2012 se ha acometido un plan de ajuste de plantilla, que supuso el despido en febrero de seis personas, entre ellas el hermano de la esposa de Ripoll, y otras tres que se fueron por motivos varios.
Geonet cambió su sede, del ático en la plaza de los Luceros con un alquiler de 7.000 euros al mes de la época de Ripoll, ha pasado a un local más amplio en el edificio Hispania por el que paga 1.000 euros mensuales.
El gerente de Geonet, Esteban González Cuchillo, tenía un sueldo anual de 76.996 euros, y en octubre de 2011, a los pocos meses de que Luisa Pastor asumiera la presidencia de la Diputación, fue despedido con una indemnización de 113.000 euros. En abril de 2011 la Diputación de Alicante, presidida por Ripoll, salió al rescate de Geonet y compró el 49% de las acciones de la mercantil Cadic. La operación supuso un desembolso de 1,8 millones de euros que se justificó con un informe realizado en 2011 sobre datos de las cuentas de 2009, dos años antes, según ha desvelado Pastor.
Ripoll, imputado también en la rama del caso Brugal referida al plan de residuos sólidos en Orihuela, está de nuevo bajo el foco de la sospecha. El actual presidente de la Autoridad Portuaria en Alicante defiende su gestión y recuerda que las cuentas de Geonet se aprobaron "por unanimidad", con los votos del PP y del PSPV, y rechaza cualquier acusación de irregularidad. "Y siempre en los temas de mayor calado se trasladó al pleno de la Diputación y se aprobó igualmente por unanimidad. No puedo decir nada más, no sé la presidenta a qué se refiere", dijo la pasada semana en un acto público.
Sin embargo, el escándalo de la gestión de esta empresa, ha coincidido en el tiempo con la celebración de las asambleas locales del PP en varias localidades. Unas elecciones en las que los políticos afines al expresidente provincial han presentado la batalla a los candidatos oficialistas, y en casos como en Orihuela han mantenido el poder y se han impuesto al aparato provincial. Y en política nada es gratuito. “Quieren neutralizar a Ripoll y matarle políticamente”, apunta un diputado socialista. Pero fuentes próximas a la presidenta de la Diputación insisten en que el tema no es político y que las responsabilidades en la supuesta mala gestión de la empresa se limitan al gerente Esteban González Cuchillo y al director económico, que fueron los que supervisaron los gastos y las cuentas. La presidenta ya advirtió en el pleno: “No me temblará el pulso en esta cuestión”.
