Robando a los parias del planeta

Los títulos de los proyectos de ayuda al desarrollo defraudados por la trama que, según los investigadores, dirigía el exconsejero y aún diputado popular Rafael Blasco, hablan por sí solos. “Proyecto contra la violencia sexual y la explotación laboral de niños y niñas y adolescentes en Guinea Ecuatorial” (296.988 euros de subvención). “Apoyo a la soberanía y seguridad alimentaria a través de las mujeres en situación de vulnerabilidad en Camerún” (270.334 euros). “Introducción al sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en El Salvador” (234.518 euros). Y otros muchos que figuran en el voluminoso sumario del caso como adjudicados al abanico de organizaciones dedicadas supuestamente a la cooperación y que en realidad, según el ministerio público, eran piezas del engranaje societario y empresarial que supervisaba Arturo Tauroni, estrechamente vinculado a Blasco, para apropiarse de las subvenciones.

Las situaciones extremas de los colectivos que debían recibir los fondos, entre las que según la fiscalía se incluye la frustrada construcción de un hospital en Haití tras el devastador terremoto de 2010, hacen del caso, probablemente, el más sucio de los muchos que se han destapado en la Comunidad Valenciana en los últimos años.

El sumario también permite seguir las prisas que aparentemente tenían el consejero y el resto de la red por dejar encarrilada la adjudicación de la construcción del hospital de Haití antes de que los cambios tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011 pudieran dejar fuera del Gobierno autonómico a Blasco, como así ocurrió. Y cómo el político popular, que también formó parte del Gobierno socialista de Joan Lerma en los años ochenta (del que fue expulsado por las sospechas de corrupción) continuó muy pendiente del proyecto en Haití y haciendo gestiones al respecto incluso después de haber abandonado el Consell.

Con el hospital para el país más pobre del hemisferio norte, la trama corrupta esperaba conseguir su mayor pelotazo conocido: cuatro millones de euros, de los que 177.000 se habían obtenido en una cuestación popular convocada por la Generalitat. Después del cambio de Gobierno y la dimisión del expresidente Francisco Camps, sin embargo, el proyecto encalló.

La mecánica supuestamente defraudatoria del caso tiene similitudes con otras graves causas de corrupción que se estaban desarrollando en esos mismos años, como el saqueo de Emarsa. El procedimiento consistía, básicamente, en hacer pagar a la Administración por humo: servicios, suministros y proyectos inexistentes. O reales, pero en una cantidad muy inferior a la acordada y, normalmente, a precios desorbitados. El dinero entregado por la consejería a las organizaciones, en muchos casos contra el criterio de técnicos y mandos intermedios del departamento, que desconfiaban de ellas o habían descubierto que no reunían los requisitos mínimos, era a continuación desviado al entramado organizado por Tauroni. Este controlaba una fundación, Hemisferio, y controlaba al menos 15 empresas, cinco de ellas en EE UU, por donde el dinero circulaba mediante facturaciones supuestamente simuladas para intentar borrar el rastro del dinero.

La propia Hemisferio, más Asade África, Esperanza sin Fronteras, Asamanu, Fudersa y Ceiba obtuvieron del departamento de Blasco 3,6 millones de euros. Y la supuesta organización para el desarrollo Cyes, obtuvo 1,8 millones de euros más en 2008. Según la investigación, iniciada con las denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y la de Compromís Mireia Mollà, la mayor parte del dinero acabó en manos de Tauroni, que lo invirtió en ladrillo y dio comisiones a otros imputados.