Las farmacias mantienen el cierre indefinido al desconfiar del Consell

Se decidía si otorgar otro voto de confianza al Consell, después de numerosos incumplimientos para pagar la deuda de 450 millones de euros contraída con los farmacéuticos. La casuística es muy variada y, en muchos casos, dramática, porque los profesionales no pueden hacer frente a las impagos. Las intervenciones de los titulares de farmacias se sucedieron la noche del miércoles en las asambleas celebradas en Valencia y Alicante. Se dirimía si se radicaliza la posición y continúa la huelga indefinida, que cumple su tercera semana con un seguimiento masivo, o se acepta la propuesta del consejero de Sanidad, Luis Rosado, para obtener algo de liquidez con el anexo de reiniciar las medidas de presión en cuanto se produzca un incumplimiento.

Al final, se impuso la primera opción y los farmacéuticos votaron mayoritariamente al filo de las 23 horas por continuar con el cierre indefinido, e incluso con el recrudecimiento de los servicios mínimos hasta lo que marca la ley. La desconfianza hacia los planes del Consell venció por una muy amplia mayoría tanto en Alicante como en Valencia (en Castellón se votará hoy). Tanto es así que se acordó pedir que la propuesta de la Generalitat esté por escrito y firmada por el consejero Luis Rosado, y por la subsecretaria de la Consejería de Hacienda, Carmela Cots. Rosado confiaba en su aprobación.

La propuesta no resuelve el problema de la deuda acumulada (correspondiente a los meses de mitad de mayo, junio, julio, agosto y septiembre), pero sí lo palia. Cada mes, la Generalitat debería pagar unos 114 millones de euros por la dispensación de medicamentos, de acuerdo con el concierto vigente.

Los boticarios cumplen su tercera semana de huelga y acuerdan recrudecer los servicios mínimos

Sanidad proponía pagar cuatro mensualidades en tres meses (entre noviembre y enero) por lo que además de cumplir con sus compromisos hasta final de año, reduciría la deuda viva en un mes y medio.

Los tres meses restantes quedarían pendientes de cobrar, para lo que la Generalitat plantea dos posibilidades, sin compromiso firme: se arbitraría un procedimiento especial a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o se prorratearía proporcionalmente en 24 meses.

Tanto el consejero de Sanidad, como el vicepresidente del Consell, José Ciscar, han incumplido repetidamente anteriores compromisos alcanzados con los boticarios para saldar el retraso en el paso de la factura por las recetas de la Seguridad Social que adelantan los farmacéuticos. Uno de los casos más sonados fue la ruptura del plan de pagos fijado en noviembre del año pasado. Solo se respetó el primer plazo del calendario, justo antes de la celebración de las elecciones generales. En consecuencia, los farmacéuticos convocaron protestas y hasta un cierre patronal de tres días que suspendieron al segundo día, después de que la Generalitat volviera a pagar.

Después, el Consell ha vuelto a faltar a su palabra. La situación de tensión ha llegado al extremo de que el 5 de noviembre pasado las farmacias de la Comunidad Valenciana decidieran organizar un cierre indefinido de dos de cada tres boticas.

Fruto de este clima de desconfianza, la presidenta del colegio de farmacia de Valencia, María Teresa Guardiola, por boca también de sus compañeros de Alicante y Castellón, ha obviado en sus últimas manifestaciones públicas a la Generalitat. Sus peticiones de ayuda se dirigían directamente al Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que diseñara algún tipo de medida que permitiera inyectar liquidez a los farmacéuticos y resolver los impagos de la Generalitat.

Esta —un mecanismo de apoyo estatal con fondos del FLA estatales— es una de las opciones propuestas por la Generalitat para saldar la deuda remanente de tres meses que quedaría tras su propuesta de hacer efectivas cuatro mensualidades hasta enero. Guardiola ha manifestado en distintas ocasiones que se han perdido 2.000 empleos en el sector.