Botella desaloja a 120 familias para vender sus pisos a una empresa

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), va a desalojar en diciembre a 120 familias que viven de alquiler desde hace décadas en edificios de protección oficial del centro para vender esos inmuebles a una empresa con problemas de solvencia, según denuncia Izquierda Unida, y en la que ejerce como consejero el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El Gobierno municipal ha calificado esto último de "coincidencia", y ha recalcado que ofreció a los vecinos otras viviendas, eso sí, muy apartadas de la zona donde llevan viviendo media vida. En su opinión, "la necesidad de vivienda no es territorial, es vital", y por tanto dónde se encuentren los pisos es lo de menos.

Los edificios en cuestión, rehabilitados con dinero público, están ubicados en la carrera de San Francisco (35 viviendas), la calle Embajadores (24), la calle San Cayetano (52) y la calle de la Madera (19). Son en total 130 pisos, de los que solo 19 se encuentran vacíos. Según ha denunciado esta mañana el líder municipal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento ha ordenado a los vecinos que entreguen las llaves el 13 de diciembre. El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, ha señalado que el 40% de los inquilinos son personas mayores a las que "se les va a crear un trauma, sacándolas del lugar donde han pasado toda su vida".

Ortega ha añadido que, en 2007, el Ayuntamiento denegó a estas familias la posibilidad de comprar sus viviendas alegando motivos jurídicos, pero se les prometió que, "en el futuro", se revisaría esa decisión. Sin embargo, lo que se ha hecho es vender ese edificio a la empresa Renta Corporación "sin ofrecerle antes las viviendas a sus inquilinos", según Pérez, que "tienen más derecho y son más solventes que la empresa".

Izquierda Unida ha esgrimido un informe de una asesoría contable que califica con una nota de 1 sobre 10, es decir, la mínima, la capacidad económica de Renta Corporación. Añade esta evaluación que su situación es "muy próxima a la insolvencia, con un riesgo muy elevado de impago". El consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), Fermín Oslé, ha asegurado esta mañana en la comisión municipal de Urbanismo que, en caso de que la empresa no pueda asumir los pagos, al menos el Ayuntamiento se quedará con el dinero que ya haya abonado.

En opinión de Ángel Pérez, se trata de "una operación de caja" con la que el Ayuntamiento sólo espera hacer dinero a costa de "romper su contrato con los vecinos", y "abusando de su posición de poder para perjudicar su vida y beneficiar a una empresa". Ortega ha reseñado que, en el contrato de los inquilinos ahora desalojados, figuraba que los pisos se adjudicaban "de forma definitiva" para "asegurar el uso estable de una vivienda digna".

El Ayuntamiento planea ingresar con esta operación 21 millones de euros. "Ante la situación económica actual, se plantea como una opción positiva para mantener la acción social de la EMVS", ha dicho hoy su máximo responsable. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido paralizar la construcción de viviendas sociales, de forma que la EMVS quedará a partir el año que viene sólo para gestionar los pisos que tiene en alquiler. O para vender algunos de ellos y hacer caja, como en esta operación. El Ayuntamiento ha ofrecido a los inquilinos realojarlos en otros edificios, manteniendo las condiciones siempre que sea posible, y con un contrato de alquiler de cinco años.