El juez anula el juicio rápido al diputado del PP Vicente Ferrer por conducir ebrio
El magistrado corrige su fallo por falta de competencia y traslada la causa al Tribunal Supremo
Vicente Ferrer, diputado del PP en el Congreso de los Diputados, compartió una paella el último domingo de septiembre con un grupo de antiguos amigos. Se sentaron a la mesa a la una de la tarde y se levantaron a las ocho. La Policía Local de Valencia le sometió a un control de alcoholemia y dió positivo. Así lo relató él mismo dos días después del juicio rápido al que fue sometido. Ferrer aceptó sin rechistar la retirada del carnet de conducir durante ocho meses y el pago de una multa. En ningún momento comentó ante el tribunal que ocupa un escaño en el Congreso.
Pero el caso no ha terminado para el diputado por Valencia. El juez Luis Carlos Presencia, el mismo que juzgó a Ferrer el pasado 2 de octubre, ha decretado la nulidad de todas las actuaciones al haber constatado la condición de aforado de Vicente Ferrer. "La nulidad viene determinada por falta de jurisdicción o falta de competencia objetiva funcional del juez que haya dictado la resolución", reza el auto.
El juez solo supo que Ferrer era diputado nacional después de dictar sentencia en un juicio rápido. De modo que citó al diputado para constatar su condición. Ferrer acudió al juzgado y acreditó que, efectivamente, ocupa un escaño en el Congreso. "Acreditado por el propio excelentísimo señor Ferrer su condición de diputado a Cortes Españolas no resultaba procedente que la imputación que sobre él podía pesar, fuera objeto de examen por juez distinto de aquellos que componen la Sala Penal del Tribunal Supremo", explica el magistrado.
De modo que el auto del juez ordena devolver el carnet de conducir a Ferrer, anular la multa, anular la anotación de la sentencia en el registro de penados y elevar el caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que es la competente para juzgar a los diputados nacionales.
Ferrer llegó a pedir disculpas ante sus compañeros diputados en la Comisión de Defensa del Congreso por la desafección hacia la clase política que pudiera haber provocado su conducta.
