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El Ayuntamiento reitera que continuará derribando chabolas en El Gallinero

Fija reuniones bimensuales con las entidades que trabajan en el poblado chabolista Los voluntarios de la parroquia San Carlos Borromeo no acuden al encuentro de hoy Ayer se derribaron ocho chabolas

Uno de los afectados por los derribos contempla las ruinas de una casa.
Uno de los afectados por los derribos contempla las ruinas de una casa.Carlos Rosillo

El Ayuntamiento de Madrid se ha reunido esta mañana con las ONG y entidades que trabajan en el poblado chabolista de El Gallinero para coordinar sus esfuerzos, un encuentro al que no han asistido los voluntarios de la parroquia de San Carlos Borromeo al considerarlo, en palabras del cura, Javier Baeza, “una tomadura de pelo”. Critica Baeza que se les avisara con poca antelación (el lunes) tras siete meses sin reuniones, y que no se haya respondido aún al plan para el asentamiento, que presentaron en el registro municipal el pasado lunes.

El Gallinero es un secarral situado a 13 kilómetros al sureste de la A-3, en el distrito de Vallecas, en el que viven 420 gitanos (250 de ellos, menores de edad), venidos de Rumanía, en una situación de extrema pobreza. Antes de que empezara la crisis, en esa parcela estaba prevista la construcción de viviendas. El Ayuntamiento (que posee el 17%; la Comunidad, otro 17%) lo propuso sin éxito para albergar el macrocomplejo de casinos Eurovegas. Ahora quiere convertir parte de ese terreno de 19 millones de metros cuadrados en zona verde forestal.

A la reunión celebrada hoy sí han asistido otras entidades como Cruz Roja, Caritas Madrid, la asociación El Fanal, Accem, Imaginario Social, o el Instituto regional de Realojo e Integración Social (Iris). El coordinador municipal de Servicios Sociales, Carlos Martínez Serrano, ha reiterado después del encuentro la necesidad de mandar un mensaje unificado sobre El Gallinero, tanto por parte de las autoridades como de organizaciones que trabajan en el poblado.

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Martínez Serrano ha querido dejar claro que el punto de partida de su trabajo es que el asentamiento es ilegal y por tanto, tarde o temprano deberá desaparecer; en ese sentido, ha reiterado que “la respuesta jurídica”, es decir, los derribos de chabolas (ayer se tiraron abajo ocho), no se abandonará. “Pero el Ayuntamiento no es ajeno a lo que ocurre ahí, y tiene un compromiso social con las familias. Eso sí, la intervención social no legitima el asentamiento”, ha añadido.

En la reunión de esta mañana se ha acordado que estos encuentros pasen a ser bimensuales; la última se había celebrado en marzo. En paralelo, se reúne una comisión técnica de funcionarios municipales (de las áreas de distrito, Asuntos Sociales y Urbanismo), a la que el Ayuntamiento quiere sumar a partir de ahora a otras entidades, como la Consejería regional de Educación, la Agencia del Menor o la delegación del Gobierno, por ejemplo.

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El Iris mantiene censos actualizados de la población de El Gallinero. El Ayuntamiento y las ONG lleva a cabo “programas individualizados” con las 88 familias, ha explicado Martínez Serrano: con 21, el trabajo es "intensivo"; con 43 se realiza “un seguimiento básico”; 21 familias han rechazado la intervención social, según el Ayuntamiento. Entre el primer grupo, ya hay alguna familia que ha pasado a la siguiente fase de integración, el proyecto de Campamentos APOI de la asociación Accem, pisos tutelados, etcétera. El realojo sería el último paso, aún muy lejano, a tenor de las declaraciones del Ayuntamiento.

Martínez Serrano ha negado haber recibido otros proyectos de acción de las entidades que trabajan en El gallinero. Los voluntarios de la parroquia de San Carlos Borromeo presentaron el lunes uno en el que piden al Ayuntamiento una parcela de 40.000 metros cuadrados (el doble de lo que ocupa ahora el poblado) para alojar a las 90 familias que malviven allí. Una vez instalados en esos terrenos, con los 2,6 millones de fondos estatales y europeos, les enseñarían a construir sus propias casas, para darles a la vez un techo y una profesión.

Desde el Ayuntamiento, la concejal de Asuntos Sociales, Dolores Navarro, desacreditó el pasado mes de marzo una propuesta unánime de la oposición, que le conminaba a elaborar un plan. Dos semanas después, la alcaldesa, Ana Botella (PP), acudía al poblado y anunciaba la elaboración de un plan. En julio, el edil socialista Pedro Zerolo preguntó por ese proyecto y el Consistorio le entregó un folio y medio que solo contenía generalidades sobre la recuperación del espacio.

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