El Gobierno de Rajoy da oxígeno financiero a Andalucía para 2013

El Ministerio de Hacienda acuerda con la Junta elevar el techo de endeudamiento, que evitará recortes por 2.700 millones de euros Aguayo solicita por carta los 4.906 millones del rescate aunque podría recibir la mitad

Sevilla - 08 oct 2012 - 22:05CEST

José Antonio Griñán, en el comité director del PSOE andaluz.Julián Rojas

A finales de julio, el Gobierno andaluz se marchó de la Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dando un portazo. Sin previo aviso, el Ministerio de Hacienda rebajó en dos puntos el techo de endeudamiento que la comunidad tenía aprobado para 2013. Del 15,1% se pasaba al 13,2% de su Producto Interior Bruto, lo que le obligaba a recortar otros 2.700 millones de euros —al de este año se le han amputado 2.500 millones— en los Presupuestos andaluces para 2013. “Es imposible, habrá que cerrar 19 hospitales o 2.000 colegios o despedir a uno de cada cuatro empleados públicos, hasta 60.000”, advirtió el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, muy irritado porque el día anterior se había entrevistado con Mariano Rajoy en la Moncloa y no barruntaba una decisión de ese tipo.

El debate federal

Los socialistas andaluces no quieren quedarse al margen del debate territorial del Estado. Griñán defiende un modelo federal y considera que las tensiones soberanistas y recentralizadoras son "nefastas para Andalucía y, por ende, para España". El secretario general del PSOE comunicó la creación de un grupo de "reflexión" para que elabore una propuesta sobre el modelo autonómico y la pongan a disposición de todo el PSOE. Este grupo, coordinado por el constitucionalista Gregorio Cámara, está formado entre otros por el expresidente Manuel Chaves, José Sánchez Maldonado, Miguel Azpitarte, Carmen Calvo, Manuel Medina Guerrero, José Antonio Montilla Martos, Baldomero Oliver y Javier Pérez Royo y José Antonio Pérez Tapias.

Desde entonces y gracias a la mediación del presidente del Gobierno central, el ministerio y la consejería de Hacienda entablaron una negociación para suavizar esa limitación. El acuerdo se alcanzó este lunes, según informó la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien aseguró que el techo del endeudamiento se moverá entre el 15,3% y el 15,1%.

El acuerdo le permitirá a la comunidad —que soporta una tasa de paro del 33,17% y atiende a una población de 8,4 millones de personas— tomar algo de oxígeno para el próximo año. Pese a las profundas discrepancias con la gestión y con los recortes del Gobierno central en materia educativa y sanitaria —el Ejecutivo de PSOE e IU ha recurrido al Tribunal Constitucional los decretos de estas materias por invasión de competencias—, lo cierto es que la Junta mantiene unas relaciones mucho más fluidas con el ministerio de Cristóbal Montoro que las que mantenía con su antecesora, la socialista Elena Salgado.

Martínez Aguayo calificó de “difíciles” las negociaciones, pero destacó la buena predisposición del ministerio. “Se ha escuchado a Andalucía y se ha tomado una decisión racional desde la lógica económica”, afirmó. La siguiente batalla que va a plantear la Junta es convencer al Gobierno para que haga un reparto más equitativo del déficit entre la Administración central y la comunidad el próximo año, como se apuntó en la reciente Conferencia de Presidentes.

Paralelamente, la Junta solicitó ayer de manera formal al Gobierno de Rajoy su petición de rescate a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Andalucía ha reclamado 4.906 millones de euros, una cantidad que es el pico máximo de la horquilla de la negociación, según admite de manera extraoficial el Ejecutivo autónomo. Montoro ha comunicado a la Junta que la comisión delegada de Asuntos Económicos, en una primera evaluación, concederá a la comunidad con cargo al FLA 2.115 millones de euros. De esta cantidad, 600 ya han llegado para hacer frente al pago de vencimiento de deuda. Andalucía ha recibido otra inyección de 400 millones como anticipo del modelo de financiación para pagar a proveedores.

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Nueva ronda por el control del déficit

J. S. G.

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el instrumento financiero puesto en marcha por el Gobierno para ayudar a las comunidades a pagar sus deudas, ofrece al Ejecutivo la posibilidad de pedir más ajustes a las que se desvíen del objetivo de déficit.

Por eso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que iniciará esta semana una segunda ronda de contactos con todos los Ejecutivos regionales para revisar el cumplimiento trimestral de sus planes de equilibrio financiero y la evolución del déficit, cuyo objetivo es del 1,5% del PIB.

Beteta descartó que se vaya a iniciar la intervención de alguna autonomía por haber acudido al fondo de rescate. El responsable gubernamental ha explicado que las primeras comunidades a las que se revise sus cuentas serán aquellas que presenten “algún problema” para alcanzar esa meta de déficit.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido con Bruselas a reducir la desviación presupuestaria y está apostando fuerte por lograr ese objetivo. “Hacemos una monitorización permanente”, abundó. Beteta precisó también que a Cataluña “no se le exige ningún esfuerzo adicional” por pedir 5.023 millones al FLA. “Diría incluso que les da cierto alivio por las muy favorables condiciones del fondo”, zanjó. Anunció que Hacienda pagará hoy los primeros 568 millones a Cataluña.

Del acuerdo sobre el techo del endeudamiento nada dijo Griñán a los suyos durante la reunión del comité director del PSOE andaluz, el máximo órgano entre congresos, la primera que se celebra tras su reelección como secretario general en el mes de julio. Es más, Griñán llamó a los socialistas a “combatir” el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no sólo porque, en su opinión, “maltratan” a Andalucía sino porque es una pieza más en la destrucción del modelo social.

De manera enfática, el también presidente federal del PSOE aseguró que la “desconsideración” hacia la comunidad no era sólo un asunto que debe concernir a los socialistas andaluces, sino a todo el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados.