El PP ignora la ley y mantiene a dos ediles inhabilitados

La nueva Ley Electoral, en vigor desde enero de 2011, es clara y precisa: un concejal se convierte en ineligible o pierde su condición por incompatibilidad cuando, entre otros supuestos, es condenado por sentencia, “aunque no sea firme”, a una pena de inhabilitación, sea absoluta o especial, por cometer delitos contra la Administración pública. Esa nueva redacción del artículo 6 fue la que, a raíz de una denuncia del PP, impidió al exalcalde nacionalista de Arzúa (A Coruña) Xaquín García Couso presentarse a su reelección en los comicios locales de mayo del pasado año.

Pero ahora el PP hace caso omiso de esa norma y mantiene el acta de ediles a dos veteranos políticos municipales, Ramón Rodríguez Ares en Sada y Ramón Peón en Oza dos Ríos, pese a ser ambos condenados por negarse a ejecutar una orden judicial de derribo de una edificación declarada ilegal. Fue un caso urbanístico muy similar el que llevo a inhabilitar al exregidor del BNG en Arzúa. Tres ejemplos análogos de cómo se cumple o se obvia, recurriendo sin reparos a todo tipo de vericuetos, una ley.

En Sada, el gobierno bipartito encabezado por Ernesto Anido (PP) impuso su mayoría en un pleno extraordinario el pasado lunes para negarse a declarar incompatible y cesar al teniente de alcalde Ramón Rodríguez Ares. Ausente en esa sesión, este último, ahora edil independiente bajo las siglas de Sada Popular, fue condenado en julio pasado a seis meses de inhabilitación especial por desoír durante 14 años, siendo alcalde del PP, las repetidas órdenes judiciales para que hiciese derribar parte de la cafetería del Naútico. El juez, en una sentencia que Rodríguez Ares recurrió, lo condenó por un delito de denegación de auxilio a la autoridad. O sea, según el Código Penal, contra la Administración pública.

Pero tanto el regidor de Sada como su socio de gobierno se escudan en que el fallo no fue oficialmente notificado al Ayuntamiento para evitar la aplicación de la ley electoral que obliga a Rodríguez Ares a cumplir ya, sea por dimisión o por cese, la condena de inhabilitación que le fue impuesta. El veterano político local, que fue regidor del PP durante tres décadas y ahora es teniente de alcalde aunque sin competencias, sostiene además que no renunciará al cargo “hasta que la sentencia no sea firme”. Por mucho que diga lo contrario la nueva Ley Electoral, que equipara desde 2011 a los condenados por delitos de terrorismo o rebelión con los que incurren contra la Administración pública. Es “anticonstitucional, vulnera derechos fundamentales de las personas”, clama Rodríguez Ares.

Pero de momento no lo es por mucho que se critique. “Es el derecho vigente que hay que aplicar”, recuerda el secretario municipal de Sada. En un informe realizado a petición del alcalde, concluye que efectivamente, ante la pena de inhabilitación “aunque no sea por sentencia firme” impuesta a Rodríguez Ares, el Ayuntamiento debe primero pedir el fallo de condena al juzgado que la emitió. Y acto seguido, si el edil no renuncia a su cargo, convocar un pleno para declarar su cese por incompatibilidad.

Presionado por el BNG, Ernesto Anido acabó por ceder y solicitar la sentencia al Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña. Y este, inexplicablemente, la negó. En una diligencia del pasado día 14, respondió al Ayuntamiento que “no ha lugar por el momento dado que la sentencia no es firme y está recurrida”.

En Oza dos Ríos, la situación es semejante aunque los criterios esgrimidos por el PP sean distintos. El que fue alcalde por estas siglas durante tres décadas, Ramón Peón, también ha sido condenado a seis meses de inhabilitación por no hacer ejecutar una orden judicial de derribo de una fábrica. Ocurrió en 2011, con la nueva Ley Electoral en vigor y el PP movilizado para aplicársela al exalcalde nacionalista de Arzúa. Peón también renunció entonces a presentarse a la reelección como alcalde “por si llegaba luego la inhabilitación” en sentencia firme. Pero fue igualmente, aunque como número seis, en la candidatura del PP, encabezada por su yerno, Pablo González. Este salió elegido alcalde y Peón concejal. Y sigue siéndolo. Además de edil de Régimen Interior y Personal, también fue nombrado asesor de la Diputación de A Coruña que preside Diego Calvo (PP). “Nadie pidió la ejecución de la sentencia, ni el demandante ni el juez”, alega el veterano político. Tampoco el pleno de la Corporación que preside su yerno fue convocado nunca para, como marca la ley, cesar a Peón por incompatibilidad.