El Gobierno central reclama 143.000 euros a un exdiputado por los ERE

El Gobierno central ha reclamado 143.885 euros al exdiputado de IU en la Diputación de Huelva, Francisco Rodríguez Donaire, por haber trabajado mientras que percibía una póliza como prejubilado en Minas de Río Tinto, cuyo ERE (Expediente de Regulación de Empleo) pagó el Ministerio de Trabajo e Inmigración en 2003. Es la primera vez que el Gobierno central (PP) afronta las supuestas irregularidades en los ERE subvencionados en Andalucía, ya que hasta ahora la Junta ha reclamado en solitario 12,3 millones a los denominados intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) por cobros fraudulentos.

Tras saltar a la luz el escándalo de los ERE hace un año y medio, el exministro de Trabajo Valeriano Gómez (PSOE) encargó una investigación para averiguar si hubo fraude en los expedientes de la Faja Pirítica que contaron con fondos públicos del Gobierno central junto a la Junta. Y el resultado fue casi impoluto: la inspección de servicio revisó sobre el terreno el anterior trabajo de los inspectores de trabajo, y no hallaron intrusos. Pero sí irregularidades en tres mineros que volvieron a trabajar después de ser prejubilados, unos ingresos extra que están vetados tras la concesión de la ayuda pública.

Rodríguez Donaire, topógrafo durante los 30 años que trabajó en la mina para extraer cobre, fue concejal en Valverde (Huelva) y diputado en la Diputación de Huelva con IU entre 2003 y 2007. Tras pasarse al PSOE, el partido socialista le aupó a la tenencia de alcaldía y presidencia de la Mancomunidad de municipios Campiña-Andévalo.

El Gobierno argumenta que las ayudas extraordinarias abonadas entre el Gobierno central y la Junta “no tienen el carácter de indemnización, sino de subvenciones” destinadas a trabajadores en situación de desprotección. “Si el trabajador no se encuentra en la situación laboral que motivó la concesión de la subvención (desempleado), no puede seguir beneficiándose de las mismas, pues en ese supuesto se produciría un enriquecimiento injusto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, aclaró en su resolución el exdirector general de Trabajo, Raúl Riesco, el pasado 27 de septiembre de 2011.

Un mes después Rodríguez presentó un recurso ante el ministerio en el que argumentaba que la reclamación había prescrito y defendía su derecho a compatibilizar la prejubilación con sus salarios como diputado y presidente de la Mancomunidad, basándose en un informe del servicio jurídico de la Diputación, que estimó compatibles la subvención y su sueldo como diputado. “No se trataba de optar entre el desempleo o la actividad política, toda vez que ello supondría una vulneración a participar en los asuntos públicos ¿Qué pasaría si yo una vez firmadas las pólizas dejara la actividad pública?”, inquiría. Pero finalmente el Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez (antes de Trabajo) cerró en diciembre la vía administrativa y desestimó el recurso. “Esta unidad se ratifica en los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida”, zanjó la Secretaría de Estado de Empleo.

El exdiputado afirmó ayer que ha llevado su reclamación a los tribunales, una vez que se ha agotado la vía administrativa. “Estoy muy tranquilo porque he sido minero toda mi vida”, alegó Rodríguez. Actualmente el exdiputado cobra su asignación como pensionista. Fuentes del PSOE de Huelva optaron por esperar: “Respetamos la presunción de inocencia porque ha presentado un recurso. Y si al final tiene que devolver el dinero, pues que lo haga hasta el último céntimo”.

El Gobierno central ha iniciado el reintegro de otros dos mineros onubenses que también habían compatibilizado las ayudas con otro trabajo ajeno a la mina. Durante la comisión de investigación sobre los ERE, tanto los exministros de Trabajo Eduardo Zaplana y Javier Arenas, como el alcalde de Sevilla y exdelegado del Gobierno Juan Ignacio Zoido, subrayaron que no existían intrusos en el ERE de la Faja Pirítica. Eso sí, eludieron mencionar las irregularidades sobrevenidas tras 2003.