La falta de fondos impide actualizar ayudas a dependientes que empeoran
La madre de un niño autista denuncia que la ayuda de su hijo no se ha actualizado
Arturo tendrá que esperar. Tiene ocho años y una dependencia reconocida desde 2008 debido a su condición de autista; en mayo, Benestar revisó su expediente para comprobar si su estado había mejorado o empeorado y actualizar la prestación que recibe su abuela por los cuidados que le dispensa en casa. Completados los trámites, el grado de dependencia del niño aumentó del II al III, pero la subida de la cuantía mensual que le corresponde a Arturo no ha llegado, ni llegará por el momento: la Xunta dará salida primero a los dependientes que aún no reciben ninguna prestación “porque no hay dinero”.
Así se lo explicaron funcionarios de Benestar a Esther Cuadrado, la madre del pequeño, que espera la renovación de una nómina que debería ser desde mayo de 416 euros pero se ha quedado en 286 euros. Además de no aplicarse la subida, la paga de los cuidadores no profesionales, el caso de la abuela de Arturo, ha sufrido un recorte del 15% desde julio. La Consellería de Traballo e Benestar repite lo mismo, que “hay que priorizar nuevas atenciones de personas que todavía no la reciben sobre aquellas que sí la tienen pero que se les revisa”. Cuadrado busca más familias en la misma situación porque al pedir explicaciones por la tardanza del trámite, la propia Consellería admitió, cuenta, que la suya no era una excepción, ya que en la provincia de A Coruña hay otros 68 expedientes de menores en espera.
El departamento de Beatriz Mato no confirma este punto y se limita a indicar que en niños y ancianos las renovaciones son constantes y que eso puede explicar ciertos atrancos. “No se puede hablar de retraso generalizado”, responden los portavoces de la Consellería; insisten en que la parálisis de los expedientes renovados no significa en ningún caso una congelación del proceso, si bien señalan que los casos que afectan a menores “son de tramitación compleja debido a las continuas variaciones de grado y nivel” que suelen aplicarse a los niños y admiten posibles “atascos”, ya que la prioridad, repiten, es atender a los que aún no tienen ayuda económica. Benestar da prioridad a los servicios de profesionales frente a los cuidados en el hogar, que con frecuencia son prestados por los familiares del enfermo.
Retrasos diarios
Quejas prácticamente diarias por retrasos en los pagos a entidades que se ven forzadas a solicitar líneas de crédito para hacer frente a los pagos indispensables. Hasta hace poco menos de dos semanas, este era el retrato de algunos centros con los que Benestar mantiene conciertos para la prestación de servicios a dependientes. A principios de este mes, la Consellería actualizó los pagos y el asfixiado día a día de las empresas se relajó, pero en algunos casos, señalan desde Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), la espera de las entidades alcanzaba “los tres o cuatro meses”. “Para un centro que tiene que pagar a sus empleados, es difícil subsistir así”, recalcan.
“Tenemos constancia de que está todo parado y que se está intentando aplazar todo, pero siempre de forma extraoficial”, reconoce Víctor González, presidente del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Más allá de las ayudas a la dependencia, González, amplía las estrecheces económicas a prestaciones tan elementales como la Risga, cuyos expedientes se tramitan con menos premura de la debida “mientras se busca una partida” que les haga frente.
Esta, la de potenciar una atención especializada, fue también la razón esgrimida por el Ministerio de Sanidad de Ana Mato para bajar un 15% los pagos de los cuidadores no profesionales en el hogar del dependiente. Los portavoces de la Consellería apuntan que la ayuda a domicilio pasa a ser “una prestación excepcional” y que la normativa vigente establece que primero se pagarán los servicios de enfermeros, psicólogos o terapeuta, es decir, los de tipo profesional.
La única salvedad a este régimen de prioridades beneficia a los niños menores de tres años, para los que la Xunta reserva, por edad, los cuidados en el entorno familiar. “Todos los expedientes de este tipo están resueltos y atendidos”, alegan desde la consellería, a la vez que señalan que “la comunidad gallega fue pionera en establecer normativamente esta prioridad”. Arturo, de ocho años, sigue percibiendo la ayuda para atención en el hogar, mientras que para los pequeños de su edad la Xunta, en consonancia con su política de priorizar los servicios, opta por un cheque asistencial.
Ninguna de estas explicaciones convence a Esther Cuadrado, que acusa a la Xunta de aplicar “una decisión clandestina amparándose en que el niño ya está cobrando algo”. La madre hace números y los más de 400 euros que se llevan al mes las distintas terapias de Arturo son mucho dinero para lo que recibe en ayudas a la dependencia. “Es una medida bastante vejatoria para el niño”, lamenta la madre, muy molesta porque “la Xunta no hizo público en ningún momento la decisión de atrasar la subida”. Cuadrado forma parte de las 300 familias de toda España que han llevado ante el Tribunal Supremo los recortes en Dependencia.
