La Fiscalía trata de acelerar el procesamiento de Sánchez Gordillo

El cerco judicial sobre el diputado de IU en el Parlamento de Andalucía Juan Manuel Sánchez Gordillo se estrecha. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el caso de los asaltos a dos supermercados por parte de un grupo organizado de jornaleros el pasado 7 de agosto. Con el allanamiento en favor del alto tribunal andaluz, el aforado Sánchez Gordillo, que lideró el robo de alimentos básicos en un supermercado de Écija podría ser imputado. El ministerio público considera que Sánchez Gordillo, pese a no ser el autor material de los asaltos, fue “inductor y cooperador necesario” en los mismos y su hipotética pena sería similar a la que afectaría a los autores materiales de los hechos.

El ministerio público prevé, asimismo, solicitar órdenes de alejamiento de centros comerciales a los miembros del SAT en caso de que se reproduzcan los asaltos a supermercados. Ayer, un piquete entró a “expropiar” carros de comida en un Carrefour de Mérida (Bádajoz). Entre los presentes en la acción figuraba Víctor Casco, parlamentario de IU en Extremadura.

La Fiscalía sevillana envió el pasado miércoles al juzgado instructor el escrito con la petición de inhibición. Una vez remitido el escrito de la Fiscalía, el juzgado de Écija deberá responder si se hace efectiva su inhibición, tras lo cual el caso pasaría al TSJA. El alto tribunal debería, entonces, nombrar a un instructor y analizar si acepta o no dicha inhibición, según informaban a Europa Press fuentes del TSJA. En la actualidad cuatro miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que supuestamente participaron de forma activa en el asalto a los supermercados están imputados por el juzgado instructor de Écija.

Por su parte, Sánchez Gordillo, sigue encabezando la marcha obrera del SAT por distintas provincias andaluzas, que ayer llegó a Cádiz. El parlamentario andaluz atacó con dureza al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien el pasado jueves reconoció haber telefoneado al duque de Segorbe para que denunciara la ocupación por los jornaleros del Palacio de Moratalla en Hornachuelos (Córdoba). El ministro acusó a la propiedad de la finca de permitir la ocupación “en absoluta connivencia” con los jornaleros.

Sánchez Gordillo calificó de “ridículo” al ministro por sugerir la cooperación entre terratenientes y jornaleros, y tachó de “franquismo puro y duro” que el titular de Interior presionara al duque para que denunciara. “Yo no sé si estaría borracho el ministro o es así de tonto”, aseveró.