Fomento ahorra 575 millones en un año en la construcción del AVE
Adjudicadas por un 25% menos las 19 obras licitadas por 2.500 millones
El Ministerio de Fomento se ha ahorrado en el último año 575 millones de euros en el AVE a la Meseta. En este tiempo, 19 grandes contratos que licitó por 2.500 millones de euros han sido adjudicados por 1.925 millones. El ahorro entre lo previsto inicialmente y lo contratado finalmente ronda el 25%, una cuarta parte. La crisis de la construcción explicaría en parte este descuento. A falta de otras actuaciones en la Península, el AVE gallego se ha convertido para las grandes constructoras en el último reducto de grandes obras públicas al que agarrarse. En sociedad con empresas medianas locales o del resto de España, a los concursos gallegos han acudido las seis grandes, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL. Y lo han hecho tirando por los suelos los precios y, por tanto, sus beneficios. A no ser que las previsiones iniciales de Fomento estuviesen infladas.
Hace poco más de un año, en la primavera de 2011, el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, presentaba la enésima planificación de las obras pendientes entre la ciudad de Ourense y Lubián, en la frontera con Zamora (a partir de allí los trabajos están muy avanzados). Siguiendo ese plan, que con ligeros retrasos se ha venido cumpliendo, es como Fomento ha licitado en este tiempo el grueso de las obras pendientes: 18 tramos que cubren unos 75 kilómetros de recorrido y, de forma paralela, cinco contratos de colaboración público-privada para la instalación de las vías y el mantenimiento posterior de la línea durante 25 años.
De los 18 tramos ya se han adjudicado 17 por 1.545 millones, unos 535 menos de lo previsto. Y de los cinco contratos público-privados se han adjudicado dos por 379 millones, 40 menos de lo previsto. En total, 19 contratos que se licitaron a lo largo del último año por 2.500 millones se han adjudicado por 1.925, un 25% menos.
La escasez de obras baja los precios de las grandes constructoras
Las rebajas se producen pese a que las constructoras saben que si reducen su oferta demasiado en relación a la media de las demás empresas pueden incurrir en lo que se denomina baja temeraria y quedar excluidas del proceso. Pero a la vista de los precios ganadores, todos los candidatos habrían reducido notablemente sus ofertas, lo que hace que la media también caiga y se eviten así bajas temerarias.
El ejemplo más significativo del último año es el del túnel derecho de O Corno, en Laza. El Consejo de Ministros autorizó su licitación el 7 de octubre del año pasado por 143,2 millones de euros y Fomento, a través de Adif, lo adjudicó seis meses después, el 30 de marzo, por 88,4 millones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Isolux Corsan y Taboada y Ramos. Las arcas públicas se ahorraron solo en ese tramo 54,8 millones de euros, un 38% de lo previsto inicialmente.
Un tramo se licitó por 143 millones y se adjudicó por 88, un 38% más barato
El riesgo que corren las constructoras al rebajar sus ofertas podría provocar lo que Fomento lleva ya un par de años empeñado en evitar con controles más rigurosos: los sobrecostes posteriores. Es un mal habitual en las obras públicas que, una vez empezada la actuación, la empresa argumente que es imposible acometerla con el importe por el que se comprometió inicialmente, obligando así a la Administración a autorizar la modificación al alza del proyecto y a inyectarle más fondos de los previstos a riesgo de que se judicialice su solución y la obra se paralice indefinidamente.
Fomento aún tiene pendiente de adjudicar un tramo de los licitados durante el último año, de 7,5 kilómetros. Y le faltan por licitar los 17 kilómetros más próximos a la ciudad de Ourense, todavía en estudio, y el acondicionamiento del actual túnel de O Padornelo, en paralelo al cual ya se está construyendo uno nuevo. En total, más de 500 millones de euros aún pendientes de sacar a concurso.
Pero el principal compromiso pendiente es el de desvelar la nueva fecha prevista de entrada en servicio de toda la línea. El 15 de marzo, tras su primera visita a La Moncloa después del cambio de Gobierno, Feijóo aseguró que el presidente Rajoy ofrecería en persona y públicamente los nuevos plazos del AVE tras la presentación de los Presupuestos del Estado para este año. Esa fecha pasó y Feijóo tuvo que dar una nueva, asegurando entonces que lo haría en verano. A falta de un mes para que finalice, en las últimas semanas Feijóo ha jugado con la ambigüedad de si Rajoy dirá la fecha públicamente o se la comunicará solo a él.
Rebajas que pueden salir caras
Las rebajas tan notables que se están registrando en el AVE gallego se producen en tramos de especial complejidad. Incluyen 11 túneles de más de seis kilómetros cada uno que suman unos 80 kilómetros bajo tierra sumando las dos vías. Y se encuentran en pleno Macizo Central ourensano, alejados de las grandes vías de comunicación, lo que dificulta el inicio de los trabajos y el transporte de la maquinaria y el personal. La prueba de su complejidad es que las empresas han rebajado el coste, pero en la mayoría de los tramos apenas se han reducido los tiempos de ejecución, que rondan los tres años.
La dificultad de acceso a las zonas de trabajo obliga a las empresas a construir pistas provisionales para sus máquinas, lo que en Laza ha provocado una importante contestación vecinal para tener apenas 1.500 habitantes. Se oponen a que se tale un bosque centenario que no estaba previsto afectar en la declaración de impacto ambiental aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente. Las adjudicatarias de la obra y sus subcontratas variaron el plan para lograr accesos más cómodos para sus máquinas, lo que ha motivado denuncias de la Sociedade Galega de Historia Natural ante distintas instancias y una inspección de la Consellería de Medio Ambiente de resultado aún desconocido.
Los vecinos han organizado concentraciones y recogen firmas en internet (llevan medio millar). Estos días la comunidad de montes está debatiendo si acepta o no los importes de las nuevas expropiaciones, según vecinos consultados, mientras las empresas no paran de presionar, tanto trabajando a destajo en los terrenos ya expropiados como ofreciendo compensaciones: menos impacto de los caminos a cambio de una nueva escombrera, o viceversa.
