_
_
_
_
_

Directores de geriátricos denuncian ante la fiscalía los impagos de la Generalitat

Los sindicatos exigen a Mas que abra una línea de liquidez para pagar a las entidades sociales

“Es una situación de verdadera alarma social”, alerta la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), que hoy ha presentado ante la fiscalía una denuncia por los impagos de la Generalitat a las residencias, entidades sociales, hospitales y escuelas concertadas. La entidad advierte de que si la Administración no les paga, se pueden producir casos de desatención a los ancianos. El sector social y los sindicatos piden al Gobierno catalán que dé marcha atrás en su decisión y pague los 400 millones a las entidades.

“Si no tenemos la financiación, no podemos llevar a cabo nuestro servicio ni podremos dar de comer a los ancianos”, lamenta hoy Iñaki Antón, vicepresidente de la Ascad y director de la residencia Gravi, en Polinyà (Vallès Occidental). Antón explica que hoy, 31 de julio, solo recibirán las cuotas que pagan las familias, lo que representa el 25% de los ingresos de la residencia. El grueso, el 70%, viene de las ayudas a la dependencia que la Generalitat deja de pagar este mes a los centros asistenciales. Antón admite que ya ha comunicado a sus trabajadores que no podrá pagar las nóminas y tampoco a los proveedores, básicamente al servicio de catering. “Es un callejón sin salida, porque los proveedores son una parte pequeña. Pero lo último que podemos hacer es dejar sin comer a los ancianos. Es como dejar de alimentar a nuestros padres”.

Ante esta situación, la Ascad, que agrupa a unos 300 directores de asilos, ha decidido presentar una denuncia en la fiscalía para criticar el impago de la Generalitat y alertar de sus consecuencias. “Previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales”, advierten en el escrito. En la Ascad se preguntan si “no hay otras medidas que tomar antes que decidir no pagar a las residencias”.

UGT y CC OO han exigido hoy al Gobierno que dirige Artur Mas que, si no puede pagar este mes de julio los conciertos a las entidades que prestan servicios sociales, abra una línea de liquidez en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público catalán.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos piden a las empresas afectadas que prestan estos servicios y que se verán afectadas por el impago de la Generalitat que informen detalladamente a los representantes de los trabajadores de la situación y de las posibles dificultades para pagar las nóminas. También reclaman al Gobierno catalán la "máxima transparencia e información clara y constante sobre la situación", para evitar conflictos y tensiones entre los trabajadores del sector.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_