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Alaya mantiene en 450.000 euros la fianza del exconsejero de Empleo

La juez respalda así la petición de Anticorrupción para que la suma impuesta no se modifique

El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández (derecha) entrando en los juzgados de Sevilla.
El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández (derecha) entrando en los juzgados de Sevilla.JULIÁN ROJAS

Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha decidido mantener la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández para poder abandonar la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanece interno desde el pasado día 24 de abril por su presunta implicación en el caso.

En un auto notificado este martes a las partes, Alaya rechaza la petición del abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, que había pedido a la magistrada su puesta en libertad sin fianza, o bien una "rebaja sustancial" de la fijada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, o bien que "permita que la que se fije pueda ser consignada en cualquier forma legalmente establecida", han informado fuentes del caso.

Sostiene Alaya que la abundante documentación aportada por la defensa de Fernández sobre sus ingresos "no desvirtúa" la presunción sobre su capacidad para reunir los 450.000 euros, en especial porque solo han pasado 19 días desde que la Audiencia Provincial fijó esa cantidad.

Además, entiende la juez que si ahora decidiera rebajar la fianza o permitir que se preste mediante avales y no en metálico estaría corrigiendo la decisión de la Audiencia cuando el pasado 12 de julio fijó la fianza en 450.000 euros teniendo en cuenta los ingresos que tuvo Fernández en su trayectoria profesional.

Esta decisión de la magistrada se produce un día después de que la Fiscalía Anticorrupción también expresase su oposición a la petición del exconsejero de Empleo para que se rebajase la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Por el contrario, la juez sí rebajó ayer a la mitad la fianza impuesta a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Empleo Javier Guerrero. El conductor quien podría salir de la cárcel si abona 75.000 euros denunció el uso de dinero público para  consumo de cocaína y fiestas. Trujillo había pedido la libertad sin fianza. Ayer admitió que tampoco podrá pagar la nueva fianza.

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El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, dijo que “no se explica” cómo al exchófer, “que ha confesado públicamente la comisión de delitos”, se le rebaja la fianza mientras que se le mantiene a Fernández, que ha colaborado.

Por otra parte, un auto de la juez fechado el 18 de julio retrotrae la investigación a un convenio marco firmado el 27 de julio de 2000 entre José Antonio Viera, entonces consejero andaluz de Empleo y ahora diputado del PSOE en el Congreso, y Salvador Durbán, entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que según la juez "pudo dar origen al procedimiento específico" del convenio de julio de 2000 que empezó a otorgar las ayudas investigadas.

Alaya pide además todas las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011 y que guarden relación con las agencias IFA e IDEA, tanto de transferencias de explotación, de capital como de financiación.

El Gobierno andaluz ha discrepado hoy con la juez y ha sostenido que el modelo de las ayudas "se cambió" en el 2010, por lo que no comparte las "dudas" sobre los años 2011 y 2012.

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