Tres años, tres interrogantes

Hoy hace tres años del espectacular registro que efectuaron los Mossos d’Esquadra en el Palau de la Música Catalana. Durante más de nueve horas, la policía rastreó las instalaciones para incautarse de 13 cajas con documentos y soportes informáticos. Ese rastreo se reveló enseguida insuficiente y, de hecho, los nuevos gestores del Palau se encontraron al llegar a la institución con las trituradoras de papel a pleno rendimiento. Aun así, las auditorías y los informes periciales permitieron cifrar en más de 30 millones de euros el saqueo que confesaron haber cometido Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

Tres años después, la investigación ha dibujado una compleja maraña de relaciones de las tres entidades que gestionan el Palau de la Música con empresas. El caso Palau, además, apunta a una presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de su fundación, Catdem, y empresas. Hoy quedan multitud de interrogantes por resolver. Los siguientes son solo tres de ellos.

¿Adónde fue todo el dinero? La querella de la fiscalía de julio de 2009 señalaba el desvío de 2,9 millones de euros. Las sucesivas auditorías elevaron la cantidad del saqueo a más de 30 millones de euros, de los cuales una considerable suma era dinero público. Una parte de ese dinero fue presuntamente para el uso y disfrute de Millet. Con fondos del Palau, según la documentación hallada en el Palau, el expresidente de la entidad pudo haber hecho desde obras en su casa de L’Ametlla del Vallès hasta operaciones inmobiliarias, e incluso adquirir diamantes y sufragar viajes a las Maldivas, la Polinesia, Kenia o Dubai.

Las investigaciones judiciales indican que otra parte de esos fondos fue, supuestamente, a financiar a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Ahí Millet, según los documentos hallados en el Palau, pudo tener un papel de intermediario a través de la institución. Para ello, Millet utilizó convenios con la fundación Catdem y con la constructora Ferrovial, o contratos con empresas de mercadotecnia electoral que trabajaban para CDC y que facturaban al Palau por trabajos que, según los gestores, nunca se realizaron.

Sin embargo, más de la mitad del dinero expoliado está en paradero desconocido. El juez Josep Maria Pijuan dirigió el pasado 9 de julio un registro de los domicilios de Millet y Montull para buscar pistas sobre los 18 millones que siguen sin aparecer, que en su mayoría fueron retirados mediante cheques al portador en varias oficinas bancarias. En ese registro, se incautó de 43.000 euros, varias obras de arte de la casa de Millet y documentación en el domicilio de Montull.

¿Cómo pudo pasar? La investigación señala que Millet y Montull hicieron cuanto quisieron a pesar del control de los auditores. Lo más grave es que varios informes ya detectaron anomalías que deberían haber hecho saltar la alarma en la Generalitat; uno de ellos lo elaboró la Sindicatura de Cuentas en 2002. Posteriormente, la Intervención de la Generalitat, en junio de 2003, advirtió al Ejecutivo catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, de irregularidades “relevantes”. En concreto, indicó que entre 2001 y 2002 salieron del consorcio —el organismo integrado por las Administraciones— 539.424 euros insuficientemente justificados en concepto de “colaboraciones” hacia la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos. También el Gobierno tripartito recibió advertencias de la Intervención en 2003 y 2008. Los auditores avisaron de pagos sin justificar, facturas por trabajos que no se habían contratado y concursos que incumplían la ley. Con todos esas señales, ¿por qué nadie actuó ni pidió explicaciones a Millet?

¿Se han tomado medidas? El Gobierno catalán impulsó una reforma del Código Civil para mejorar la transparencia de las fundaciones, a raíz de que la imagen de estas quedara en entredicho por el escándalo de la Fundación del Palau de la Música y los pagos a la antigua Trias Fargas, actualmente Catdem. Pero el tripartito no culminó esa labor. El Parlament de Cataluña avanza en una ley del protectorado de fundaciones —el organismo que controla estas entidades—, aunque lo hace muy lentamente. Entre otros motivos porque CiU y el PP tratan de evitar cualquier injerencia en las fundaciones. Sin embargo, el PP se alió con los partidos de izquierda para frenar una enmienda de la federación nacionalista con la que pretendía eliminar el artículo que garantiza el acceso público al registro. Los datos que tenía el archivo del protectorado fueron, precisamente, claves para conocer las donaciones que había recibido del Palau la Trias Fargas.