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La UE se niega a dar a Barcelona una moratoria para la contaminación

Bruselas cuestiona las políticas de la Generalitat para reducir los niveles de NO2 La legislación europea prevé multas para los países que la vulneren El rechazo de la Unión Europea afecta también a Palma de Mallorca

Vista del centro de Barcelona cubierta por una capa de polución, en agosto de 2011.
Vista del centro de Barcelona cubierta por una capa de polución, en agosto de 2011.JOAN SÁNCHEZ

La Comisión Europea ha rechazado la moratoria solicitada por España para que Barcelona, la zona del Vallès-Baix Llobregat y Palma de Mallorca puedan sortear durante cinco años más la obligación de cumplir los límites máximos de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2). La legislación europea permite una media anual máxima de 40 microgramos por metro cúbico de este gas tóxico que irrita las vías respiratorias y agrava problemas de salud como el asma y las alergias, y que procede principalmente del tráfico. Ese límite es de obligado cumplimiento desde 2010.

Estas tres zonas lo rebasaron —Barcelona rondó los 50 microgramos en algunas estaciones ese año—, por lo que solicitaron una moratoria hasta 2015. La Comisión Europea, en una decisión del pasado día 12 a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene que “sería necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas para alcanzar el cumplimiento en 2015” en Barcelona y el Vallès-Baix Llobregat. Bruselas, afirma la resolución, “no considera demostrado que se alcanzará el cumplimiento” cuando acabe la prórroga solicitada.

La Gran Via de Barcelona atestada de vehículos.
La Gran Via de Barcelona atestada de vehículos.JOAN SÁNCHEZ

La decisión de la UE supone un durísimo varapalo para la Generalitat de Cataluña y el Gobierno balear, que eran los que habían solicitado al Ejecutivo central que tramitara su petición ante Bruselas. Una de las medidas más polémicas adoptadas por Artur Mas (CiU) tras su llegada a la presidencia de la Generalitat fue la eliminación del límite de velocidad a 80 kilómetros en los accesos al área metropolitana de Barcelona, medida impulsada por el consejero de Interior, Felip Puig.

Barcelona admitió que no cumpliría en 2015 pese a las nuevas medidas

La directiva europea de calidad del aire prevé una moratoria si el país infractor prueba que, pese a haber puesto todos los medios, no ha logrado reducir sus niveles de dióxido de nitrógeno. El organismo es muy estricto: el país en cuestión —el Estado es el interlocutor de la UE— no solo debe justificar su esfuerzo, sino que también debe presentar un plan que especifique con el mayor detalle las medidas que aplicará para cumplir la ley cuando acabe la prórroga. Pasa a la página 3

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“Alegaremos que en Barcelona se han aplicado severos planes para mejorar el aire”, aseguró un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en enero de 2011, cuando la Generalitat anunció que se habían rebasado los límites de dióxido de nitrógeno y que iba a solicitar una moratoria para evitar la consiguiente sanción por incumplir la normativa. “No hemos logrado cumplir la norma, pero se ha recortado la contaminación alrededor del 20%”, explicó entonces Cristina Castells, directora de Servicios y Calidad Ambiental del Ayuntamiento barcelonés. En los últimos años la capital ha conseguido contener las partículas en suspensión, pero no el NO2.

La decisión de la Comisión Europea, firmada por su comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, valora que la información que proporciona la solicitud es muy completa. “El tráfico es la fuente que más contribuye a las altas concentraciones de NO2 en los niveles local y urbano de todas las áreas”, señala. En el caso concreto de Barcelona, indica que las “obras temporales” son también una fuente de contaminación que contribuye a elevar las concentraciones. El texto recoge también que, según los datos que le proporciona España, “se espera que la media anual de NO2 en 2015 se mantenga por encima de los 40 microgramos por metro cúbico permitidos” en Barcelona y el Vallès-Baix Llobregat “pese a la aplicación de las medidas existentes y de medidas adicionales”.

Madrid y Granada también han pedido prórrogas a la Comisión

El anterior equipo en el Ministerio de Medio Ambiente (con Gobierno socialista) tenía dudas sobre el éxito de las prórrogas solicitadas a Bruselas. Llegó a apuntar que si no veía avances en las medidas anticontaminación de los municipios y las comunidades, se negaría a tramitar las peticiones. Además de Cataluña y Baleares, también Granada y su área metropolitana y tres áreas de Madrid —la capital, el corredor del Henares y la zona urbana sur— han solicitado la moratoria a la Comisión a través del ministerio.

Europa ha denegado prácticamente todas las prórrogas que en su momento le pidió España para las partículas en suspensión (PM10). El cumplimiento de los límites de contaminación por estas partículas es obligatorio desde 2005. Como España los rebasaba, en 2008 y 2009 pidió prórrogas a Bruselas para 13 zonas de ocho comunidades con exceso de partículas, entre ellas, Barcelona y el Vallès-Baix Llobregat. Tampoco entonces pudieron probar sus esfuerzos para reducir la polución. De hecho, la Comisión les recordó en un informe de noviembre de 2009 que, pese a que empezó a superar los límites en 2001, en los cuatro años siguientes no se pusieron en práctica medidas para reducirlos y ni siquiera se aprobaron planes de calidad del aire. Barcelona aseguró que la baja velocidad del viento no permitía dispersar la contaminación, pero Bruselas no encontró “correlación” entre una cosa y otra.

La legislación europea prevé sanciones para los países que incumplen. España —y otros Estados miembros— fue denunciada por las PM10 y el caso está actualmente en el Tribunal de Justicia de la UE. “Las prórrogas no están pensadas para ser un coladero”, explica Juan Bárcena, de Ecologistas en Acción. “Los Estados deben alegar que hicieron todo lo posible por cumplir y presentar un plan realista. Si la Comisión las ha denegado, parece claro que no ha sido así”, añade. “Es una buena noticia. Esperemos que las Administraciones se vean obligadas a tomarse más en serio la lucha contra la contaminación”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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