El núcleo duro del buen cacique
Baltar forjó el poder político que legó a su hijo aferrándose a la fidelidad de un grupo de alcaldes y cargos del PP denunciados con él en Anticorrupción
La carrera que disparó el clientelismo político de Baltar denunciado en 2010 por el PSOE en la fiscalía ourensana —por enchufar en la Diputación a cientos de compromisarios del PP en las vísperas del congreso que entregó el partido a su hijo— y este mes por un particular en Anticorrupción —por supuesto enriquecimiento patrimonial a cambio de empleos en la institución provincial— comenzó a fraguarse a finales de los noventa. Entonces, el fundador del baltarismo, asentado ya firmemente en el poder provincial y autodenominado “cacique bueno”, decidió comenzar a labrar el futuro de su primogénito, José Manuel Baltar Blanco, que quería ser político.
En 1998 Baltar situó a su vástago al frente de la delegación provincial de Agricultura. Una forma de foguearlo para convertirlo en conselleiro. Pero cuando comprobó que se frustraba esa posibilidad —Xosé Cuiña, el gran amigo y valedor en la Xunta que habría de abrirle paso a su vástago estaba enzarzado en 2001 en una dura batalla interna, salpicado por el escándalo del Prestige— el exbarón comenzó a atar los cabos del poder provincial para garantizarle al menos esta herencia a su hijo.
José Luis Baltar se atrincheró entonces más que nunca en el núcleo duro de sus alcaldes —de San Cibrao, Muíños, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Celanova y Barbadás, fundamentalmente— y, para blindar su patrimonio político, los blindó a casi todos con un rosario de empleos que dejó en algunos casos a dinastías familiares enteras colocadas en la Diputación y, de paso, las urnas provinciales llenas de los votos de los que dependía el poder de la Xunta.
José Manuel Baltar Blanco se conformó con el poder provincial —aunque mientras no se realizaba el traspaso se mantuvo políticamente activo en el Parlamento autonómico— y lo fue vistiendo de un leve galleguismo para hacer de él trinchera o el bastión que le permitiese, llegado el caso, el asalto en nombre propio al poder de la Xunta.
La prueba de fuego de las lealtades llegó con el fiasco del equipo de fútbol
La prueba de fuego de las fidelidades con las que el exbarón forjó los poderes que habría de legar a su hijo, llegó con el fiasco del equipo de fútbol, la sociedad Club Deportivo Ourense, que Baltar le compró en 1998, en una nefasta operación comercial, al Grupo Zeta. Lo subvencionó desde la Diputación que presidía y pagó —también con el dinero de la misma institución— viajes de placer por ciudades españolas a peñas de forofos presididas por personas vinculadas al PP y del estrecho círculo de amigos de su hijo, según consta en la documentación en poder de la Fiscalía. Alguno de estos, el actual asesor del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar, está denunciado también en Anticorrupción para que investigue su supuesto enriquecimiento personal.
Cuando se evidenció el fiasco empresarial de la sociedad deportiva, el todopoderoso barón comenzó a poner a prueba las lealtades. Instó a sus fieles alcaldes y a empresarios a que le compraran las acciones de la esquilmada empresa deportiva. Y lo hicieron.
Los alcaldes afines tienen a sus parientes colocados en la Diputación
El informe técnico encargado por un juez sobre la situación financiera del Ourense sitúa el origen de la descapitalización en el mismo año de la compra del club, cuando presenta un balance con seis millones de euros en pérdidas, seis veces más que su capital social.
En ese complicado momento, el mayor adalid de Baltar fue el entonces delegado provincial de la Consellería de Medio Ambiente en Ourense, Agustín Prado Verdeal. Un maestro de profesión al que ahora Hacienda le reclama que justifique el origen de los 800.000 euros con los que compró el principal paquete accionarial particular del club. Prado Verdeal ya no tiene cargos políticos, pero sí varios familiares empleados en la Diputación.
Al lado de Prado Verdeal surge en esa época la figura del alcalde del pequeño municipio de A Peroxa, Manuel Seoane, diputado provincial en los gobiernos de Baltar durante años. Un hombre de la estrecha confianza del exbarón que, en esa misma época, compró un dúplex en la céntrica calle del Paseo de Ourense para alquilarlo por cerca de 3.000 euros mensuales a la delegación de Medio Ambiente que presidía su compañero de partido Prado Verdeal. Medio Ambiente contrataba a su vez a la empresa forestal de Seoane para obras de desbroce. El regidor de A Peroxa acabó al frente del CD Ourense —cargo que aún no ha abandonado— y con algún familiar empleado también en la Diputación.
En el mismo núcleo duro del baltarismo se encuentra el médico José Manuel Freire Couto, alcalde de Barbadás —municipio colindante a Ourense hacia el que crece la ciudad— y presidente del Inorde, el instituto ourensano de desarrollo económico dependiente de la Diputación. Freire ha estado, desde su arribada al PP procedente del CDS, inexorablemente al lado del exbarón. También está en el foco de Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción cuenta con un detallado dossier de las propiedades del regidor de Barbadás. Un patrimonio que, según los datos aportados en la denuncia, se acerca al millón de euros solo en fincas —algunas a nombre de su mujer— y que él precisa que son fruto de una herencia que recibió.
Freire Couto también tiene familiares colocados en la Diputación, como la mayor parte de los alcaldes que conformaron el núcleo duro del baltarismo y que llenaron de victorias las urnas del PP ourensano de las que se alimentaron los presidentes de la Xunta de ese partido mientras Baltar forjaba la suya: el patrimonio político —y según la denuncia, también personal— que ha dejado en herencia a su hijo.
