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Andalucía revisará su plan de ajuste para evitar dobles recortes

IU pide a Griñán que “dé un golpe en la mesa del Consejo de Gobierno”

Lourdes Lucio
José Antonio Griñán posando en la sala donde se celebra el consejo de Gobierno.
José Antonio Griñán posando en la sala donde se celebra el consejo de Gobierno.GARCÍA CORDERO

Andalucía va a revisar el plan de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública aprobado por el Gobierno autónomo mediante decreto ley que ahora se tramita en el Parlamento como proyecto de ley. El nuevo recorte del gasto público anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso el pasado miércoles va a obligar a la Junta de Andalucía a repasar su propio plan de ajuste para evitar que, sobre todo, los empleados públicos “se vean perjudicados doblemente”, afirmó ayer el presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán.

La Junta de Andalucía desconoce al detalle y con precisión en qué consiste las medidas anunciadas por Rajoy que hoy aprobará el Consejo de Ministros y hasta que estas no estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado no sabrá cómo le repercutirá.

Andalucía aprobó el pasado 15 de mayo su plan de ajuste que contempla una disminución de 2.700 millones en el gasto público. De esa cantidad, 747 millones salen de los salarios de las 266.000 personas que cobran una nómina de la Junta, a los que se les disminuye su sueldo en un 5% de media. Para lograrlo, se ha eliminado los complementos específicos de las pagas extras de verano y de diciembre, aunque percibirán el 1% para no perder el derecho adquirido. La propuesta de Rajoy es eliminar la de Navidad.

La extra de Navidad, que se pagará de manera diferida en 2015, supone un recorte del 7%, dos puntos más que el aprobado por la Junta de Andalucía. Rajoy también anunció una reducción de los seis días libres que disfrutan los funcionarios, aunque sin especificar su cuantía. Si esto es así, significa que el número de contratados temporales deberá disminuir.

José Antonio Griñán habló ayer de “revisar una por una” las medidas de Rajoy conjuntamente con los sindicatos para que los trabajadores “no se vean perjudicados doblemente”.

Izquierda Unida, socio de coalición con el PSOE en la Junta, fue un paso más y habló de “modificar” el plan de ajuste que tramita el Parlamento. Hasta no obtener más información, IU ha aparcado el paquete de enmiendas que tenía previsto presentar en la tramitación parlamentaria del plan de ajuste andaluz. El vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, aseguró que “habrá que ver” si se modifica el plan de recortes de la Junta “no vaya a ser que al final la función pública pague dos veces”.

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Más lanzado fue el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, quien pidió la paralización de la tramitación parlamentaria del decreto ley. La convalidación de esta norma en el Parlamento andaluz ya provocó fisuras en el grupo parlamentario de IU: dos diputados votaron en contra y otro optó por salir del salón de plenos durante la votación.

Castro vaticinó que las medidas de Rajoy afectarán de manera “dramática” a Andalucía, porque es “imposible seguir haciendo encajes de bolillos”. También subrayó la imposibilidad de “asumir dos recortes consecutivos con medidas que se pisan unas a otras”. Y en tono de advertencia sostuvo: “Izquierda Unida sólo asumiría un plan”. Castro pidió al presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, que se “ponga a la cabeza” y dé información “exhaustiva” de lo que implica en Andalucía las nuevas medidas del Ejecutivo central y le reclamó que “dé un golpe en la mesa del Consejo de Gobierno”.

El plan de ajuste andaluz lo justificó el Gobierno autónomo como una imposición de Madrid y de Bruselas para lograr un déficit del -1,5% en 2012, un margen que se estrechará aún más en 2013 y 2014. La prórroga lograda por España para contener su desviación no va a tener su equivalencia en las comunidades autónomas. El Estado se queda con todo el margen autorizado por la Unión Europea, como comunicó ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La autonomía de Andalucía para tumbar este plan es nulo. Solo le queda la movilización como proponen los sindicatos e IU y debatir en el Parlamento regional. Habrá un pleno extraordinario en julio.

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