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La oposición impide a CiU reducir la transparencia en las fundaciones

El PP y la izquierda quieren mantener el acceso público al registro de entidades

Miquel Noguer
Fèlix Millet, expoliador confeso del Palau de la Música.
Fèlix Millet, expoliador confeso del Palau de la Música.CARLES RIBAS

La intención de Convergència i Unió (CiU) de rebajar el nivel de transparencia de las fundaciones dejando en un limbo el registro de estas entidades se está viendo frustrada por la oposición. La ponencia parlamentaria que elabora la ley del protectorado de fundaciones, el organismo que debe controlar este tipo de entidades, ha frenado una enmienda de los nacionalistas que pretendía eliminar el artículo que garantiza el acceso público al registro. Los datos que guarda este archivo fueron claves para dar a conocer casos como la financiación de la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència, a través del Palau de la Música.

La Generalitat impulsó en 2008 una reforma del Código Civil catalán con la que se perseguía, entre muchas otras cosas, mejorar la transparencia de las fundaciones, cuyo prestigio había sido cuestionado por casos como el de Intervida y, posteriormente, por el del Palau de la Música. La reforma obligaba a elaborar una ley que regulara el protectorado de fundaciones, con sus funciones y competencias. El Gobierno tripatito no culminó el proceso y el Partit dels Socialistes (PSC) impulsa en esta legislatura en el Parlament una proposición de ley para acabar el trabajo. El texto base es muy similar al que redactó en su día el tripartito, y todos los grupos han presentado enmiendas que ahora se están discutiendo.

En las últimas semanas, la pinza entre CiU y el Partido Popular (PP) ha funcionado también en esta ponencia parlamentaria para limitar el control externo de las fundaciones en algunos casos, pero todo indica que CiU no se saldrá con la suya en lo referente al cierre del registro. El PP es partidario de que quede claro que el registro es público y de libre acceso, explican fuentes de la formación. De ahí que los partidos hayan encargado a los letrados del Parlament que elaboren una propuesta de consenso que especifique, si bien con menos vehemencia que en el texto original, que no se podrá impedir el acceso a este archivo.

CiU busca limitar las causas que pueden motivar la inspección de las fundaciones

El registro de fundaciones incluye las memorias que anualmente deben presentar estas entidades, así como sus cuentas y el detalle sobre su finalidad y sus equipos directivos. Convergència se mostró crítica la pasada legislatura con la gestión de este archivo, del que salió información como que la Fundación Trias Fargas, hoy rebautizada como Catdem, había recibido 630.000 euros del Palau de la Música en tiempos de Fèlix Millet.

La ley tardará meses en ver la luz, pues la ponencia avanza lentamente por el interés de CiU y el PP de evitar cualquier injerencia en las fundaciones. Ambos partidos se han valido de su mayoría para modificar el texto inicial y dejar claro ya en los primeros artículos que el protectorado de fundaciones “se ejerce respetando la autonomía de funcionamiento” de estas entidades, lo que el tripartito interpreta como un intento de restar poderes al órgano fiscalizador. Los dos partidos también han sumado sus votos para suprimir el artículo que dictaba que, entre las labores del protectorado, debía estar la de “promover la mediación para la gestión de conflictos en el seno de las fundaciones”. Al mismo tiempo, CiU busca limitar las causas que pueden motivar la inspección de las fundaciones. Si el texto original establecía que era motivo de inspección el hecho de que la fundación estuviera inactiva durante dos años, CiU apuesta por dejarlo más abierto y habla de “periodo de inactividad continuada”.

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El PSC, impulsor de la ley, teme que la pinza que forman CiU y el PP acabe por desnaturalizar el texto y asegura que, si esto ocurre, retirará la proposición de ley del Parlament.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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