El resultado de la demanda del fiscal beneficiará a todos los afectados
El ministerio público pide la nulidad de los contratos con cláusulas abusivas
Los 43.000 clientes que suscribieron participaciones preferentes de Caixanova y Caixa Galicia tienen desde el martes un motivo de esperanza para poder llegar a recuperar sus ahorros. La demanda que presentó ese día la fiscalía general de Galicia contra Novagalicia Banco asume que la mayor parte de los suscriptores de este producto financiero de alto riesgo fueron víctimas de cláusulas abusivas, por parte de las antiguas cajas gallegas. Por esta razón, se reclama que Novagalicia reintegre a los ahorradores el total de la inversión realizada e incluso apunta la posibilidad de que éstos sean indemnizados por los daños y perjuicios causados. El fiscal jefe, Carlos Varela, indicó que deberían declararse nulos los contratos en los que se hayan producido prácticas abusivas. La demanda pide que cesen este tipo de prácticas y que se evite repetirlas en el futuro.
Entre los argumentos de la demanda se incluye la descripción de una veintena de casos particulares, al ser considerados ejemplo del modo en el que fueron comercializadas las preferentes. Los ahorradores explican que siempre creyeron que estaban suscribiendo un depósito y que nunca les explicaron con claridad las condiciones de lo que estaban firmando en realidad. A la mayoría de ellos se les dijo que podrían recuperar el dinero con celeridad en cualquier momento y no se les realizó un test de idoneidad. A los que se les realizó la citada prueba se les colocaron igualmente las preferentes, aunque su perfil no se ajustaba al de inversor de alto riesgo al que iban destinadas.
En la demanda el fiscal solicita medidas cautelares para garantizar que se podrá realizar el pago a los afectados. Así, se pide que Novagalicia Banco deposite la cantidad de 1.108 millones de euros para cubrir el dinero desembolsado por los ahorradores, dado el incierto escenario financiero en el que se mueve Novagalicia Banco. Desde la entidad recordaron ayer que esta cifra resulta excesiva ya que la cantidad que se distribuyó entre los inversores minoristas, a través de las diversas emisiones realizadas, sólo alcanzó los 960 millones de euros.
Durante la explicación de los términos de la demanda, el fiscal explicó que la forma de comercialización de las preferentes llevó a que los clientes fuesen sorprendidos “en su buena fe” y se convirtiesen sin saberlo en inversores de riesgo. “No se entiende que hayan quedado en esa situación cuando solo pretendían realizar un depósito”, añadió Varela, quien recordó que las preferentes llegaron a ser vendidas a personas analfabetas y a menores de edad.
El fiscal considera que todas las emisiones de preferentes realizadas por las antiguas Caixanova y Caixa Galicia incluyen cláusulas abusivas, aunque la legislación se endureció a partir de diciembre de 2007, cuando entró en vigor una directiva europea que obligaba a las entidades a realizar tests de idoneidad a los posibles suscriptores de productos de riesgo como las preferentes. “También era obligatorio dar información suficiente a los clientes sobre este tipo de productos antes de la entrada en vigor de la normativa MiFID”, indicó Varela.
El fiscal explicó que una vez que se emita la sentencia sobre este asunto todos los afectados por las preferentes podrán reclamar la devolución del dinero invertido, aunque no estén presentes en la demanda colectiva que incluye 1.613 casos de particulares. De todas formas, cada caso deberá ser analizado particularmente ya que hay suscriptores de preferentes que sí sabían lo que estaban firmando cuando las compraron.
Varela señaló que durante la reunión que celebró con otros fiscales de otras comunidades autónomas hace unos días se acordó que la demanda realizada por la fiscalía gallega servirá de ejemplo para las acciones que puedan iniciarse en otros territorios. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció la semana pasada que incluirá casos gallegos en una demanda penal que se prepara sobre este asunto.
La demanda ha sido atribuida al juzgado número 11 de A Coruña. Un 59% de los casos que forman parte de la acción civil pertenecen a vecinos de la provincia de Pontevedra, un 25% de A Coruña, el 8% son de Lugo e idéntico porcentaje de Ourense. El Instituto Galego de Consumo fue la entidad que aportó un mayor número de reclamaciones (1.166), mientras que la asociación Adicae facilitó otras 435 y la fiscalía de Pontevedra remitió 12 casos.
“Un caso así puede llevar años”
Aunque la mayoría de las plataformas de afectados no conocen en detalle el contenido de la demanda, algunas sí que han podido acceder a la misma. José Manuel Estévez, uno de los portavoces de la plataforma de Vigo, considera que en general lo que reclama la fiscalía “está bien”, aunque echa en falta que no se haya incluido a los afectados por la compra de obligaciones subordinadas en la demanda. Estévez espera que los ahorradores puedan llegar a recuperar su dinero pero también reclama que se emprendan acciones penales para buscar y castigar a los responsables de lo ocurrido.
Por su parte, Agenor Gómez, abogado que gestiona varios casos de afectados, expresó sus dudas sobre el recorrido que pueda tener la demanda, dado que cuando se pide la nulidad de los contratos los jueces tienden a analizar cada uno de los casos incluidos en la demanda “y eso puede llevar años”. Gómez, que conoce de cerca el problema ya que hasta esta misma semana era vicepresidente de Adicae-Galicia, explica que cada afectado tendrá que recurrir de forma individual para recuperar su dinero ya que “cada caso es diferente”.
En lo que se refiere a las medidas cautelares solicitadas, el abogado indica que tampoco tienen muchas posibilidades de ser admitidas ya que Adicae presentó una petición similar hace dos años por el caso de los cláusulas swaps de las hipotecas y el juez rechazó las medidas cautelares que se habían solicitado.
Desde Novagalicia Banco no se valoran los términos de la demanda y se limitan a señalar que son los primeros interesados en que pueda solucionarse el problema. Fuentes de la entidad reconocieron que hubo preferentes que se comercializaron de forma incorrecta y otras se vendieron de forma adecuada. Además, indicaron que lavía del arbitraje, que también propone la Xunta, es la más adecuada para los ahorradores que se consideran perjudicados.
