“No puedo pagar el Metrobús”

“¿50 céntimos más en el precio del autobús? No puedo permitírmelo”, pensó Jorge antes de sacar de su cartera el dinero para comprarse el billete que lo llevaría hasta Tres Cantos, el municipio donde residen sus padres. Este auxiliar administrativo, de 34 años, solía utilizar el transporte público para visitar todos los domingos a su familia. Acostumbrado a pagar 2,10 euros por cada viaje, esta subida suponía un elevado coste. Con los 600 euros de sueldo, tiene que hacer frente a las facturas del alquiler, el agua, la luz, la comida, y el abono de la zona A (51,30 euros) para ir al trabajo. Tampoco tiene coche. No le quedó más remedio que hacer cálculos: cada viaje de ida y vuelta a Tres Cantos suponía un euro más. Cuatro cada mes; 48 euros al año. Entonces pensó: “¿Por qué no darle uso de una vez por todas a la bicicleta? Desde principios de mayo, cada semana recorre en bici aproximadamente los 30 kilómetros que separan el barrio de Carabanchel, donde reside, del municipio norteño. “No soy Alberto Contador y tardo casi dos horas pero me ahorro el billete”.

El de Jorge no es el único caso. Desde que el pasado mes de mayo entraran en vigor las nuevas tarifas para viajar por la red de transportes de Madrid, que han supuesto el mayor incremento registrado en la última década (una media del 11%), son muchos los madrileños que han cambiado su rutina por cuestión de céntimos. O euros. El mayor incremento se produce en el Metrobús de 10 viajes, que pasa de 9,30 a 12 euros (un 29% más). Los abonos mensuales, por su parte, suben una media del 8%. El precio del sencillo también subirá este mes para aquellos que recorran más de cinco paradas hasta alcanzar un máximo de dos euros. La subida de precios o tarifazo ha enfadado a organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), el grupo municipal de IU, asociaciones de consumidores o localidades de la periferia, entre otros. Estos colectivos denuncian también que cada vez son más los ciudadanos con dificultades para acceder al transporte público por falta de recursos.

Para Carolina García, una limpiadora en paro a punto de ser desahuciada, la adquisición del Metrobús significa poder darle de cenar a cuatro de sus cinco hijos en un comedor para niños que la ONG Mensajeros de la Paz tiene en el distrito Centro. “Apenas cobro 200 euros de prestación por desempleo. Los niños comen al mediodía en el colegio pero, ¿qué hago con ellos por la noche?”. Carolina y sus hijos viven en el barrio de Carabanchel, por lo que tienen que desplazarse hasta La Latina, en la línea 5, para ir al comedor social. Su hijo mayor, al tener 18 años, no puede acceder a los servicios del comedor.  Algunos días su hermana le presta el coche, pero otros los pequeños cenan lo que dé de sí una nevera semivacía. “Somos cinco y necesito un Metrobús cada tarde para darle de cenar mis hijos”, lamenta bajo la atenta mirada de los niños, con edades comprendidas entre los 11 y los siete meses.

Pero Carolina no es la única madre con problemas para moverse con sus hijos por la ciudad. Son muchos los padres que se quejan de no tener suficiente dinero para comprar todos los tiques de sus retoños y que optan por llevarlos al colegio en automóvil porque les sale más rentable, según José Luis Pazos, portavoz de la FAPA Giner de los Ríos.

“La situación se agrava cuando ni siquiera puedes pagar el billete para ir al trabajo”, asegura Andrés Ortega, un trabajador de la construcción que vive en Vallecas y trabaja en Urgel. La solidaridad de Lola, la madre de su jefe, le ha hecho la vida más fácil, ya que compra todos los meses dos abonos mensuales para mayores de edad (11,60 euros) y le vende uno a Ortega, de 35 años. “El pobre cobra 800 euros, está hipotecado y tiene a su cargo a su madre”, explica esta jubilada. ¿Qué pasa si lo los inspectores de Metro de Madrid lo pillan incumpliendo las normas? “Lo que tiene que hacer es tirar el tique”.

Lola y Andrés no son los únicos que infringen las normas. Juan H., de 27 años, perdió su empleo en la construcción hace tres meses y desde entonces se dedica a la reparación de ordenadores. Se pasa la mayor parte del día pegando carteles por la ciudad en los que publicita su trabajo. “La única manera de hacerlo es saltándome los torniquetes del metro y no me arrepiento de ello: tengo que sobrevivir”. La consejería de Transportes recuerda que viajar sin billete conlleva una sanción económica cuyo valor es 20 veces el del billete sencillo, es decir, 30 euros. La infracción cometida por Lola y Andrés, sin embargo, no está tipificada en el reglamento porque, según la consejería de Transportes, no pueden estar recogidos todos los usos fraudulentos del billete. Saltarse las normas en el uso del transporte es una infracción leve si la comparamos con los dos actos de sabotaje en el metro que llevó a cabo el grupo Stop al tarifazo entre los meses de abril y mayo.

“No compartimos estos actos pero entendemos que la gente esté desesperada”, explica Jorge Serrano, de la Asociación de Amigos del Metro. Y es que el transporte público madrileño no atraviesa su mejor momento. El Gobierno regional explicó que las dos principales razones de la subida se debían a la reducción de la subvención de Fomento al transporte público y el aumento de los suministros, principalmente del gasoil (16,8%) y de la luz (7,4%). A Ignacio Murgui, presidente de la FRAVM, no le valen estas “excusas”: “El tarifazo socava uno de los pilares básicos del transporte público como es el fomentar la movilidad de los ciudadanos”. La consejería de Transportes defiende, sin embargo, que los precios se han congelado los primeros meses de 2012 y que la mayor subida se le ha aplicado a los usuarios menos habituales.

“Pero, ¿qué vamos a hacer ahora los que vivimos en los municipios a las afueras de Madrid?”, se pregunta Katia Llorente, una estudiante de Guadarrama usuaria del abono normal de la zona C1 cuyo precio ha pasado de los 77,90 a los 84 euros. Julián Sánchez Urrea, de IU, sostiene que los más perjudicados por el tarifazo son los jóvenes. María José López Bandera, teniente de alcalde de Parla (120.200 habitantes), considera, en cambio, que en localidades limítrofes como la suya, todos los ciudadanos se han visto afectados. Pilar Vega, geógrafa urbanista y profesora de Geografía de la Universidad complutense de Madrid, sostiene que durante años se ha establecido un modelo barato de movilidad por la región que era insostenible. “Y la crisis nos ha hecho ver que las distancias al final se pagan, de un modo u otro”.