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Un careo sobre la riqueza de Roca cierra la fase testifical del juicio de Malaya

El macrojuicio acumula 179 sesiones antes de los informes definitivos

Fernando J. Pérez
La sala de vistas en una de las sesiones del juicio del caso Malaya.
La sala de vistas en una de las sesiones del juicio del caso Malaya.JULIÁN ROJAS

El extenuante juicio del caso Malaya encara ya su recta definitiva. La vista oral sobre la principal trama de corrupción municipal destapada en España, que se inició en septiembre de 2010, dio por concluido ayer el trámite de declaración de testigos y peritos. A partir del próximo martes, el fiscal, las acusaciones particulares y las defensas de los 95 procesados que acumula la causa expondrán sus conclusiones definitivas —en las que se limitarán a señalar si modifican en algún punto sus pretensiones iniciales— para posteriormente leer sus informes finales. Terminado este trámite —previsiblemente a finales de junio— el presidente del tribunal, José Godino, podrá declarar el juicio visto para sentencia.

La sesión número 179 del juicio, la última de las testificales, se cerró con un careo entre los peritos de la Agencia Tributaria que investigaron el caso y otro perito propuesto por la defensa del principal procesado, el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca. El careo trataba de arrojar luz sobre el patrimonio con el que contaba el supuesto cerebro de la trama corrupta en mayo de 1992, cuando entró a trabajar en el Ayuntamiento de Marbella de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil.

Como era previsible, ambas partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la fortuna con la que llegó Roca a Marbella, y que, según su defensa, sirvió de base para amasar su inmensa fortuna. Según el perito de la defensa, el patrimonio de Roca y su entramado de sociedades —puestas a nombre de supuestos testaferros— era de 15,8 millones de euros en 1992. Posteriormente, en 1996, alcanzó los 47,4 millones y se disparó a 117,9 millones de euros en 2002.

Sin embargo, para las acusaciones, el patrimonio del exasesor urbanístico, que tenía negocios inmobiliarios en Murcia antes de llegar a Marbella, era muy inferior, y no podía explicar el “exuberante nivel de vida” que llevaba Roca en los tiempos anteriores a su detención, producida en marzo de 2006. En mayo de 1992, los investigadores consideran que Roca no se hallaba tan boyante: su patrimonio entonces era de 43 millones de pesetas, cantidad a la que habría que restar una deuda de 39 millones de pesetas por la quiebra de la sociedad promotora Comarsa, de su propiedad.

La defensa de Roca insiste en que el exasesor era rico cuando llegó a Marbella

Durante esta semana han testificado varios policías que participaron en la investigación del caso Malaya. Los policías han insistido en que Roca cobraba sobornos de promotores con intereses en Marbella a cambio de otorgarles resoluciones administrativas favorables. “Esta operación no se hace si Roca no está en el Ayuntamiento”, afirmó un investigador, acerca de una de las recalificaciones de terrenos que se están tratando en el juicio.

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La vista oral ha ido creciendo en tensión con el paso de los días. El pasado martes, la abogada de Roca, Rocío Amigo, pidió amparo al tribunal y al Colegio de Abogados de Málaga por la “actitud amenazante” con la que, según ella, un inspector de la Agencia Tributaria que participó en la investigación se dirigió a ella en uno de los recesos de la vista.

Amigo pidió la recusación del funcionario, clave en las pesquisas, por “animadversión” e “interés manifiesto” en que la causa termine con una condena a los procesados. Varios abogados defensores se sumaron a esta petición, a la que los magistrados que dirigen el juicio se negaron.

El funcionario, a preguntas de otro letrado sobre si tiene interés en este procedimiento, manifestó que no. También afirmó que no mantiene “ni amistad, ni enemistad” con los procesados ni le une a ellos parentesco alguno. “En el primer momento que yo hubiera sido consciente del deber de abstención lo hubiera cumplido”, apuntó.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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