Otro embrollo más sobre los ERE
La Cámara de Cuentas abre una investigación interna para aclarar la difusión del avance de un informe sobre el caso que no ha sido aprobado
El caso de los ERE fraudulentos es un embrollo que no parece tener fin y que se multiplica en diferentes frentes. El último afecta a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que está elaborando un informe sobre la gestión del fondo para empresas en crisis. El órgano fiscalizador censuró la difusión de un avance de una auditoría monográfica sobre el caso que cuestiona las modificaciones presupuestarias del fondo en la etapa en la que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, era consejero de Economía, y Manuel Chaves, jefe del Gobierno autónomo. Es un enredo más en un caso que se ha convertido en el arma política por excelencia en la comunidad el último año.
La Cámara estudia si personal de la institución puede haber cometido delito con la difusión del avance, ya que el personal del órgano “está sometido a un especial deber de riguroso sigilo respecto de los hechos, datos o documentos que conoce por razón de su trabajo”. El órgano subrayó este lunes que el incumplimiento de la confidencialidad debida es una falta muy grave a efectos disciplinarios, pero que puede ser considerado delito y en tal caso la Cámara procederá contra los responsables de la filtración.
La difusión del avance, publicada este lunes por Abc, representa para el órgano una lectura parcial de los informes, ya que la auditoría no estaba aún finalizada: “La adecuada lectura de los informes requiere que se tenga en cuenta su contenido global. Cualquier abstracción hecha sobre un párrafo o epígrafe pudiera no tener sentido aisladamente considerada”, reza el comunicado emitido por la Cámara.
La trascendencia de la publicación del avance de auditoría es mayor porque al margen de cuestionar las modificaciones presupuestarias de la partida 31L, pone en entredicho la independencia del órgano, al pronunciarse con frases severas sobre la ilegalidad del fondo, un tema que tiene enfrentados de manera abierta a la juez Mercedes Alaya y a la Junta.
La auditoría fue encargada por el propio Gobierno andaluz y el avance que trascendió este lunes pone el acento sobre las modificaciones presupuestarias aprobadas por Griñán, un caballo de batalla que el PP ha priorizado en su agenda política.
La Cámara de Cuentas aclaró el lunes que la fiscalización del fondo se encuentra en fase de borrador “y ni siquiera ha sido analizado por el pleno de la institución”. El órgano alertó de que cualquier información sobre su contenido “no puede ser considerada como la opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía”. El comunicado del lunes enfatizó que el avance de la auditoría no corresponde a ningún documento oficial que haya sido debatido por los miembros del pleno, por lo que se enmarcaría dentro de las decisiones previas y debate necesario para alcanzar posiciones consensuadas sobre un tema tan sensible.
Para la Cámara, la aparición de información “sin contrastar y no oficial” es una forma de “intentar limitar y condicionar” la labor de los equipos de fiscalización y del pleno de la institución, poniendo en entredicho la independencia de la Cámara. Tras la filtración la Cámara sale dañada al ponerse en duda su independencia respecto al PSOE y el PP. Hoy el presidente de la Cámara explicará en rueda de prensa los detalles de la espinosa difusión del informe.
