El plan del Gobierno para el naval no incluye ayudas

Entre enormes presiones del sector, con los astilleros prácticamente ahogados por crisis internas y por la caída de pedidos, el Ministerio de Industria remitió ayer oficialmente a Bruselas una propuesta sobre el régimen fiscal de financiación de buques, el conocido como tax lease. El documento está formado por “medidas de carácter general”, no específicas para el sector naval, “y por tanto no constitutivas de ayudas de Estado”, según destacó el ministerio. Si todo va bien y Bruselas lo acepta, su entrada en vigor no será inmediata, porque España deberá esperar a que concluya el procedimiento administrativo y hacer reformas del Impuesto de Sociedades para que entre en funcionamiento.

“El Gobierno confía en una respuesta positiva de la Comisión Europea lo antes posible que permita al sector volver a su actividad”, asegura el departamento que dirige José Manuel Soria. El naval, que según cálculos del PSdeG emplea a 7.000 personas en Galicia, lleva desde junio de 2011 sin un esquema de bonificaciones con el que competir en precio con otros países. Ese esquema, cuestionado por Competencia a raíz de una denuncia de Holanda, permitía ahorros de hasta el 30% del valor total del buque, según un documento de la Comisión. A cuento de la crisis del tax lease el Parlamento gallego celebró ayer un acalorado debate.

El presidente aprovechó la sesión de control en la que el Bloque, a través de Ana Pontón, le apremiaba a tomar decisiones sobre el sector naval para presentar como un ultimátum sus conversaciones con el presidente de la SEPI que a la misma hora estaba de visita en Ferrol. “La solución: o pedidos para el naval antes del verano o dique flotante”. Para lo último se ha creado una comisión técnica que no se pronunciará hasta diciembre. Poco después, el conselleiro Javier Guerra y el diputado del PSdeG José Luis Méndez Romeu se enzarzaban en un agrio intercambio de acusaciones sobre la política de apoyo al sector. Guerra recordó que su departamento ha evitado la quiebra de dos astilleros (Factoría Naval y Vulcano) y que ha inyectado 80 millones en ayudas.

En Ferrol, mientras, el presidente de la Sepi, Ramón Aguirre, intentaba calmar los ánimos de los trabajadores que lo recibieron con una pitada. Se limitó a avanzar que “en breve” se concretará alguno de los contratos internacionales a los que aspira la empresa pública, que lleva meses negociando con Argelia, Brasil, Turquía y Arabia para renovar sus flotas militares. También aludió a que ha iniciado gestiones para levantar el veto que impide la construcción privada hasta el año 2015.