Veinte mil habitantes, el “mínimo” para que un municipio sea viable

La gravedad de la crisis económica ha puesto en entredicho la viabilidad de muchos municipios españoles. El dictamen de la comisión de estudio sobre competencias duplicadas en el que los cuatro partidos del Parlamento regional vienen trabajando desde el pasado julio no puede ser más tajante: “Para lograr una gestión más eficiente de los servicios públicos, con unos mínimos estándares de calidad, es necesario contar con una población mínima, que algunos estudios cifran en 20.000 habitantes”, recoge el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que saldrá adelante próximamente.

De los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, 156 tienen menos de 20.000 habitantes y 105 no llegan a los 5.000 (los datos varían ligeramente de acuerdo con los del padrón municipal de 2011). “Venimos de un modelo estructural del siglo XIX que no se ha adaptado a los tiempos. El diagnóstico no puede ser más claro: el sistema no funciona”, reflexiona Ramón Marcos, portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia.

Para “reconducir” la situación, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre “apoyará las iniciativas de fusión o agregación de municipios que, voluntariamente, se pongan en marcha con el objetivo de crear entidades locales más grandes y eficientes”. La Comunidad también pondrá sobre la mesa otras opciones, como la colaboración voluntaria entre municipios, mancomunidades y otras formas de cooperación como los consorcios. En teoría se salvaguardaría “la identidad cultural e histórica de los Ayuntamientos fusionados”, un guiño a los guardianes de las tradiciones y localismos más arraigados.

“La vía preferente para garantizar la cohesión social y territorial ha de ser la de la cooperación y coordinación entre las Administraciones públicas y no ir hacia la fusión de municipios”, rechaza Eulalia Vaquero, diputada de Izquierda Unida. La formación de Gregorio Gordo ya ha anunciado que emitirá un voto particular al dictamen elaborado por la Comisión de Duplicidades al no coincidir en todos los puntos y sospechar que lo que se pretende es “la desaparición de servicios públicos esenciales”. Jesús Dionisio, del PSM, también considera que la comisión “es una excusa del PP para desprestigiar la política y hacer recortes”, y demanda “una suficiencia financiera de los municipios. ¿Cómo? A través de un fondo que participe de los tributos de la Comunidad de Madrid”. “El dictamen es un mínimo común denominador en el que todos los grupos políticos podemos sentirnos cómodos”, discrepa el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna.

Las conclusiones del estudio también reflejan una “primera aproximación” a las delimitaciones de competencias. Por ejemplo, serían responsabilidad exclusiva de los municipios la atención social primaria, bibliotecas, centros culturales, centros y albergues juveniles, instalaciones deportivas, escuelas infantiles, casas de niños y escuelas de música.

A su vez, las competencias exclusivas del Gobierno regional serían las siguientes: atención social especializada (residencias y centros de día), prevención, promoción de la salud y asistencia sanitaria (centros municipales de salud), transporte de enfermos, drogodependencias, teléfonos de emergencias (112 y 092), centros oficiales de educación de adultos y políticas activas de empleo y vivienda. De acuerdo con el marco competencial que se pretende, los demás servicios “serían desarrollados por la Administración más cercana al ciudadano, siempre que se encuentre en las mejores condiciones para su eficiente prestación”.

¿Cómo impulsar tantos cambios adelante? Mediante un proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2003, que trata de la Administración local, “que permita clarificar y delimitar” las competencias de la Real Casa de Correos y los municipios de la región “para poner fin a las duplicidades administrativas”. Además, “se instará” a La Moncloa a la reforma de la normativa estatal de la Ley de Bases de Régimen Local.

Otra novedad es que en el texto elaborado, en el que las aportaciones del PP aparecen en azul, las del PSM en rojo, las de IU en verde y las de UPyD en magenta, hay cierta autocrítica: “El debate sobre las duplicidades tendría que haberse producido tiempo atrás (...) Esta situación no puede perpetuarse en el tiempo”. “Muchos han vivido en la irresponsabilidad, han hecho del gasto público el paradigma del buen Gobierno. El buen gobernante es el que hace lo posible con los recursos que tiene, no con los que no tiene”, observan en el Partido Popular. “En UPyD creemos que el PP se ha quedado corto. Aunque se han mostrado dialogantes y se lo agradecemos, nos quedamos a medias. Se delimitan muchas competencias, se pone orden, pero se podía haber ido mucho más lejos”, piensa Marcos.

La iniciativa entronca con el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha remitido a Bruselas, y que incluye la previsión de ahorrar unos 10.500 millones de euros mediante la reducción de buena parte de los 8.116 Ayuntamientos que existen en España. Más del 70% —es decir, 5.700— no llegan a los 2.000 habitantes. En aras de la eficiencia y sostenibilidad de las entidades locales, varios países europeos redujeron su número, como Gran Bretaña, que pasó de 1.500 a 400. O Alemania, que redujo sus municipios de 25.000 a 8.400. Una cifra que da para pensar, ya que España cuenta prácticamente con los mismos municipios que la locomotora de Europa, pero con la mitad de población.