Reabierta la causa contra el exalcalde de Torrevieja por no celebrar plenos
El ahora diputado del PP Pedro Ángel Hernández Mateo se negó a convocar diez sesiones
La Audiencia de Alicante ha ordenado la reapertura de la causa a Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y ahora diputado autonómico del PP, por negarse a convocar diez plenos ordinarios durante los años 2005, 2006 y 2007. La decisión del exregidor propició una denuncia del Grupo Municipal de Los Verdes por un supuesto delito de prevaricación y contra los derechos fundamentales en un Estado constitucional y democrático, que archivó el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja.
El alto tribunal, en un auto firmado el pasado 26 de abril, ha estimado parcialmente el recurso de apelación de Los Verdes y ha ordenado el juez instructor que retome la investigación por una supuesta vulneración “al ejercicio del fundamental derecho a la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos”.
La sala, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, aprecia “indicios de criminalidad” en la no convocatoria de los 10 plenos, porque es donde “los representantes de los ciudadanos no solo reciben detallada información de la actuación llevada a cabo por los miembros de la Corporación municipal, sino que además formalizan su control sobre los actos de los mismos formulando las preguntas que estimen precisas y, a su vez, propones cuantas otras medidas consideran oportunas”.
En una nota oficial, Los Verdes aseguran: “La resolución judicial vuelve a legitimar nuestro trabajo político frente al abuso y la arbitrariedad que ha venido y viene caracterizando la gestión de los gobiernos municipales del PP”. Los Verdes recuerdan que merced a su denuncia Hernández Mateo volvió a convocar los plenos.
Cuatro sumarios
Esta es la cuarta causa judicial en el que está inmerso el exalcalde de Torrevieja, que tras 24 años al frente de la alcaldía ha optado por cambiar el cargo por el diputado autonómico. Las otras tres son las siguientes: un supuesto delito de tráfico de influencias por la compraventa de una finca con la que ganó una plusvalía de 5,2 millones de euros; un supuesto delito de malversación y falsedad por la adjudicación de la contrata de la basura del municipio; y un supuesto delito electoral por autorizar un mitin la pasada campaña de las elecciones municipales en un recinto vetado por la Junta Electoral.
